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Los más afectados por el declive de la construcción empiezan a tomar posiciones para aliviar estrecheces, a sabiendas de que la próxima gallina de los huevos de oro está en la licitación pública. Así las cosas, los contratistas catalanes lanzaron ayer un órdago al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que “salve el retraso entre las declaraciones públicas y las páginas del BOE” e incremente con intensidad la licitación de la Administración General del Estado en Cataluña, después de que entre enero y abril ésta cayera un 16,4% en tasa anual.

En un informe muy duro, la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña no duda en recordar a José Luis Rodríguez Zapatero el “necesario cumplimiento” del acuerdo alcanzado por el vicepresidente Pedro Solbes y el consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat, Antoni Castells, plasmado en la Disposición Adicional tercera del Estatut catalán.

En ella se establece que “la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras (…) se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un periodo de siete años”. La licitación realizada por la Administración Central en los primeros cuatro meses del año se situó en 643,7 millones de euros, frente a los 769,9 del mismo periodo del año anterior.

La advertencia de los contratistas no queda aquí, sino que avisan de que llevarán a cabo “un seguimiento de estos compromisos informando puntualmente de la evolución de la licitación oficial”. Por último, expresan su inquietud por que el Ejecutivo esté utilizando las posiciones ecológicas como justificación para demorar la convocatoria de concursos. “Sería una paradoja, efectiva y real en el pasado, que los movimientos sociales partidarios de la cultura del no, nimby (not in my back yard, no en mi patio trasero) o banana (built absolutely nothing anywhere near anything, no construir absolutamente nada en ningún sitio cerca de nada), fueran la excusa perfecta para el incumplimiento de esos compromisos”. La Cámara se refiere aquí al efecto de concentraciones como la que a finales de marzo sacó a 15.000 gerundenses a la calle para protestar contra la línea eléctrica de muy alta tensión entre España y Francia.

La caída de la licitación de la Administración General del Estado se vio acentuada por la pésima evolución de los concursos en la Local. Pasaron de licitarse 818,6 millones en esos meses de 2007 a 606,3 en el presente ejercicio; es decir, una caída del 25,9%. Los contratistas catalanes matizan este último descenso por el esfuerzo llevado a cabo por las corporaciones locales “antes de la última convocatoria electoral local y la disminución de sus ingresos a causa de la crisis inmobiliaria”, circunstancia que incluso “retrasará la recuperación de sus cifras de licitación”.

Por el contrario, la licitación de la Generalitat se elevó entre enero y abril a 1.145,6 millones de euros, un 35,8% más que en el mismo periodo del año anterior. En términos globales, la licitación de obra pública se habría situado –entre edificación e infraestructuras- en 2.431,9 millones hasta el cuarto mes del año, apuntándose una disminución del 1,5% anual.

Estas cifras contrastan con la evolución de los concursos en todo el territorio nacional. Sir ir más lejos y sin contar con otros ministerios, sólo Fomento licitó 3.318,7 millones de euros en marzo, una cifra que disparaba la licitación en los tres primeros meses del ejercicio hasta los 5.913,4 millones. Se trata de un 117% más que el año anterior, trimestre en que los que apenas se sumaban 2.724,5 millones.

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