El repentino fallecimiento del magistrado del Tribunal Constitucional Roberto García-Calvo ha provocado toneladas de indisimulado alivio en la grey de la progresía judicial patria, siempre tan dispuesta ella a mantener la Justicia bien embridada por el poder político, siempre y cuando ese poder esté en manos del partido socialista, claro está. Esa progresía, en particular la mediática, no se ha cortado un pelo a la hora de despedir a García-Calvo con calificativos como “magistrado ultraconservador”, “juez de intrigas”, “duro entre los duros”, “responsable del desprestigio del TC”, y otras lindezas. Ya saben, la habitual galantería que suele usar la progre gente cuando de vituperar a quien no coincide con su forma de pensar se trata. Ni la parca le ha librado a Roberto García-Calvo del escarnio.

Pero, al margen de los habituales epítetos de estos expendedores de carnés de demócratas al por mayor, en Roberto García-Calvo había un representante de esa tenaz generación de españoles que, crecidos y formados en la dictadura, supieron adaptarse al cambio y dar lo mejor de sí mismos en defensa de los ideales de la democracia, lo que obviamente nada tiene que ver con la renuncia al propio ideario, la almoneda de valores y principios mamados en la niñez, para dar satisfacción a la alegre pandilla de la boba progresía. García-Calvo fue, en efecto, ejemplo de esos últimos funcionarios franquistas –su oposición a la carrera judicial es de 1968-, que creyeron en la cultura del esfuerzo y el mérito –el cursus honorum a que aspiran los números uno-, como elemento de progreso y reconocimiento social, y a quien pilló de repente la democracia, a la que sirvió con eficacia en sus orígenes, primero a las órdenes de Fraga y luego de Martín Villa.

Casi un fijo al número 1 en cuantas oposiciones concurrió, a García-Calvo le bastó un minuto para darse cuenta de que, durante la década de los 80, los únicos que respetaban las reglas del juego partidista respecto de los jueces afectos eran los socialistas, por lo que reclamó con energía al Partido Popular su cuota parte, transformada en su promoción, gracias a Fraga, al Consejo General del Poder Judicial –órgano decisorio de los nombramientos de la Sala Segunda del TS-, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo –órgano enjuiciador de la responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno-, y al TC –órgano decisorio de los supremos conflictos políticos entre partidos-.

Su repentina muerte se convierte hoy en metáfora del incierto destino de algunos de los grandes asuntos patrios, sometidos al juego del más puro azar, como la propia idea de España heredada de nuestros mayores, el más llamativo de los cuales es ahora mismo el recurso del PP contra el Estatuto Catalán, un conflicto abocado a ser resuelto inicialmente en un partido de 5 contra 6, y llamado ahora a ser jugado por 5 contra 5 con el árbitro –doña María Emilia Casas, cuyos buenos servicios en este asunto premiará el Gobierno enviándola al Consejo de Estado- inclinando la balanza a favor del equipo colorao, por mor de su voto de calidad. Claro que la ilustre dama, respetando las reglas del fair play y ante la sobrevenida lesión de un contrario, podría enviar la pelota fuera de banda en lugar de rematar la jugada a puerta vacía, es decir, podría abstenerse y no hacer uso de su voto de calidad. ¿Cómo lo ven?

Lo más importante, en realidad lo verdaderamente importante, es que la muerte de García-Calvo viene a reafirmar la urgente necesidad de que PSOE y PP, como únicos partidos estatales, aborden la inaplazable reforma de los instrumentos arbitradores en Derecho de los conflictos entre particulares –la Justicia civil-; entre particulares y el Poder –la Justicia penal y contencioso administrativa-, y entre partidos y territorios –el Tribunal Constitucional-, sobre la base de su radical y absoluta despolitización. Algo de lo que jamás habla la progresía judicial de marras: de despolitizar la Justicia, volviendo al recto sendero marcado en tal sentido por la Constitución del 78, clamorosamente violado por el primer Gobierno de Felipe González por razón de una clase política que, dispuesta a toda clase de corrupciones, no podía quedar al albur de una Justicia libre e independiente. ¡Al trullo con Montesquieu!

El resultado, aquí y ahora, es que una decisión en Derecho presuntamente racional y básicamente anunciada, en función del juego de las mayorías, como es la relativa al Estatuto catalán, y por consecuencia a otros Estatutos como el vasco o el gallego que vendrán después, queda al albur de un acontecimiento inesperado como este fallecimiento. Queda a expensas del azar, siendo así que ninguna decisión en Justicia debería depender de la respuesta en torno al qui iudicabit. Si la Sentencia depende de quien la dicte, la seguridad jurídica, principio capital del Estado de Derecho, ha muerto. Una utopía, sí, pero por la que merece la pena luchar. Nos lo recuerda el maestro Ihering en su clásico La Lucha por el Derecho: “Todo derecho en el mundo debió ser adquirido por la lucha (...) por lo que todo derecho, tanto el de un pueblo, como el de un individuo, supone que están el individuo y el pueblo dispuestos a defenderlos”. Descanse en paz Roberto García-Calvo.

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