El Fiscal imputa a 5 mandos militares por presuntas irregularidades en el contrato del Yak-42
Efe.- 19/05/2008 18:59h
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Representantes de las familias de más de 40 de los 62 militares fallecidos.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido la imputación de cinco altos mandos militares por un delito de homicidio por imprudencia grave, en relación con las supuestas irregularidades en la contratación del avión Yak-42, que se estrelló en Turquía en 2003 con 62 militares a bordo, que fallecieron.
El fiscal de la causa, Fernando Burgos, ha solicitado al juez que investiga los hechos, Fernando Grande-Marlaska, que acuse a los que fueran jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, y al jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de división Juan Luis Ibarreta Manella.
Los otros tres cuya acusación solicita son el ex jefe de la división de operaciones del Estado Mayor Conjunto (EMACON), contraalmirante José Antonio Martínez Sain-Rozas; el ex coronel jefe de la sección logística de la división de operaciones del EMACON, Joaquín Yáñez González, y el ex comandante de esa misma sección, Alfonso Elías Lorenzo Taboada.
La Fiscalía ha presentado este lunes un nuevo escrito de acusación en estas diligencias después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenara al juez reabrir el procedimiento que él archivó el 1 de junio de 2007.
Conocían las "deficiencias" y el "alto riesgo"
Según el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, los datos acreditados en la investigación confirman que las "deficientes" condiciones de seguridad del vuelo y el "alto riesgo" que la realización de ese transporte suponía para las tropas españolas eran "conocidos" por los responsables militares del Ministerio de Defensa. "De modo y manera que si hubieran cumplido adecuadamente sus deberes legales y contractuales para garantizar la seguridad de las tropas bajo su mando, el vuelo en cuestión nunca se hubiera llevado a cabo y, en consecuencia, el siniestro no se hubiera producido", subraya.
El fiscal destaca que existen quejas anteriores "muy significativas" de otros contingentes militares con vuelos gestionados por compañías aéreas similares a la del accidente del Yak-42, que denunciaban graves problemas de seguridad y que fueron cursadas a través de los conductos reglamentarios a los responsables de Defensa.
En uno de los informes que recogían las quejas, según detalla el escrito, se incide en la "absoluta inidoneidad" de estos aviones y advierte sobre los "altos riesgos que se corrían" al transportar personal en ellos.
Apunta también a la "incontrolada" cadena de subcontratas para fletar el transporte como una de las causas de imputación de los cinco mandos, pues, según explica, de los 149.000 euros destinados inicialmente para contratar el vuelo, la compañía que lo llevó a cabo percibió 38.422 euros. "Ese abaratamiento del coste final en el medio de transporte fue posible naturalmente a costa de reducir de forma irresponsable las condiciones de calidad, seguridad, y fiabilidad del avión", agrega el fiscal, que señala que el hecho de que no se utilizara casi el 75% de la cantidad prevista deberá ser investigado.
Burgos recuerda que el organismo de Defensa que contrató NAMSA (la agencia de mantenimiento de la OTAN para estos fines) era el EMACON -que dependía directamente del JEMAD- e indica que creó un Grupo de Control del Contrato, "para el control, vigilancia y supervisión" de los medios aéreos de transporte que se empleaban en el traslado de las tropas a las zonas de conflicto.
Señala además que hasta que se produjo el accidente del Yak-42 y a pesar de las quejas transmitidas, no se inspeccionó "jamás" ninguno de los vuelos, ni se comprobaron las condiciones del avión.
El contraalmirante Martínez Sainz-Rozas era el jefe del Grupo de Control de Contrato y Yáñez González y Lorenzo Taboada formaban parte de él, precisa el escrito. Para el fiscal, los cinco mandos militares incumplieron los "deberes mínimamente exigibles" de vigilancia, control e inspección de los vuelos en los que eran transportadas las tropas españolas.
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Opiniones de los lectores (4)
4. 
matrix19/05/2008, 18:00 h.
Añadase a lo anterior, que casi ninguna compañía charter de pasajeros, permitía que sus aviones volasen a zonas conflictivas,tanto por razones de seguros como por la posibilidad de robo o detención del aparato durante días sin que al arrendatario le costase aval ninguno.
Siendo justos,las posibilidades de un encontrar un avión mejor eran pocas. Y por eso se creó esa agencia de la OTAN.Si los fiscales creen que había muchos aparatos y compañías alternativas y que en la elección de ésta hubo negligencia en los encargados de contratar, deberían asegurarse muy bien de que lo que dicen era viable en esa época.Como fiscal no se como actuar pero como contratante habitual de aviones de carga, de verdad que no había tanto donde escoger. Pregunten a cualqueir especialista de carga aérea o de charter de Barajas,qué haria si tuviese que contratar ese servicio para un pais en guerra. Utilizaría la misma lógica de los que están siendo procesados.
Lo que pasa es que la OTAN,con tanto procedimiento, se olvidó o pasó de chequear las cosas tan elementales como la organización del vuelo y el estado del aparato, pero hecho por verdaderos especialistas,no por tipos de dudosa cualificion y probidad.
Marcar como ofensivo3. matrix 19/05/2008, 17:36 h.
Recuerdo que en los 90 esos aviones y los IL-76, eran ofrecidos solo para carga por la compañía ucraniana Donets, si no recuerdo mal, que los comercializaba mediante un broker en Londres que sigue operando. La que volvió a pedir esa reclasificación de pasajeros o para transporte de tropas en esos aviones fue la agencia de la OTAN, a través de ese broker que sihue operando.
Una cosa curiosa. Un round trip con distancias equivalentes costaba unos 35.000$ y sorprendentemente por lo que leí después, habían pasado a mas de 100.000, muchas comisiones son esas porque los precios del petróleo no se movieron tanto.
Da toda la impresión de que quien actuó con negligencia (por ser finos) fue la agencia de la OTAN, que recomendaba esos aviones a los gobiernos a precios casi de charter ordinario, quedándose con la diferencia entre el estricto coste de mercado y el precio pagado.
Tanto por el estado de los aviones como por la para mi evidente mala organización de las tripulaciones entonces, no debieran haberse reclasificado.
Si hubo negligencia y responsabilidades, estarian más cerca de los indolentes 'gestores' de la OTAN, que de quien tenía el deber de buscar el mejor precio.
2. tonino196219/05/2008, 16:43 h.
No cabe ninguna duda que la Justicia está politizada, ahora resul.ta que ningún político tiene responsabilidades, ni Trillo con el Yak ni Bono con el Cougar de Afganistá. ¿por qué no da ninguna explicaci´çon de lo que sucedió all´ñi?. claro como era un gobierno de ZP, no interesa a nadie. Fue un accidente y punto en boca
1. Martes Carnaval19/05/2008, 15:38 h.
Hay muchos intereses que han confluido para que hasta ahora no se haya aclarado este vidrioso episodio.
La cuestión fundamental es determinar si la contratación del avión cumplió con todos los requisitos exigidos, pero también es importante saber si hubo o no falsedad documental a la hora de determinar la identidad de los restos mortales en el caso de la mayoría de los fallecidos.
No sería aventurado pensar que si esta circunstancia se confirma existieron responsabilidades políticas.
La prisa es mala consejera; y si es por intereses inconfesables, cómplice de delito.
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