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El pasado sábado, el presidente del Gobierno, a través de uno de sus periodistas de cámara, habitual relator de las exclusivas de Moncloa en el diario gubernamental (una condición, cierto, disputadísima en los últimos tiempos), nos anunciaba su intención de “ofrecer a Rajoy una reforma reducida de la Constitución”. Palabras mayores, sin duda. Fraude de proporciones mayúsculas, por lo que luego se dirá. Timo del tocomocho para aquellos cientos de miles de españoles, quizá millones, conscientes de que una reforma en profundidad de la Constitución de 1978, en línea con esa regeneración democrática tantas veces reclamada como desairada por la clase política, es la única medicina, la única cirugía, si se quiere, capaz de recuperar a nuestra feble democracia de sus achaques.

Es evidente que esa reforma constitucional en profundidad, no la que pastorea Zapatero, debería convertirse en eje o columna vertebral de la actual legislatura y, si me apuran, de las dos próximas, puesto que el proyecto debería concluir con un referéndum y nueva convocatoria electoral. El presidente del Gobierno del PSOE, en cambio, nos ofrece una “reformita” –acabar con la prevalencia del varón sobre la hembra en la línea de sucesión a la Corona, y convertir el Senado en una cámara de representación territorial- que está en las antípodas de las preocupaciones de los españoles, no digamos ya de los españoles demócratas, y que en realidad está destinada, dicho sea en corto y por derecho, a asegurar la supervivencia del tinglado, llámenle ‘Sistema’ si quieren, surgido a la muerte de Franco y edificado en torno a los intereses del Partido Socialista, la derecha política salida del franquismo, los dos grandes partidos nacionalistas, y el capital financiero surgido al calor del desarrollismo franquista, con el Rey Juan Carlos como guinda coronando el gran pastel del inmovilismo que nos gobierna.

Por desgracia para Zapatero, el fallecimiento de Leopoldo Calvo Sotelo –tremendo espectáculo de impudicia el de esa misma clase política, dispuesta a echarse flores a golpe de botafumeiro con la disculpa del deceso- le ha privado, al menos de momento, de recibir el ansiado feed back del resto de fuerzas políticas y sociales, como sin duda buscaba la filtración a El País. Las verdaderas razones –si es que tiene alguna sólida- por las que ZP se embarca de nuevo en una oferta de reforma de la Constitución son un misterio. Recuérdese que ya en 2004 planteó esa posibilidad, para lo cual encargó un dictamen al Consejo de Estado. Recuérdese también que el citado Consejo, plagado de gente con sapiencia y sentido común bastante, se descolgó con un trabajo muy serio que causó grave escozor en la entrepierna del de Moncloa, porque iba en dirección contraria a los secretos intereses de su impulsor, razón por la cual la idea fue archivada.

Hasta cierto punto o, si se quiere, en falso, porque el señor Zapatero, al frente del Gobierno más minoritario de la democracia y necesitado de los votos del nacionalismo radical experto en el tironeo de España, siguió adelante con sus designios de reforma constitucional por la puerta de atrás y por la vía de los hechos consumados, es decir, vía reforma del Estatuto de Cataluña y los que vinieron después, un proceso que ha abierto la puerta a una especie de Estado Confederal de imposible encaje en la Historia española. ¿Se ha caído del burro el señor Presidente después de su experiencia con ETA, y después de constatar, también, que la insaciable voracidad del nacionalismo –ahí está Artur Mas exigiendo “bilateralidad”, y ahí sigue, inhiesto, el famoso referéndum de Ibarretxe- no se conformará con otra cosa que no sea la ruptura de la Nación, con el riesgo que eso conlleva para el bienestar y el ejercicio de las libertades de todos los españoles?

Frente a tales maquinaciones rupturistas que nada tienen que ver con el reconocimiento de la España plural, son legión los demócratas que reclaman una reforma de la Constitución que consolide los principios de libertad y de igualdad de todos los españoles ante la ley, en la que predomine los valores del individuo sobre los del grupo, que recupere para el Estado central una serie competencias que jamás debió perder –trágico error de esos padres de la Constitución que estos días se regalaban elogios mutuos ante el cadáver de Calvo Sotelo- en cuestiones que van desde la Educación –afirmando el derecho de todo español a recibir enseñanza en español si así lo desea, en cualquier rincón de España- a la gestión de emergencias y catástrofes, que asegure la existencia de una misma Justicia dentro del territorio español, una Justicia independiente de la voracidad de una clase política dispuesta a poner los jueces a su disposición, una reforma de la Ley Electoral que haga realidad el viejo principio de “un hombre, un voto” y evite espectáculos como el que le toca sufrir a IU, que articule mecanismos para luchar de forma efectiva contra la corrupción institucional, y tantas y tantas cosas más tendentes a hacer realidad esa regeneración democrática tantas veces idealizada.

Por desgracia cuesta mucho trabajo imaginar al presidente Zapatero comprometido con un proyecto de esta clase. Cuesta imaginar también en ello comprometido a un Partido Popular convertido hoy en un volcán a punto de explotar. La inminencia del fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña en la dirección no por temida menos esperada, no permite abrigar esperanzas de que la clase política que representa al 90% del electorado sea capaz de estar a la altura de las circunstancias. La prueba más evidente es que este debate, que es el debate de fondo del futuro de España, en realidad el único debate, ha quedado fuera del discurso político en la reciente campaña electoral. Mejor hablar del agua (“mientras yo sea Presidente, no habrá trasvase del Ebro”), de los 400 euros, y de la niña de Rajoy. Por desgracia, sin esa patria común e indivisible, capaz de asegurar la libertad, igualdad y prosperidad de todos, difícilmente habrá futuro para ninguna niña, emigrante o indígena.

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