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Un alcalde que se pelea con su mentor, ex alcalde y diputado regional, por un quítame allá tres millones de euros; un obispo advertido por el nuncio de que ha desobedecido cuatro veces al Santo Padre que vive en Roma; un presidente regional y de partido cuya modesta cooperativa de viviendas, en la calle principal, es multada por el alcalde capitalino y secretario general del mismo partido por edificar más metros de los permitidos en su vivienda; un dirigente opositor que se aferra al cargo y pretende ser reelegido a pesar de haber perdido cuatro elecciones seguidas sin mejorar el resultado de hace trece años; una treintena larga de alcaldes de pueblo, concejales, de uno y otro signo, y empresarios de postín relacionados con delitos urbanísticos, cohechos, prevaricaciones; la UE que quiere saber por qué un Ejecutivo regional canalizó subvenciones europeas a dos grandes empresas locales de gran éxito comercial. ¿Sainete? ¿Ópera bufa? ¿Esperpento? Nada de eso. Hoy es sábado y esto es Murcia.

Las identidades y los nombres no son ficticios, sino reales. Por eso exactamente son cada vez más los murcianos que sienten estupor cuando la realidad cambia las percepciones iniciales. Eso ha pasado, sin ir más lejos, con el alcalde de Totana, principal encausado en la Operación Tótem. Pasó tres meses en la cárcel, imputado por delitos urbanísticos y administrativos, mientras sus convecinos organizaban manifestaciones de apoyo clamando por su inocencia. Pero una filtración del sumario al diario La Verdad revela que este alcalde, José Martínez Andreo, pretendía arrebatarle a su antecesor en el cargo y ahora diputado regional, Juan Morales, los tres millones de euros que unos empresarios gallegos, también imputados, estaban dispuestos a pagar a cambio de la aprobación de unos convenios urbanísticos. Y así empezó el quilombo.

Simultáneamente, el nuncio de Su Santidad, monseñor Manuel Monteiro de Castro, ha hecho saber al obispo de la Diócesis, monseñor Reig Pla, que ha desobedecido ya en cuatro ocasiones al Santo Padre, Benedicto XVI, que, al parecer, le da la razón al propietario de la Universidad Católica de San Antonio (UCAM), el influyente seglar José Luis Mendoza, frente al prelado que recurrió los estatutos de la institución docente que atribuyen la propiedad de la misma a la Fundación San Antonio, propiedad del laico que parece tener tanto predicamento en Roma y que se autotituló hace ya años Canciller de la UCAM.

Mientras, los padres de los cinco mil alumnos de la UCAM se preguntan qué consecuencias tendrá para los estudios y titulaciones de sus hijos la pelea que dura ya meses entre el obispado y el dueño de la Fundación por las instalaciones y las decenas de miles de metros cuadrados dispuestos para ampliar los campus católicos. El consejero de Educación del PP, y ex diputado andaluz de IU, Juan Ramón Medina Precioso, para otro lado mientras el monseñor de Murcia y el canciller de la UCAM se tiran los trastos a la cabeza en el Vaticano... y en la Región: el obispo publica comunicados en la prensa sin hacer declaraciones y Mendoza filtra interesadamente a la prensa.

Toda esta vorágine que asombra a la Región de Murcia, tiene como colofón el hecho de que Ramón Luis Valcárcel, el presidente de la Comunidad Autónoma que más sufre la crisis del ladrillo, tuvo una especie de bula urbanística plasmada en un plan especial para un solo edificio, el de la modesta cooperativa de la que es parte en pleno centro de la capital murciana. Gracias a ella, un exceso de edificabilidad en su ático se saldó con una multa urbanística del tres al cuarto, sin que a nadie se le ocurriera reclamar el derribo de lo excedente.

Se lo pueden permitir, indudablemente, mientras tengan a la oposición socialista dividida en banderías, personalismos, poltronas sempiternas y sin mejorar resultados electorales desde hace diez años, con el baranda de turno, Pedro Saura, autoatornillado al sillón. Lo que no es de extrañar, habida cuenta de que la treintena de cargos públicos de todo tipo y pelaje, electos o designados, relacionados muy a su pesar con fiscales y jueces se reparte proporcionalmente a los resultados electorales: 75%, PP; 25%, PSOE. El último caso sabido es el del ex alcalde socialista de Ceutí, Manuel Hurtado, pero como es senador desde marzo pasado, tras treinta años de regidor, el caso tendrá que verse en Madrid.

Para colmo de males, la Región de Murcia resulta ser la más azotada por la crisis económica traducida en hundimiento del sector inmobiliario –quien siembra campos de golf, recoge parados–, y se acaba de conocer que la Unión Europea está pidiendo explicaciones de por qué razón empresas punteras a nivel nacional y nada sospechosas de tener algún tipo de dificultades como la charcutera El Pozo y la bodeguera y conservera García Carrión fueron beneficiarias de subvenciones oficiales para mejorar sus instalaciones. Lo dicho, hoy es sábado y esto es Murcia.

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