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El presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, viene repitiendo de forma machacona desde hace algún tiempo que si el resto de España no atiende sus reivindicaciones en materia de financiación autonómica, se corre el peligro de que surja lo que él llama ‘desafección’ de los ciudadanos catalanes hacia la política española. No se trata de un diagnóstico nuevo sobre los sentimientos del pueblo catalán y su estrategia para salir de tamaña desatención. Su antecesor Jordi Pujol lanzó la misma idea hace ya años, por lo que se entiende que estamos ante un asunto de fondo.

La Real Academia define el término desafección como ‘mala voluntad’, pero en el lenguaje político -que es muy libre de inventar o reinterpretar el significado de las palabras- su utilización tiene que ver con el desapego hacia algo o hacia alguien. Es decir, hay que relacionar la desafección con el alejamiento respecto de España, lo que en román paladino significa que Montilla está advirtiendo que el independentismo puede florecer como las setas en un otoño lluvioso en caso de que el Gobierno central no sea sensible con las demandas de la clase política catalana.

Hasta ahora se sabía que esa apelación a los sentimientos nacionales era un privilegio de los partidos nacionalistas, pero se ve que los tiempos han cambiado y ahora, desde el socialismo catalán, se sugiere un terrible dilema: o federalismo o ruptura de España. Se trata de una versión light (propia de la célebre gauche divine de la Barcelona de los 60 y primeros 70) de aquel '¡Patria o Muerte!' que floreció en la segunda mitad del siglo pasado de la mano de los movimientos nacionales de liberación en pleno periodo de descolonizaciones.

Vaya por delante que creo que uno de los debates más absurdos que se han planteado en España en los últimos años está relacionado con la publicación de las balanzas fiscales. En un Estado de corte federal como es el español -aunque nominalmente no lo sea- parece obvio que los territorios tienen derecho a conocer los flujos financieros entre la administración central y las comunidades autónomas. De lo contrario, se estaría ante una especie de Despotismo Ilustrado en lo económico. Todo con el pueblo pero sin el pueblo. La administración central gasta a su antojo sin que los ciudadanos sepan realmente con qué criterios lo hace y, sobre todo, a quien perjudica o beneficia. Y por eso parece coherente que las comunidades autónomas que más aportan al Fisco reclamen la necesidad de echar número por si la solidaridad se está confundiendo con la caridad que no resuelve los problemas, sino que los embalsama, como el cuerpo de los antiguos faraones.

Metodología de las balanzas fiscales

Bien distinto es el problema de la metodología que deba utilizarse para conocer el saldo entre lo que una comunidad aporta y lo que recibe en forma de transferencias. Se trata de un asunto sin duda peliagudo, aunque es cierto que desde hace algún tiempo existe un cierto consenso entre los especialistas en utilizar dos enfoques, el llamado enfoque monetario y el denominado flujo del beneficio. Es decir, que lo mismo que se acepta una metodología para conocer el alza de los precios o la evolución de la Contabilidad Nacional, no hay razones para repudiar esa información simplemente por una cuestión meramente formal. Existen, por lo tanto, instrumentos que permiten conocer las relaciones económicas entre territorios. Por lo tanto, lo que hay que hacer es tener voluntad política de ponerlos en marcha.

El conocimiento de las balanzas fiscales aparece, por lo tanto, como una condición indispensable para rematar el Estado autonómico que define la Constitución. Y en eso tiene razón Montilla. Distinto es el hecho de que esa información pueda ser utilizada de forma torticera como parte del proceso de construcción nacional, como parece querer el señor presidente de la Generalitat. Aquí radica el problema. El Estatut reclama esas balanzas no solamente para disponer de más recursos (lo cual puede ser legítimo), sino como un peldaño más en la creación del Estado nacional, lo cual es una auténtica aberración; coherente, por otro lado, con la política ligüística o la política cultural, simples instrumentos que apuntalan la identidad nacional.

En Alemania, por ejemplo, periódicamente se conocen los flujos financieros de los territorios, pero a ningún länder se le ocurriría plantear esa información (y sus consecuencias) en términos soberanistas. Ese el problema y el gran error de Montilla, no haber sido capaz de alejarse del nacionalismo catalán, lo cual quita credibilidad a su propuesta de crear un nuevo sistema de financiación menos ‘lacerante’, como él mismo dice.

Se trata de un error estratégico que lo único que traerá consigo -si nada lo remedia- es una desafección real del resto de España hacia todo lo que suene a catalán, como desgraciadamente ha ocurrido con el País Vasco. Y no al revés, como ha sufrido en sus propias carnes la Caixa, que al final ha tenido que financiar la camiseta de la selección española de fútbol para no tener que perder clientes en el resto del Estado.

Lo peor, con todo, es que si estas tensiones territoriales continúan, acabarán llevándose por delante (no ahora sino dentro de algún tiempo) el sistema autonómico, al que cada vez se ve más como fuente de casi todos los problemas de España. Cada vez hay más gente (incluso la que es poca sospechosa de alimentar posiciones centralistas) que considera que se ha ido demasiado lejos en el Estado de las autonomías, y que lo que toca ahora es devolver algunas competencias en asuntos como la sanidad, la educación o el urbanismo. Ese movimiento no ha hecho más que empezar. Y si finalmente triunfa será consecuencia de planteamientos como el del señor Montilla, obsesionado por quitarle el espacio político al nacionalismo catalán.

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