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Provocar la muerte de un lince en Castilla-La Mancha estará sancionado con 90.000 euros

19/05/2008

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Provocar la muerte de un lince en Castilla-La Mancha estará sancionado con 90.000 euros
 

El decreto de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha que establece la valoración de daños y perjuicios en los casos de muertes de especies de fauna silvestre amenazada contempla sanciones de 90.000 euros para quien provoque la muerte de un lince ibérico en la región.

Según se recoge en el Diario Oficial de la Región, la muerte de cualquier especie protegida estará sancionada en función de su estado de conservación, de tal forma que la muerte de un lobo ibérico se castigará con 18.000 euros.

En cuanto a las aves en peligro de extinción se fija en 60.000 euros el valor del águila imperial ibérica, la cigüeña negra y el águila perdicera, mientras que el valor del avetoro, la garcilla cangrejera, la cerceta pardilla, la malvasía cabeciblanca, el porrón pardo o la focha cornuda se establece en 12.000 euros.

Esta orden recoge también el valor de otras especies de mamíferos de fauna silvestre catalogados como amenazados y así en el caso del desmán de los Pirineos se cifra la sanción en 6.000 euros y para la nutria en 3.000 euros.

El valor de los ejemplares considerados de interés especial, como el turón, la garduña, la comadreja, el gato montés, la gineta y el meloncillo se establece en mil euros.

Aves, anfibios y peces

Respecto a las aves vulnerables se fija en 18.000 euros el valor para el buitre negro, el águila real, el águila pescadora, el alimoche, el milano real, el halcón peregrino o el azor y en 12.000 euros para el águila calzada, el águila culebrera y el cernícalo primilla.

Otras especies de aves también catalogadas como vulnerables o de interés especial también aparecen en esta relación, así como peces, anfibios y reptiles que también se encuentran protegidos en la región.

Con esta medida la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural actualiza el valor de los ejemplares de las especies amenazadas o de aprovechamiento condicionado o prohibido que hasta ahora existía. El Gobierno regional justifica esta decisión en los esfuerzos que realiza en la conservación de dichas especies, así como la creciente aceptación por la sociedad de las mismas como un recurso natural valioso que es necesario proteger.

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