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Se agudiza la tensión política en Bolivia por la autonomía de la región de Santa Cruz

Alejandro Lifschitz (Reuters). Santa Cruz (Bolivia).-05/05/2008 20:16h

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La crisis política en Bolivia se agudizó el lunes, mientras el Gobierno insistía en la necesidad de imponer una Constitución socialista y la oposición ratificaba que seguirá con sus planes de que los departamentos más ricos del país declaren su autonomía. Un día después de que el distrito de Santa Cruz, la capital económica de Bolivia, votara en un referéndum a favor de reducir su dependencia del Gobierno central, el oficialismo y la oposición volvieron a chocar sobre cómo sacar adelante a la nación más pobre de Sudamérica.

Para el Gobierno izquierdista, el estatuto de autonomía que los cruceños aprobaron el domingo es ilegal e inaplicable, debido a que la posible alta abstención en la consulta demostraría que carece de consenso. En tanto, la oposición reafirmó que otros tres distritos en el oriente del país, de los nueve que tiene Bolivia, realizarán en los próximos meses referendos de autonomía para frenar las ambiciones centralistas del presidente Evo Morales, que busca con la nueva Constitución aumentar el control estatal sobre la economía y dar más poder a la mayoría indígena. "Este Gobierno es miope. El (Morales) no reconoce la voluntad popular (...) No se está entendiendo el proceso de desplazamiento de hegemonía que se viene dando en el país", resaltó a un canal de televisión local el prefecto del departamento de Beni, Cayetano Llobet.

Los distritos opositores de Beni, Pando y Tarija, donde está la mayor parte de las enormes reservas de gas natural bolivianas, planean convocar a sus referendos desde junio. Santa Cruz, en la fértil llanura oriental del país, obtendrá por el estatuto competencias reservadas al Estado nacional en materia de educación, seguridad, justicia y economía, en una barrera contra el plan del Gobierno de "refundar" el país con la nueva Constitución. Los analistas creen que Morales deberá negociar con los departamentos rebeldes para incluir en la nueva Constitución algunas exigencias autonomistas y evitar desintegrar al país.

Para el ministro de Gobierno, Gustavo Rada, la abstención en la consulta del domingo habría superado el 40 por ciento, lo que mostraría la falta de consenso sobre la autonomía en el distrito que representa un tercio de la economía de Bolivia. Según recuentos rápidos de votos de medios de comunicación, el estatuto cruceño fue aprobado con el 86 por ciento de los sufragios, frente a un 14 por ciento de rechazos. Los datos oficiales con un 22 por ciento de las mesas escrutadas daban un 82 por ciento a favor de la autonomía y un 18 por ciento en contra, según cifras de la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz, que está a cargo del conteo de votos dado que el referendo no fue avalado por la justicia nacional.

Crisis política

Morales, que había llamado a la abstención, dijo en la noche del domingo que la consulta fue un fracaso, calificándola de ilegal y separatista. La votación estuvo marcada por la violencia, con decenas de heridos en choques entre seguidores del Gobierno, que buscaron boicotear el referéndum, y simpatizantes autonomistas, que defendieron con piedras y palos los centros de votación. En una muestra de fuerza, cientos de miles de personas salieron el domingo a las calles en varias ciudades del altiplano boliviano contra el referéndum cruceño.

Bolivia está polarizada entre los sectores más ricos de las llanuras del este, propietarios de la mayor parte de la tierra; y los indígenas fieles a Morales que viven de la agricultura de subsistencia en las sierras del occidente. Santa Cruz también está enfrentada con el Gobierno por una reforma agraria que podría hacerles perder decenas de miles de hectáreas a sus terratenientes.

La nueva Constitución, aprobada sin el aval de la oposición por una Asamblea Constituyente controlada por el oficialismo y que debe pasar por una serie de referendos, daría más poder a la mayoría indígena, fortalecería el control del Estado sobre la economía y otorgaría marco legal a la política oficial de nacionalización de los recursos naturales.

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