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El Gobierno retomará de nuevo, pese a no haber hecho de ello una bandera durante la campaña electoral, su frustrado plan para reformar la Constitución en cuatro puntos y, además, impulsará cambios en la Ley de Régimen Electoral, para lo que pedirá "con carácter inmediato" un informe al Consejo de Estado sobre las posibles reformas, tal y como ha explicado la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega en su primera comparecencia ante el Congreso de los Diputados.

De la Vega, que compareció ante la Comisión Constitucional del Congreso que preside Alfonso Guerra, anunció que el Ejecutivo tratará de "recabar el consenso necesario" para llevar a cabo la reforma de la Constitución que no fue posible en la anterior legislatura, y que calificó de "necesaria, justificada y demandada por una nueva realidad política y social".

Precisó que la reforma pretende hacer del Senado una verdadera Cámara de representación territorial, incorporar a la Constitución la denominación de las comunidades autónomas, garantizar la igualdad de género en el acceso a la jefatura del Estado e incorporar el proceso de integración europea. La vicepresidenta recordó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, adelantó en su discurso de investidura que promoverá de inmediato la creación de una subcomisión para evaluar "posibles cambios" en la ley electoral, "buscando siempre el acuerdo y el mayor consenso posible". En la misma línea, solicitará "con carácter inmediato" un informe al Consejo de Estado que será remitido a la subcomisión para que lo use como "herramienta de trabajo".

Reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa

De la Vega comenzó su intervención subrayando el empeño del Gobierno socialista en defender y promover la igualdad y anunciado que revisará la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para "adecuarla a las nuevas circunstancias y al pluralismo religioso". En este sentido, aprovechó para advertir de que el Gobierno trabajará para preservar derechos fundamentales individuales, concretamente a la intimidad, la confidencialidad y la salud de las mujeres que deciden abortar, así como para preservar la libertad religiosa frente a "hechos y decisiones acaecidas en los últimos meses" que "han podido venir a mermar las garantías en el ejercicio" de alguno de estos derechos.

Mencionó en concreto "el caso de mujeres que vieron peligrar su derecho a la intimidad" en el ejercicio de su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la suscripción de un convenio por el que el Servicio de Asistencia Religiosa Católica pueda formar parte del comité de ética de cuidados paliativos en la Comunidad de Madrid.

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