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El escándalo de la Fundación Emilio Álvarez Gallego ha terminado por salpicar a la Junta de Castilla y León. Si los afectados acusaron primero al Arzobispado de Valladolid de especular con el patrimonio inmobiliario de esta institución de ayuda a discapacitados, que administra la propia diócesis, ahora sus ataques se dirigen contra la Consejería de Interior y Justicia.

Los damnificados denuncian la total inacción del Protectorado de Fundaciones, órgano dependiente de la Junta, ante la venta del subsuelo de la fundación a la compañía Promociones Parkosa. Un solar de 5.300 metros cuadrados, en pleno casco histórico de Valladolid, que la diócesis de Braulio Rodríguez vendió supuestamente por menos de la mitad de su valor real, tal y como informó este diario.

“Pese a conocer la ilicitud penal, la Junta no presentó ninguna denuncia ante la Fiscalía. Debemos preguntarnos por qué el Protectorado de Fundaciones, que debe velar por el cumplimiento de los fines fundacionales y está legitimado para cesar a los patronos, no investigó ninguna de las demandas que presentamos”, dice Julia Álvarez Arregui, sobrina del sacerdote que creó la Fundación.

También la Federación de Personas Sordas de Castilla y León (FAPSCL) ha reaccionado ante la pasividad del Protectorado. La asociación ha interpuesto una denuncia ante la Junta en la que solicita la inmediata intervención del organismo por presunta gestión irregular. Su objetivo, según fuentes próximas, es intentar impugnar a los patronos, todos ellos miembros del Arzobispado.

No obstante, fuentes de la Consejería de Interior y Justicia señalan a este diario que la Junta no ha recibido notificación de que haya un proceso judicial abierto. “Se considera que la Junta ha actuado con total transparencia y ha facilitado toda la documentación a quienes tenían derecho a acceder a ella”, afirman. Con ello, reiteran lo dicho por la directora de la Gerencia Regional de Justicia, María Felisa Herrero, en una reciente comparecencia sobre la Fundación, solicitada por el Grupo Socialista. En ella, Herrero destacó la "absoluta transparencia" de la Junta en este asunto y reiteró el "no intervencionismo" de la Administración regional.

Al respecto, Arregui asegura que entre la documentación que el Protectorado envió al Grupo Socialista no estaban las denuncias contra el Arzbispado. Sí había, sin embargo, un informe de tasación solicitado por la diócesis, que fija el valor de los terrenos de la Fundación en seis millones de euros. Es menos de la mitad del valor que les otorgó un informe de tasación anterior, encargado por los demandantes. Se da la circunstancia de que los dos informes son obra del mismo arquitecto técnico.

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