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 Un activista trabaja en las marismas de Huelva (Greenpeace).

Los onubenses soportan desde hace años altos niveles de contaminación procedente de la actividad industrial afincada en la ciudad de Huelva. En Bruselas reconocen que se trata del mayor caso de contaminación industrial de Europa. En España nada se sabe o, mejor dicho, no se quiere saber. Recientemente, una investigación abierta por la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva sobre este tema, además de las ya existentes por Greenpeace en la Comisión Europea y por Adena, en las que exigen un expediente de responsabilidad medioambiental, han puesto de actualidad el que se ha venido en denominar como ‘vertedero radioactivo’ de Huelva.

Los más de cuarenta años de convivencia entre población e industria, Química y Básica principalmente, han ido gestando una bomba que no ha tardado en estallar, provocando una auténtica catástrofe ambiental y sanitaria. La salud de los vecinos así como el paraje natural de las marismas del río Tinto y Odiel son los principales afectados. Mientras que la marisma de Odiel, reserva de la biosfera, aún muestra cierta fortaleza ante los ataques tóxicos, la marisma del Tinto está siendo literalmente masacrada por los continuos vertidos industriales.

Una de los residuos más peligrosos son los fosfoyesos -sustancias radiactivas de vida media muy larga y toxicidad muy fuerte- vertidos indiscriminadamente por Fertiberia, una polémica empresa de fertilizantes químicos que, a pesar de ser investigada y cargar con expedientes sancionadores, continúa utilizando las marismas para deshacerse de sus residuos. Según denuncia Julio Barea, responsable de la Campaña de Contaminación de Greenpeace, “el currículum de Fertiberia está plagado de irregularidades”. Este periódico se ha dirigido en repetidas ocasiones a Fertiberia para recabar su opinión, obteniendo la callada por respuesta.

En este sentido, el pasado año la organización ecologista solicitó al laboratorio francés CRIIRAD (Centro de Investigación y de Información Independientes sobre Radiactividad) un estudio para valorar la gravedad de las balsas de fosfoyesos. El informe confirmó su naturaleza radiactiva y la posibilidad de contener sustancias contaminantes en “concentraciones anormalmente elevadas”. Para Barea constituye “un escándalo de magnitudes enormes”, que ya fue calificado en 2007 como el mayor caso de contaminación industrial de toda Europa por los parlamentarios europeos que visitaron la zona.

Tanto Greenpeace España como WWW/Adena y la plataforma onubense Mesa de la Ría señalan directamente a Fertiberia como responsable de la contaminación radiactiva. Aunque una sentencia de la Audiencia Nacional declaró la caducidad de la concesión por no respetar los márgenes de la legalidad, Fertiberia ha solicitado de nuevo la Autorización Ambiental Integrada para proseguir con sus vertidos.

Mientras tanto, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se ‘lava las manos’ manifestando que su responsabilidad solo comprende la gestión de los vertidos a través del llamado Centro de Recuperación de Inertes (CRI). La competencia de otorgar dichas concesiones es del Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección General de Costas, quien en su momento ya instó a Fertiberia a elaborar un plan de desmantelamiento y abandono de la zona.

Pero esta sentencia no es la única. Desde antes del año 1999 los procedimientos sancionadores han salpicado a la empresa, eso sí, sin demasiadas consecuencias para ella. A pesar de todo, las fuentes consultadas por este diario indican que a Fertiberia sí se le ha vuelto a conceder la autorización para continuar utilizando la marisma como su ‘vertedero personal’.

Junto a los fosfoyesos, todavía hay enterradas alrededor de 7.000 toneladas de residuos contaminados por cesio 137, una sustancia procedente del accidente que tuvo lugar en la fábrica de Acerinox (Bahía de Algeciras) en 1998, que ha acabado por afectar a los acumulados en el CRI. Tanto los fosfoyesos como los residuos que contienen cesio 137 implican la presencia de sustancias cancerígenas como el polonio 210, el radón 222 o el radio 226. Para contrarrestar el impacto radiológico se propuso la retirada del material radiactivo y su posterior traslado al cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba), idea desechada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por las dificultades técnicas que conlleva.

Los expertos hablan de 1.200 hectáreas de superficie contaminada, una extensión mayor que la propia ciudad de Huelva que afecta a 150.000 personas, todas ellas expuestas a altos niveles de radiactividad teniendo en cuenta que las instalaciones industriales se encuentran a escasos 500 metros de las casas de la ciudad y a un kilómetro de las localidades de Palos y Moguer. Según el informe del CRIIDAD, sólo con permanecer nueve minutos al día durante un año en la zona de las marismas, desde Palos de la Frontera a Huelva, el riesgo de padecer enfermedades como el cáncer se dispara. La radiación gamma es entre 3 y 38 veces superior a los niveles normales, lo que explica que Huelva registre la mayor tasa de mortalidad por cáncer de toda España.

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