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En los próximos días conoceremos el dictamen de la Oficina de Conflictos de Intereses (Administraciones Públicas) sobre el caso Taguas. Ahí se dirá si hay o no hay amontonamiento de lo público y lo privado en el fichaje del ex jefe de la Oficina Económica de Moncloa por los tiburones de la construcción (SEOPAN). Las señales anuncian luz verde, en aplicación de la Ley de Conflictos de Intereses y no de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos. De confirmarse, lamentaremos una vez más la descarada confusión entre quienes conocen la trampa y quienes hicieron la ley ¿O son los mismos, como dice el viejo refrán castellano?

En la estela de los artículos firmados ayer por el director de El Confidencial, Jesús Cacho, y por Carlos Sánchez, ambos excelentes, me sumo al bochorno de un nuevo y escandaloso episodio de lo que ya es un mal endémico en la política española. En este caso, el repentino salto al otro lado de la mesa de confrontar intereses particulares con intereses generales. O sea, del lado donde se diseñan estrategias en materia de inversión pública al lado donde se encuentran los adjudicatarios del 70 % de las obras correspondientes a dicha inversión.

Según la Ley de Incompatibilidades, durante los dos años siguientes al cese en un alto cargo público está prohibido ocupar cargos en "empresas o sociedades relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado". El supuesto es de inequívoca aplicación a David Taguas, que cesó hace diez días como director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno y el miércoles pasado fue nombrado presidente de SEOPAN (Sociedad de Empresas de Obras Públicas). Es decir, de consejero áulico de Zapatero en cuestiones económicas a gran jefe del lobby de la construcción.

Sin embargo, por lo que me cuentan, el Gobierno va a considerar el fichaje de Taguas ajustado a la legalidad, si no afloran las voces que desde dentro están temiendo el alto coste de la operación en términos de imagen. Los partidarios de la luz verde se acogen a la letra de las leyes y no al espíritu, que está clarísimo en la Ley de Incompatibilidades. De nuevo topamos con esa dinámica perversa que resulta de conjugar la trampa con la ley, como en el precedente de Alfredo Timmermanxs, que también salió de la fontanería de Moncloa (equipo de José María Aznar) para fichar por Telefónica. Al abandonar su cargo de Secretario de Estado de Comunicación iba a ser delegado de la empresa en EE. UU. Como le afectaba la Ley de Incompatibilidades, al final no le contrató Telefónica sino una filial de Telefónica.

De forma parecida, en el caso de Taguas se está abriendo paso la doctrina de que SEOPAN no es una empresa de la construcción sino un lobby de empresas de la construcción. Una vez más, la moraleja de una duda metódica: ¿Los goles se los meten al Real Madrid o a Iker Casillas?

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