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La Unión Europea no pudo cerrar este un acuerdo sobre repatriación de inmigrantes irregulares debido a las exigencias de varios Estados miembros, partidarios de medidas más estrictas. Once de los 27 países comunitarios rechazaron el texto acordado por la presidencia eslovena con representantes del Parlamento Europeo, y de ellos diez lo hicieron porque querían endurecer algunas de las medidas del proyecto de directiva. Las diferencias constatadas en la reunión de representantes permanentes de los 27 se suman a las que dividen al Parlamento Europeo, que debe aprobar la medida en codecisión.

Alemania, Francia e Italia formaron parte del grupo de países opuestos a los términos actuales del proyecto, lo que hizo imposible sumar la mayoría cualificada necesaria para sacar adelante el compromiso, apoyado por países como España. El proyecto de directiva establece, en su versión actual, un período máximo de retención de seis meses, ampliables a 18 meses en casos excepcionales, para los inmigrantes sin papeles.

Alemania basó su rechazo en el alto coste que supondría la obligación de dar asistencia jurídica a los retenidos, algo a lo que se unieron Austria y Grecia. Francia exigió medidas más estrictas respecto al período de salida voluntaria de menores, mientras que Italia, República Checa y Hungría buscaron aumentar el período para el retorno voluntario en el caso de los mayores de edad. Ante las fuertes diferencias manifestadas en el debate, la presidencia eslovena señaló que estudiará cómo intentar avanzar en esta directiva, que está en discusión desde hace casi tres años.

Los embajadores podrían volver a debatir el texto en su reunión de la próxima semana, indicaron fuentes diplomáticas, pero otras fuentes comunitarias apuntaron que, debido al festivo en las instituciones de la UE del viernes y lunes próximos, "no hay tiempo"para lograr avances en una semana. Esta directiva es la primera sobre inmigración que podrá aprobarse por el procedimiento de codecisión entre el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, cuyo pleno también debe ratificar el texto final, previsiblemente en junio. Tanto si el Consejo como el PE introducen cambios en el texto acordado deberán negociarlos posteriormente.

Aunque algunos grupos políticos del PE y organizaciones humanitarias han criticado el texto por considerar muy elevado el periodo de retención, fuentes de la UE recordaron que actualmente hay nueve países comunitarios donde ese período es indefinido, por lo que la fijación de un máximo es "un gran avance". Unas 300 personas, entre ellas diputados de Los Verdes e Izquierda Unitaria Europea (IUE) y miembros de organizaciones de apoyo a los "sin papeles", se manifestaron hoy ante el Parlamento Europeo en contra del proyecto de directiva.

Divisiones políticas

La propuesta supone "un retroceso de los derechos y principios en que se fundamenta la Unión Europea", según el eurodiputado de Iniciativa per Catalunya Verds Raúl Romeva. La directiva "no es ideal, pero es un paso adelante en la buena dirección", ya que "hemos logrado que haya garantías en medidas concretas", dijo el alemán Manfred Weber (PPE), ponente del informe sobre el que la Eurocámara, en una conferencia de prensa previa a la discusión entre los gobiernos comunitarios. Por su parte, el socialista italiano Claudio Fava anunció que pedirá a su grupo que vote en contra del texto, ya que da "demasiado margen de maniobra" a los países de la UE y la retención administrativa de hasta 18 meses convierte en "algo gravísimo" la entrada ilegal a un país.

Sin embargo, los socialistas españoles son favorables, según señaló a Efe el eurodiputado Javier Moreno, quien pidió ver la directiva en el contexto de otras medidas que prepara la UE en favor de la inmigración legal y con derechos, y advirtió que puede haber nuevas enmiendas con más garantías. El grupo liberal del PE está a favor, mientras que los verdes aún no han definido una posición clara, ya que se oponen a medidas como la prohibición de que los expulsados retornen a la UE durante cinco años, si bien algunos reconocen el efecto positivo del final de los períodos indefinidos de retención. El italiano Giusto Catania, de Izquierda Unitaria Europea, proclamó la oposición total de su grupo, y criticó especialmente el internamiento, cuando la inmigración ilegal "no es un delito, sino una falta administrativa".

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