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El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, aseguró hoy que desconoce la operación de compra por parte de Banesto en 1999 del 45,3% del capital de Aguas de Fuensanta, propiedad de la familia Rato, y sostuvo que su relación con Rodrigo Rato era meramente institucional.

Botín, que declaró en el juzgado 47 de Madrid entre las 10.20 y 11:05, imputado, entre otros, por los delitos de administración desleal, apropiación indebida y cohecho, sostuvo ante el juez José Sierra que la responsabilidad de esa operación correspondió a su filial Banesto. Su hermano, Jaime Botín, apuntó al entonces máximo directivo de Banesto, Alfredo Sáenz, como responsable de la compra de Fuensanta, que también dijo desconocer.

A las 10 de la mañana arrancó el juicio por el caso Aguas Fuensanta. Declararon como imputados en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, el ex presidente de Bankinter, Jaime Botín, y el actual consejero delegado del Santander y ex presidente de Banesto, Alfredo Sáenz, por su actuación en el proceso de compra del 45,3% de Aguas de Fuensanta, empresa vinculada a la familia Rato, por Banesto en 1999.

Para la visita de hoy a los juzgados de Plaza Castilla, después de que el juez José Sierra diera curso a la querella presentada en 2004, los hermanos Botín y Sáenz han contado con los servicios del famoso catedrático de Derecho Penal, Gonzalo Rodríguez Mourullo, un histórico en la defensa del banquero cántabro en las numerosas causas judiciales a las que ha tenido que hacer frente en la última década, como las cesiones de crédito.

Abogado de los Albertos y de otros muchos ilustres durante las dos últimas décadas, Rodríguez Mourullo ha compartido habitualmente la defensa de Emilio Botín con otro ilustre catedrático de Derecho Penal, Horacio Oliva, acostumbrado también a bregar en los juzgados con clientes famosos y polémicos como Jesús Gil y Gil (ex alcalde Marbella), Emilio Ybarra (ex presidente de BBVA) o Juan Antonio Roca (Operación Malaya), por citar solo un par de ellos.

En la defensa de Rodrigo Rato y de su hermano Ramón, también imputados en la causa, participa el letrado Miguel Temboury. Abogado del Estado y ex socio del bufete Pérez Llorca, el defensor de los Rato estuvo estrechamente ligado al antiguo gobierno del PP, del que formó parte como miembro de los servicios jurídicos del ministerio de Economía y posteriormente como jefe de gabinete del entonces ministro Ángel Acebes.

La causa penal a los hermanos Botín y a Alfredo Sánez está motivada por la querella criminal presentada en 2004 por el abogado Francisco Franco Otegui y ampliada posteriormente en 2005 por Antonio Panea, abogado y accionista del Santander y Banesto. El juez imputa a los implicados en la compra del 45,3% de Aguas de Fuensanta por 6 millones de euros los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil, cohecho y negativa a socio del derecho de información.

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