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 Viveros (d) y Murillo en el Ayuntamiento. (Efe)

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) consideró probado en junio de 2002 que el comportamiento de Ginés Jiménez Buendía como jefe de la Policía Local de Coslada era “negligente, “desobediente” y “arbitrario”. Así se desprende de la sentencia por la que se confirmaron cinco faltas graves cometidas por Jiménez entre los años 1999 y 2000. Pese a todo, Jiménez no perdió la confianza del Ayuntamiento de Coslada y continuó en su cargo hasta el pasado 8 de mayo, cuando fue detenido en el marco de la Operación Bloque junto con otros 23 agentes de policía. Hasta ahora ningún responsable político de la alcaldía ha presentado su dimisión, aunque la sentencia de 2002, las denuncias de policías como Gervasio Villaverde, y los escritos de la Asociación Republicana de Coslada revelaban claramente la clase de oficial que era Jiménez.

El actual alcalde, Ángel Viveros (PSOE), su antecesor Raúl López (PP), y los concejales de Seguridad José Huélamo (también ex alcalde) y Antonio Murillo (Plataforma de Izquierda de Coslada), a cuyas órdenes trabajó Jiménez, han rechazado cualquier responsabilidad política en el escándalo de corrupción policial. Jiménez está acusado de los delitos de extorsión, amenazas, prevaricación, cohecho y tenencia y depósito de armas; mientras que a su subordinado, Carlos M. G., se le imputan los de asociación ilícita, incitación a la prostitución, abusos sexuales, delitos contra la integridad moral, lesiones, sustracción y apropiación indebida de dinero y droga, prevaricación, estafa y manipulación de pruebas. Murillo reconoció a la agencia Efe que existían escritos de quejas por parte de ciertos agentes del cuerpo, pero explicó que no abrió expedientes "porque no había pruebas ni testigos".

Juan Granados, alcalde de Coslada entre 1999 y 2003 por el PSOE, impuso a Jiménez seis sanciones disciplinarias por falta grave el 23 de febrero de 2001. El jefe policial recurrió a los tribunales, pero en 2002 el TSJM ratificó cinco de las seis sanciones. Así, estimó probado que Jiménez instaló en su coche un equipo de música procedente de un vehículo implicado en un accidente de circulación. El responsable de la policía alegó que el objeto no había sido robado, pero el tribunal estimó que se trataba de una conducta que atentaba contra el decoro y la dignidad de los funcionarios, así como contra la imagen del Cuerpo.

Jiménez también fue considerado responsable de una negligencia grave después de que varios vehículos de policía utilizaran la misma tarjeta para repostar, en lugar de emplear cada uno la propia asignada, por lo que se le impuso un mes de suspensión de funciones. Otra de las faltas graves se refiere al retraso en la entrega de atestados y la falsificación de firmas en estos documentos, por lo que se le suspendió por quince días. En cuanto a la organización de la plantilla, la sentencia del TSJM recoge que “se deduce una descoordinación en la asignación de funciones a los agentes, que puede obedecer a arbitrariedades o preferencias y que no se justifican en absoluto”, y ratifica otra sanción de dos meses de suspensión. Jiménez repartía el trabajo de forma que algunos agentes acumularon hasta 48 servicios en atestados o en vigilancia del Ayuntamiento, mientras otros policías se libraban de estas tareas.

Cuatro meses de sanción por ir de paisano

Además, Jiménez desobedeció la norma de vestir de uniforme de forma reiterada, ya que “consta suficientemente acreditado que el recurrente vestía mayoritariamente o normalmente de paisano”. Esta rebeldía le supuso otros cuatro meses de suspensión de funciones. El jefe policial trató de defenderse aludiendo una supuesta “persecución política”, que fue desestimada por el Tribunal. Sin embargo, Jiménez si logró uno de sus objetivos: el TSJM confirmó que la figura del director de Servicios del la Policía Local, cargo creado a las órdenes de la concejalía de Seguridad para controlar a Jiménez, no era competente para trasladarle órdenes al jefe de Policía Local. Una decisión que le facilitó, una vez recuperado su cargo, seguir controlando a su antojo y ante la pasividad de los políticos municipales, a todo el cuerpo de Policía.

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