La importancia de tener carné socialista: la nueva directora del Centro de Estudios Jurídicos no es abogada, es socióloga

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Redacción.-  27/05/2008

Sorpresa en el mundo del Derecho. El Gobierno ha decidido que la encargada de dirigir el Centro de Estudios Jurídicos, dependiente de la Secretaría de Estado de Justicia, sea Patricia Barbadillo Griñán, una doctora en Sociología que, eso sí, tiene el carné socialista. La experiencia jurídica de Barbadillo se limita a un posgrado en Derecho Constitucional, que le ha permitido trabajar como profesora asociada en una cátedra a tal efecto en la Universidad Complutense de Madrid, pero especializada en áreas vinculadas a la sociología.

Entre los profesionales de las leyes ha extrañado sobremanera el nombramiento de una persona que carece de la carrera de Derecho, ya que, entre otras cosas, el Centro que dirige es la antigua ‘Escuela Judicial’, es decir, participa en el proceso de selección y formación de fiscales, secretarios judiciales, médicos forenses y abogados del Estado que ejercerán en los tan denostados juzgados de nuestro país.

Antes de su designación al frente del citado Centro, Patricia Barbadillo era subdirectora del Departamento de Ciencia Política y Sociología y directora del Euromaster Política y Sociedad y Master en Relaciones Trasatlántica Europa-América, según el currículum vitae facilitado por el Ministerio de Justicia de Mariano Fernández Bermejo. El actual secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, ha elevado a la alturas a una especialista en teoría sociológica, que ha impartido cursos de sociología jurídica, de las organizaciones, filosofía política y teoría sociológica.

Una trayectoria que al ciudadano medio le cuesta encajar con la gris y burocratizada Justicia y sus procedimientos de selección de profesionales. Eso sí, la metodología estadística que maneje seguro que será útil para otra de sus funciones, la de desarrollar los estudios que en el Ministerio de Justicia sean menester. Tal y como está el patio, Barbadillo y su equipo tendrán que contabilizar muchos legajos acumulados en los Juzgados de los que sacar la media aritmética y la desviación típica para saber, sin necesidad de un trabajo de campo, hasta qué punto la Justicia tiene un “mal endémico” o, como todo el mundo sabe, un atasco descomunal.

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