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Fue peor el remedio que la enfermedad. Ha redoblado el interés de los medios de comunicación por su persona y además tendrá que pagar las costas. Unos 40.000 euros, que es mucho dinero para una joven dedicada a la noble causa de la cooperación y el voluntariado. Así ha terminado la aventura judicial de Telma Ortiz, hermana de la princesa de Asturias.

Era un ataque preventivo contra el derecho a la información y la libertad de expresión, que son pilares de la democracia. Y eso no podía prosperar de ninguna manera, como ya había anticipado Arantxa Palacios en Vanitatis. Se parecía demasiado a la abominable figura de la censura previa, que es anticonstitucional. Y así lo ha visto la jueza, dando la razón al fiscal y a los letrados de los medios. Hubiera sido desproporcionado limitar o suspender, mediante las medidas cautelares solicitadas, el ejercicio de la libertad de expresión por si alguien violaba el derecho a la propia imagen de la hermana de la princesa, que es un personaje público, según dice la jueza en su auto de ocho folios conocido ayer.

Se buscaba una especie de inmunidad "a priori". O sea, por si acaso. Por si uno o varios del más de medio centenar de medios demandados vulneraban su imagen, su intimidad o su honor. Y, claro, la jueza de instrucción de Toledo, Lourdes Pérez Padilla, no se ha prestado al juego. No tomará las medidas cautelares solicitadas en el requerimiento de Telma y su marido, Enrique Martín Llop, que consistían en prohibir a los medios "captar, publicar, distribuir, difundir, emitir o reproducir por medio alguno" imágenes privadas de ella o de su familia. Lo cual no quita para que si realmente se vulnera el derecho al honor, la intimidad o la propia imagen, según la legislación vigente (ley de 1982, que desarrolla esos límites a la libertad de expresión), deba denunciarlo Telma y condenarlo los tribunales. Pero entonces ya estaríamos ante hechos y no ante intenciones.

Telma y Enrique han conseguido justo lo contrario de lo que buscaban. Con su pretensión pública de blindar su vida privada han redoblado el interés por la hermana de la Princesa. Se califica como "efecto llamada" y es el principal fruto de su iniciativa, propia o inducida. La jauría de paparazzis está ahora más motivada que nunca porque, gracias a tan innecesario episodio, se habrá disparado la cotización de esas imágenes, dicho sea con toda la intención mercantil que hace el caso.

Aquí nadie se chupa el dedo. Todos somos conscientes de que existe ese mercado de intimidades que afecta a personajes públicos de mejor o peor condición. Y ahí la libertad de expresión, o los derechos a informar (del periodista) y ser informado (del ciudadano) se utilizan como cobertura de una actividad mercantil pura y dura. Es decir, no se busca una foto privada de Telma Ortiz por prestar un servicio a la ciudadanía, sobre todo entre los llamados "paparazzis", no sometidos a la disciplina de un medio convencional, sino para venderla a buen precio al mejor postor.

Todo eso es verdad. Pero un juez no puede procesar las intenciones de nadie. Tampoco las de naturaleza mercantil. Y las otras, las que podrían desembocar en la comisión de un delito -esa era la base del requerimiento de Telma Ortiz-, mucho menos aún. El problema es que, de momento, no hay una doctrina cerrada sobre la prevalencia de uno de los dos fueros en conflicto: libertad de expresión frente al derecho a la propia imagen. Depende de los casos.

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