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 Un buque atraca en Barcelona cargado de agua potable. (Reuters)

Las anheladas lluvias en Cataluña han traído consigo una nueva borrasca política en torno al decreto ley que regula la “conducción temporal” de agua a Barcelona. El Gobierno de Aragón solicitará al Ejecutivo central y a la Generalitat de Cataluña que anulen el proyecto para abastecer con agua del Ebro a Barcelona, puesto que considera que ya no existe la emergencia que propició su aprobación. Marcelino Iglesias, presidente aragonés, afirmó ayer que “si no hay emergencia, no hay proyecto”, e insistió en que “si el problema no existe, el decreto no tiene vigor”. Por ello, confirmó que comunicaría a las autoridades catalanas que no cree que haya “soporte legal para la obra”.

La ofensiva del Gobierno aragonés contra el llamado mini trasvase coincide con el aumento del caudal de los pantanos de las cuencas catalanas, que se sitúan en el 29,4%, casi diez puntos por encima que hace un mes, cuando los embalses estaban poco más del 20% de su capacidad, a un paso de entrar en fase de emergencia. Esta mejora hace, de acuerdo con la actual normativa, que se levanten restricciones al consumo de agua potable como el llenado de piscinas o el riego de jardines. Así, la contradicción entre la imagen de una piscina repleta de agua potable y la llegada a Barcelona de barcos cargados del preciado líquido ha hecho reaccionar a la Generalitat. El presidente catalán, José Montilla, anunció ayer que se está estudiando la posibilidad de mantener estas prohibiciones. “La intención es no levantar determinadas medidas que dentro de tres semanas se puedan volver a poner en marcha. Se trata de aplicar el sentido común”, sostuvo Montilla.

Pero el cambio de la normativa que propugna Montilla llega tarde para calmar los ánimos del alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros (PSOE), que vetó el envío de más agua procedente de los acuíferos tarraconenses con el argumento de que no debe servir para llenar piscinas ni para otros usos lúdicos. De este modo, a la espera de que se completen las obras del trasvase, el agua seguirá llegando a Barcelona en buques, pero procedente exclusivamente de Francia y de los excedentes de regadío ya acordados para su traslado a la capital condal.

"Hemos salido de la UVI"

El conjunto de los partidos políticos catalanes se han mostrado favorables al mantenimiento de las restricciones en Barcelona pese a las lluvias. “Hemos salido de la UVI, pero hemo pasado a planta y hemos de hacer dieta”, expresó el diputado de CiU Ramón Espadaler, mientras que Daniel Sirera, presidente del PP catalán, señaló que “no podemos gastar dinero en traer agua en barcos y luego permitir que se use esta agua para llenar piscinas”.

Por su parte, los socios de gobierno de Montilla, ERC e ICV también se declararon a favor de no levantar las prohibiciones. Anna Simó, portavoz de ERC en el Parlamento catalán, apeló a la necesidad de seguir haciendo “pedagogía por lo que pueda estar pensando la ciudadanía”, y aprovechó para remarcar la importancia de que las infraestructuras que se están construyendo para el trasvase sean reversibles. Fuentes de ICV explicaron que el argumento de Marcelino Iglesias es “peligroso”, ya que es difícil precisar cuándo deja de hacer falta agua. Por ello, desde ICV defienden la vigencia del trasvase y subrayan que “cualquier precaución es poca”.

De este modo, será el Gobierno central quien tenga que tomar partido, o por las tesis del Ejecutivo aragonés, o por las de la Generalitat y los partidos catalanes. Todo dependerá de cómo se interprete el decreto ley, que califica de “excepcional y urgente” la conducción de agua del Ebro a Barcelona.

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