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Criticaba yo el pasado miércoles el fichaje (je, je, je, perdonen, es que me da la risa floja) de Eduardo Zaplana por Telefónica y en el foro de aquel Con Lupa no faltaron las buenas gentes de obediencia sociata que censuraron que para criticar la conducta de Zaplana yo sacara a colación el fichaje previo, no menos llamativo, del socialista Javier de Paz como miembro del Consejo de Telefónica. Pues bien, sorpresas te da la vida que decía la canción, en la tarde de ese mismo miércoles nos enterábamos del nombramiento de David Taguas como nuevo presidente de SEOPAN, la patronal de la construcción, que es quizá el caso más llamativo, por escandaloso, de colusión entre lo público y lo privado, vale decir simplemente que de corrupción, de los muchos que se han dado en la Historia de nuestra renqueante democracia.

Y es que el caso que nos ocupa se me antoja bastante más grave que cualquiera de los habidos hasta ahora, porque afecta directamente a la presidencia del Gobierno y a la persona del Presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. La salida por peteneras de David Taguas viene a certificar el fracaso sin paliativos de la que quizá fue la gran novedad del primer Gobierno Zapatero: esa pomposa Oficina Económica del Presidente, con sede en la propia Moncloa, convertida de inmediato, como no podía ser menos en un país sin tradición democrática como España y con un presidente provisto de una idea borrosa de lo que es la economía de mercado y la libre competencia, en un gran lobby al servicio de empresas constructoras e inmobiliarias.

La cierta discreción de que hizo gala, o al menos lo intentó, el primer titular de dicha Oficina, el ahora ministro Sebastián, se convirtió con Taguas en abierto compadreo. Por su despacho pasaban un día sí y otro también los grandes popes de la obra civil, los Luis del Rivero, Florentino Pérez, José Manuel Entrecanales, etcétera, que como todo el mundo sabe dependen de la obra pública que licita el Estado, y los nuevos millonarios del sector inmobiliario. Los unos para entrar a saco en el sector eléctrico, una peculiar diversificación que, huyendo de la libre competencia, como es norma en España, todavía se ciñe, se pliega, se somete más al Estado, que es quien fija la tarifa; los otros para pedir árnica cuando al crisis del ladrillo hizo su aparición estelar en la burbuja española.

Lo relataba Carlos Sánchez en este diario con ajustada crudeza: “¿Que había que articular una alternativa española a la OPA de la alemana E.On sobre Endesa? Ahí estaba Taguas -junto a su mentor, Miguel Sebastián- para favorecer la opción Acciona-Enel. ¿Que había que dejar de considerar a Panamá un paraíso fiscal para que las constructoras pudieran participar en la ampliación del canal? Ahí estaba Taguas. ¿Que había que diseñar una línea de crédito oficial para que las inmobiliarias obtuvieran liquidez? De nuevo Taguas, dispuesto a defender esta opción frente a Solbes. ¿Que había que lanzar a la opinión pública el mensaje de que la falta de liquidez podía ahogar al ‘ladrillo’? Ahí estaba Taguas para escribir los discursos del presidente”. En los últimos meses, el trabajo de este David nada ejemplar se ha centrado en sacarle las castañas del fuego a Sacyr, a cuenta del callejón sin salida en que el audaz señor de Murcia se metió con el caso Eiffage.

Pero, ¿está la Presidencia del Gobierno de un país supuestamente democrático para hacer ese tipo de “trabajos” en favor de intereses privados? ¿Han elegido los ciudadanos a Zapatero para que dedique su tiempo a defender la cuenta de resultados de cuatro o cinco grandes empresas, cuentas a menudo puestas en peligro por los groseros errores de gestión de sus directivos? ¿Es que no hay nadie, en el entorno de Moncloa o del propio PSOE, capaz de advertir la dinámica de corrupción en cadena que provoca ese tipo de servicios? ¿O es que esa ayuda presidencial sale gratis? Es obvio que no. Ahora, el señor Taguas acepta la oferta de los constructores para presidir su patronal, y los españoles tienen todo el derecho para pensar que se va para cobrar los servicios prestados.

Y no es problema de que los políticos, como se ha escrito con profusión estos días, estén bien o mal pagados. Es evidente que están mal pagados, y también lo es que si los españoles queremos tener a los mejores implicados en tareas de función pública habrá que cambiar ese estado de cosas. Pero aquí hablamos de otra cosa. Hablamos de una cuestión de orden moral que tiene que ver con la obligación de todo funcionario público, lo diga o no la llamada Ley de Incompatibilidades, no sólo de no corromperse, sino de aparentarlo; de no someterse a presiones, promesas o dádivas de los poderosos, porque estará faltando a la Ley y traicionando a quienes lo eligieron.

Pero dejémonos de eufemismos. El gran culpable de este episodio, que habla otra vez a las claras de la paupérrima calidad de una democracia que despide un insoportable hedor a corrupción, es el presidente del Gobierno, de quien directamente dependía y de quien recibía instrucciones el señor Taguas hasta hace unos días. Este es un escándalo que salpica directamente a Zapatero. Por eso, esa frase repetida con profusión por la prensa adicta, según la cual el Presidente se había sentido “desagradablemente sorprendido” por la noticia, no es sino una broma pesada. Perdón, es más que eso: es una clara demostración de falta de vergüenza democrática, porque hubiera bastado una gesto suyo para que los ricos de SEOPAN se fueran con su música a otra parte. Levitando en su nube, el señor Zapatero empieza a creer que todos nos chupamos el dedo, y lo peor es que a lo mejor no le falta razón. Tontos y consentidores.

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