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Resulta que, de repente, de un día para otro, como al descuido, se nos ha paralizado la Justicia. Los señores que la gobiernan en animado Consejo encargaron un informe a raíz de los trágicos errores cometidos en el caso de la niña Mari Luz Cortés y descubrieron con asombro que había 270.000 sentencias no ejecutadas y que disponían de menos informática que los habitantes de Altamira. Esto debió de ser un martes porque el lunes iba todo como la seda ya que, en caso contrario, el susodicho Consejo hubiera actuado con la celeridad que le caracteriza.

El informe en cuestión ha dado las recetas oportunas para solventar el súbito caos, que consisten, básicamente, en unos ordenadores del Media Markt conectados en red y formar a los interinos de los juzgados, que son un poco zotes, y luego hacerles fijos, porque los que ya están en plantilla son profesionales como la copa de un pino. Con esas dos recomendaciones el enojoso asunto puede darse por resuelto.

Los inspectores del Consejo sólo observaron “cierta descoordinación” en el personal titular e insuficiencias estructurales en la gestión de los juzgados, lo que traducido al castellano quiere decir que el esquema de un magistrado y un secretario se queda corto. Por supuesto, y salvo las excepciones que salen en la Prensa, sus señorías son aplicadísimos y probos funcionarios, esforzados destajistas del Derecho, que despachan los asuntos sin desmayo 24 horas al día a mayor gloria de esa mujer de los ojos vendados y su balanza. Por eso, en todos los Juzgados de España hay siempre una luz por la noche, como en la habitación de Franco en el Pardo.

Por resumir, no es que muchos jueces curren menos que el ángel de la guarda y que no conozcan lo que es el horario vespertino, sino que los becarios tienen poca experiencia. No es que, en clara dejación de funciones, no se apunte en una agenda las fechas límites para evitar que los asesinos queden en la calle; lo que falta es un sistema, que habrá que encargar a Microsoft, para que el ordenador genere automáticamente una alerta del tipo “o prorrogas la prisión de fulanito o la cagas”, y que lo haga por la mañana, que siempre hay más gente pendiente de la pantalla.

A raíz del concienzudo trabajo dado a conocer por el Consejo General del Poder Judicial, las miradas se han vuelto hacia el ministro de Justicia, que tendrá sus cosas el hombre, que ha podido estar distraído con la reforma del piso ministerial que hemos pagado entre todos, pero que, con seguridad, se ha visto sorprendido por el colapso provocado en cuestión de horas. No hay caos sino retrasos injustificados ha venido a decir Bermejo, devolviendo la pedrada al Tercer Poder.

Vaya por delante que cualquier reforma que se plantee en el futuro ha de partir de la base de que los magistrados forman, esencialmente, un colectivo de seres puros junto a otros también puros aunque olvidadizos. Por eso, no les han de ser aplicables las reglas del común. Esto es, si un médico mata por error a un paciente, según en qué casos, puede acabar en la cárcel; si un juez deja suelto a un criminal y éste mata a una niña, se le aparta de carrera temporalmente para que reflexione y así aumenten las sentencias no ejecutadas de su negociado.

Por otra parte, culpar a los jueces de la situación de la Justicia es un disparate. ¿Acaso no se recuerdan sus movilizaciones constantes para reclamar más medios y hacer la vida más sencilla a los ciudadanos? ¿Alguna vez han pedido algo para sí mismo, ya sea más sueldo o más plus de productividad?

Por poner un pero al laborioso ejercicio contable ejecutado –éste sí- por los servicios del Consejo cabría reseñar un tema menor como es de la igualdad ante la ley, ya que es evidente que la lentitud la sufrimos todos. ¿No ha tenido que esperar una ristra de años el mismísimo Emilio Botín a que se proclamara su inocencia en ese asunto tan desagradable como las cesiones de crédito en la que se usaban muertos como titulares de depósitos? ¿Cuántos más tendrá que esperar ahora que se investiga un presunto ‘donativo’ a la familia Rato en forma de agua mineral para que su nombre vuelva a quedar impoluto y bajo en sodio?

Es cierto que con el principio de igualdad ante la ley siempre se exagera. En algunas ocasiones, además, ello redundaría en el atasco judicial. Supongamos por un momento que la Fiscalía Anticorrupción, que ha de estar ocupadísima, hubiera decidido intervenir en el fichaje de David Taguas, ex responsable de la Oficina Económica de Zapatero, por SEOPAN. Alguna mente retorcida puede establecer que el ofrecimiento del cargo no se debe a futuras intervenciones del amigo de Miguel Sebastián ante la Administración a favor del gremio de constructores, sino a favores ya realizados desde su puesto en Moncloa. ¿Sería justificable ante los contribuyentes que el señor fiscal perdiera tiempo y dinero por una mera suposición sin fundamento?

Sea como fuere no hay por qué alarmarse. Casos como el Mari Luz o el de la devolución de la patria potestad al padre que abusó sexualmente de sus hijas son anecdóticos. Estadísticamente, es muy difícil que nos toque, aunque sea de refilón, vivir situaciones semejantes. ¿Para qué preocuparse?

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