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 López Garrid saluda a Andrea Ronchi, ayer en Madrid. (Efe)

Las diferencias entre España e Italia sobre la forma de abordar la inmigración ilegal se mantienen, pese a la reunión ayer en Madrid entre Diego López Garrido, secretario de Estado para la UE, y su homólogo italiano, el ministro de Política Comunitaria, Andrea Ronchi. Al finalizar el encuentro, López Garrido señaló que considerar delincuente a un inmigrante irregular no es “proporcionado” y “no es la mejor vía” para resolver los problemas derivados de la inmigración. Además, expresó su temor a que las medidas adoptadas por Italia provoquen “flujos migratorios” hacia España y otros países vecinos europeos. No obstante, tras observar la repercusión en los medios de comunicación de estas declaraciones, la secretaría de Estado trató de matizar las palabras de López Garrido para evitar que se reabra la crisis diplomática con el Ejecutivo de Berlusconi.

Las relaciones con Italia se vieron comprometidas la semana pasada por los comentarios de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien indicó que España rechazaba “la violencia, el racismo y la xenofobia”, en relación con lo que estaba sucediendo en Italia. Más tarde, el Gobierno puntualizó que se refería a los “incidentes de intolerancia” registrados, “nunca a las medidas del Gobierno italiano”.

Ronchi decidió viajar a España para hacer comprensible el endurecimiento de las leyes de extranjería, que consideran un delito la inmigración irregular, castigan severamente el alquiler de una vivienda a un indocumentado, prevén la expulsión de los extranjeros condenados a una pena superior a dos años y establecen como agravante que ul delito lo haya cometido un irregular. Garrido agradeció el gesto subrayando la cordialidad del encuentro, la disposición al diálogo de ambos países para desarrollar una política común, e incluso le mostró el borrador de la propuesta que España enviará a Bruselas para que los 27 regulen el fenómeno migratorio.

Sin embargo, España mantiene su “preocupación” por las medidas del Gobierno de Berlusconi, y desea que acabe adaptando su legislación a los acuerdos que se alcancen en un futuro en la UE. “Italia debe entrar en esa política europea y hacer ajustes”, apuntaron fuentes gubernamentales, aunque no ven factible que las leyes italianas sean reversibles. La preocupación de España se refiere también a las recientes operaciones policiales en Italia, que han desencadenado expulsiones masivas de inmigrantes. López Garrido afirmó que España también es “implacable” en la lucha contra la inmigración clandestina, pero destacó que sin contar con los países de origen “no se puede expulsar a nadie”. A partir de ahora, la estrategia española será evitar más confrontaciones con Italia, y trabajar para que se alcance un marco legal para todo el ámbito europeo.

Acuerdo en la Unión Europea

Precisamente, el encuentro entre Ronchi y López Garrido coincidió con el anuncio de un acuerdo entre los países de la UE para armonizar las normas sobre el retorno de inmigrantes irregulares, que establece un periodo de retención máximo de seis meses, ampliables a 18, para los indocumentados en centros de internamiento. En la actualidad, España contempla un límite de 40 días de retención, pero el Ejecutivo español ya expresó su intención de elevarlo. La norma europea también recoge que los expulsados no podrán regresar a la UE en los siguientes 5 años, y no garantiza la asistencia jurídica gratuita para los inmigrantes, que dependerá de la legislación de cada país.

La severidad de las nuevas leyes de inmigración ha provocado las críticas de juristas españoles y ONG. El presidente de la subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, Pascual Aguelo, en declaraciones a Europa Press, recordó que la Convención Europea de Derechos Humanos establece “límites que ningún Estado puede traspasar”, mientras que el director del Encuentro de Abogacía sobre Derecho de Extranjería y Asilo, Javier Monzón, calificó de “auténtico disparate” la nueva legislación italiana. Por su parte, desde SOS Racismo, Javier Ramírez, tildó de “peligroso” el referente italiano, y se opuso al acuerdo de retorno europeo por suponer un retroceso en el respeto de los derechos humanos, puesto que priva de libertad a personas que no han cometido ningún delito.

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