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El magistrado conservador del Tribunal Constitucional Roberto García-Calvo falleció ayer en Madrid a los 65 años. García-Calvo, promovido por el Partido Popular para el alto tribunal, fue elegido en octubre de 2001. Su última aparición pública fue el pasado día 22, cuando asistió a la toma de posesión de dos nuevos magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

La muerte repentina de García-Calvo coincide con el posicionamiento que el Tribunal Constitucional debe tomar en asuntos como el Estatut de Cataluña y la Ley del matrimonio homosexual, ambas recurridas por el PP.

El pasado 12 de marzo el Pleno del Tribunal Constitucional apartó a Roberto García-Calvo y a Jorge Rodríguez-Zapata, también perteneciente al bloque conservador del alto tribunal, de la discusión del recurso presentado por el PP contra la reforma de la Ley Orgánica que regula esta institución, al aceptar las recusaciones planteadas contra ambos por el Gobierno.

Esta reforma fue finalmente avalada el pasado 9 de abril por un Pleno del Tribunal Constitucional integrado por el quórum mínimo que exige la Ley, de ocho miembros, al no poder estar presentes ni los dos recusados ni tampoco la presidenta y el vicepresidente de este órgano, Maria Emilia Casas y Guillermo Jiménez, respectivamente, quienes se abstuvieron por considerar que la reforma les afectaba personalmente, al establecer la renovación automática en sus cargos mientras sigan siendo magistrados.

Por lo que se refiere a la recusación de García-Calvo, sus compañeros entendieron que tanto él como Rodríguez-Zapata se encontraban "contaminados" para entender del asunto por el contenido de un escrito dirigido el pasado mes de junio a Casas en el que mostraban su "más profunda discrepancia" con el contenido de la LOTC.

La desaparición de García-Calvo viene a profundizar aún más en el ya frágil y quebradizo equilibrio de fuerzas de un Tribunal Constitucional dividido entre seis magistrados de tendencia progresista y el denominado bloque conservador.

Ambos sectores suelen votar en bloques claramente diferenciados salvo en raras excepciones, como la ocurrida el pasado miércoles, cuando los seis progresistas y el conservador Jiménez avalaron los artículos de la Ley contra la Violencia de Género que permite imponer mayores penas a los hombres que agreden que a las mujeres que cometen el mismo delito. Precisamente, García-Calvo tenía pendiente de presentar en los próximos días su voto particular contra la aprobación de dicha ley.

Según establece la propia LOTC, la plaza de García-Calvo quedará vacante hasta que se nombre un nuevo magistrado, lo que corresponde al Congreso de los Diputados. A ello se suma que hay otros cuatro miembros del alto tribunal que ya concluyeron su mandato el pasado 19 de diciembre -Casas, Jiménez, Rodríguez-Zapata y Vicente Conde-, cuyo nombramiento requiere de acuerdo entre los grupos parlamentarios.

El magistrado García-Calvo fue acusado por un joven en diciembre de 2007 por amenazarle, supuestamente, con una pistola durante una discusión de tráfico. El Supremo archivó la causa el pasado mes de abril, ya que no se ratificó la denuncia.

El archivo, "por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno", se produjo después de que el joven se retractara durante su declaración ante el Alto Tribunal. Contrariamente a lo dicho en su denuncia inicial ante un juez de Móstoles (Madrid), el joven aseguró que el incidente fue una "mera discusión por cuestiones de la trayectoria de los vehículos" que tanto él como García Calvo conducían el día de los hechos.

Roberto García-Calvo y Montiel nació en 1942 y era natural de La Bañeza (León). Licenciado en Derecho y fiscal, el 23 de julio de 1968 ingresó en la carrera fiscal. En 1971, cuando era teniente fiscal de la Audiencia Provincial de Almería, fue designado presidente del Tribunal Provincial de Amparo de dicha ciudad.

En 1989 fue elegido vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cargo que ocupó hasta 1990. Roberto García-Calvo, que concurría como único candidato a la vacante del CGPJ, fue elegido por el Senado a propuesta de Alianza Popular (AP) y obtuvo 154 votos a favor de los 152 necesarios para ser ratificado por la Cámara. En dos ocasiones anteriores, en marzo y en abril de 1988, el Congreso había votado en contra de su candidatura, al no contar ésta con el apoyo del Grupo Socialista.

Hasta octubre de 1995 ejerció como fiscal del Tribunal Supremo, fecha en la que fue elegido magistrado de la Sala Segunda de dicho tribunal, en sustitución de Marino Barbero.

García-Calvo fue miembro de la Asociación de Fiscales (AF) y el 30 de octubre de 2001 fue elegido magistrado del Tribunal Constitucional por el Congreso de los Diputados a propuesta del PP.

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