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Hay que reconocer que la comparecencia en Comisión antes de ayer de Maria Teresa Fernández de la Vega ha sido muy esclarecedora. Primero porque, por fin, alguien del Gobierno aparece por ese lugar que representa la soberanía popular y que se llama Parlamento y que, según parece, el Ejecutivo de Rodríguez ha borrado de su vocabulario. Segundo, porque nos ha permitido conocer un poco, tener un atisbo de las pretensiones del Gobierno para esta legilatura y, francamente, son para ponerse a temblar. Voy a dejar la reforma de la Ley de Libertad Religiosa para otra ocasión porque merece un comentario aparte, y permítanme que me centre en el resto de anuncios de la vice, a cada cual más peligroso y que constatan que Rodríguez no solo no ha abandonado las pretensiones de la pasada legislatura, sino que vuelve por sus fueros, si cabe, con más ímpetu que nunca.

No deja de ser curioso que entre todas las prioridades del Gobierno no se encuentre, ni siquiera de manera tangencial, la crisis económica, pero debe ser que como para el Ejecutivo no existe, sino que se trata de una aceleración de la desaceleración que se desacelera a un ritmo más o menos acelerado y que, por lo tanto, hay que esperar a que la desaceleración se desacelere para poder volver a hablar de una cierta aceleración. Es decir, mejor quedarse sin hacer nada o, como mucho, subir un poco –bastante- los impuestos para apretarnos más las tuercas a los sufridos ciudadanos. ¿Y que nos propone De la Vega, que es la voz de su amo, para que nos olvidemos de la crisis? Reforma de la Constitución, reforma de la Ley Electoral, una Ley Integral para la Igual de Trato y contra la Discriminación, un Plan de derechos Humanos, aborto... Es decir, una dosis combinada de cambio de régimen con buenismo a mansalva de ese que tanto le gusta a Rodríguez y que convierte a todo el que no comparte su visión doctrinaria de la sociedad en una especie de apóstata de la religión oficial. Pero, insisto, de esto hablaré mañana.

Me preocupan las dos primeras cuestiones, por lo que tienen de riesgo sin precedentes para la continuidad del modelo de Estado que nos dimos en la Constitución del 78. Es evidente que Rodríguez sigue empeñado en cambiar las reglas del juego, y de hacerlo, obviamente, a su favor. La reforma de la Carta Magna tiene trampa, y una trampa peligrosa. Les debo recordar a ustedes que ya en su día el Gobierno pidió un informe al Consejo de Estado sobre la reforma de la Constitución, informe que el PP suscribió de inmediato pero que, sin embargo, a Rodríguez no le hizo ninguna gracia porque no iba en la dirección que él quería, es decir, en la de abordar una reforma controlada del modelo político y territorial. Del modelo político, si, porque la intención de Rodríguez es dar una vuelta de tuerca al sistema de monarquía parlamentaria. En esto, tengo que decirles que no seré yo el que mueva un solo dedo en la defensa de una Monarquía que se dedica a agradar los oidos de sus enemigos para que no les busquen las vueltas. Pero se las acabarán buscando, ya verán.

Lo del modelo territorial viene ya de lejos, de la reforma del Estatuto Catalán que fue un primer intento de reforma de la Carta Magna por la puerta de atrás, sin que todavía el Constitucional a las órdenes de Rodríguez se haya pronunciado sobre esta materia, y todo hace sospechar que el TC de María Emilia Casas nos acabará metiendo aún más en el pozo de la desarticulación del Estado. Pero, si lo de la reforma constitucional es grave, lo de la Ley Electoral no quiero ni contarles. Lo escribí hace bastante tiempo, porque esto ya formaba parte de los planes de Rodríguez en la pasada legislatura, solo que entonces se le acumularon los problemas encima de la mesa y dió prioridad al proceso de cesión al chantaje de ETA. Pero el objetivo de Rodríguez no es otro que el de reformar la citada ley, no para mejorar el sistema de elección en la linea de una necesaria regeneración democrática, sino que su pretensión es ampliar de 350 a 400 el número de diputados, y hacerlo en aquellas circunscripciones en las que puede perjudicar lo más posible al PP. Es decir, que ahora va a avanzar en el proceso de exclusión del centro-derecha por la vía legal. Muy grave, gravísimo retroceso de nuestras libertades y de nuestros derechos: Rodríguez sigue siendo el mayor déspota que ha conocido este país. He dicho.

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