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Todos los proyectos de ley que apruebe a partir de ahora el Gobierno llevarán incorporado un “informe de impacto autonómico” para evitar colisiones entre las normas de carácter estatal y las legislaciones de las comunidades autónomas. Lo acaba de anunciar en el Congreso la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, que ha justificado esta medida en la necesidad de “reducir los litigios entre las comunidades autónomas y el Gobierno”.

Hasta ahora, los proyectos de ley que aprueba el Consejo de Ministros van acompañados de un informe de impacto económico y, desde la pasada legislatura, de un segundo informe de impacto de género para verificar que cumplen el espíritu y la letra de la llamada Ley de Igualdad. A partir de ahora llevarán unidos un tercer informe de impacto autonómico. El objetivo del Gobierno es que las nuevas leyes de ámbito estatal no invadan competencias autonómicas ni interfieran en el desarrollo de los estatutos de autonomía que fueron reformados durante la pasada legislatura.

De esta forma se podría evitar que futuros proyectos de ley, como ha ocurrido con la llamada Ley de Dependencia, se arrogue competencias que ya están transferidas a las comunidades autónomas. El tripartito catalán, que había aprobado previamente su propia ley de dependencia, denunció que la ley estatal invadía las competencias de la Generalitat. Aunque lo cierto es que si la ley catalana ha constituido, por ahora, un sonoro fracaso, es, fundamentalmente porque no está dotada del presupuesto necesario para hacer frente a todas las prestaciones sociales prometidas.

Además, De la Vega ha abierto la puerta a la reforma de la ley electoral con el anuncio de la creación de una subcomisión parlamentaria que aborde su estudio. Además, ha asegurado que el Gobierno va a pedir con "con carácter inmediato" un informe al Consejo de Estado que sea utilizado como "herramienta" por los parlamentarios. La vicepresidenta ha recordado que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, adelantó en su discurso de investidura que promoverá de inmediato la creación de una subcomisión para evaluar "posibles cambios" en la ley electoral, "buscando siempre el acuerdo y el mayor consenso posible".

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