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El nombramiento de David Taguas como nuevo presidente de Seopan, la patronal de la construcción, tiene una ventaja. Pocas personas conocen mejor que el ex director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno la situación actual del ‘ladrillo’. No en vano, por su despacho han pasado durante los últimos meses todos los ‘popes’ de la construcción y el negocio inmobiliario. Los primeros para quedarse con el sector eléctrico. Los segundos, para pedir ayuda y esquivar la crisis. Taguas no ha dudado nunca en sacar la cara por unos y otros.

¿Que había que articular una alternativa española a la opa de la alemana E.On sobre Endesa? Ahí estaba Taguas -junto a su mentor Miguel Sebastián- para favorecer la opción Acciona-Enel. ¿Que había que dejar de considerar a Panamá un paraíso fiscal para que las constructoras pudieran participar en la ampliación del canal? Ahí estaba Taguas ¿Que había que diseñar una línea de crédito oficial para que las inmobiliarias obtuvieran liquidez? Ahí estaba Taguas para defender esta posición frente a la negativa de Solbes. ¿Que había que lanzar a la opinión pública el mensaje de que la falta de liquidez podía ahogar al ‘ladrillo’? Ahí estaba Taguas para escribir los discursos del presidente. Por su despacho han pasado con alguna profusión los Del Rivero (Sacyr), Entrecanales (Acciona) o Fernando Martín (Fadesa), en su calidad de presidente del G-14, ese lobby inmobiliario con tan buenos contactos políticos.

El principal ejecutivo del G-14 es el ex secretario de Estado de Economía Pedro Pérez, precisamente quien ‘fichó’ a la actual ministra de Fomento, Magdalena Álvarez como directora general de Incentivos Regionales, su primer cargo político en Madrid. Su caso, sin embargo, no tiene nada que ver con el de Taguas. Pedro Pérez (que es también consejero de Itínere) saltó a la empresa privada muchos años después de que abandonara la Administración. Por el contrario, Taguas lo ha hecho prácticamente al día siguiente de dejar su cargo en la Moncloa.

La fecha elegida para anunciar su nombramiento no parece casual. Se ha producido apenas 24 horas después de que un juzgado de Madrid archivara la denuncia que presentara hace meses el Partido Popular (PP) contra él y cinco altos cargos más por su participación en las opas sobre Endesa. Y casi al mismo tiempo de que el ex ministro Eduardo Zaplana anunciara también su paso a la empresa privada de la mano de Telefónica.

Taguas, por lo tanto, tenía las manos libres para fichar por quien quisiera, pero siempre que cumpliera lo que establece la Ley que regula los conflictos de intereses del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado. Se trata de una ley aprobada hace apenas un par de años que va acompañada de un Código de Buen Gobierno, y con el que el legislador pretendía dar una nueva vuelta de tuerca a la moralidad pública penalizando los casos de tráfico de influencias. La pregunta es, por lo tanto, si el nombramiento de Taguas cumple las normas.

Lo que dice la ley es lo siguiente. Durante los dos años posteriores a la fecha de su cese, los altos cargos -Taguas era secretario de Estado- no pueden trabajar en empresas o sociedades privadas relacionadas “directamente con las competencias del cargo desempeñado”. Es cierto que la Oficina Económica del presidente no aprueba expedientes relacionados con empresas concretas, pero también es cierto que su capacidad de influencia sobre determinadas decisiones de política económica que favorecen a constructoras e inmobiliarias es elevada.

La ley matiza que se entiende que existe una “relación directa” cuando los altos cargos hubieran dictado resoluciones en relación con la empresa que contrato sus servicios. No parece ser este el caso de Taguas, pero esa misma ley dice también que incurren en incompatibilidad los altos cargos que hubieran intervenido en sesiones de órganos colegiados en las que se hubieran adoptado algún acuerdo o resolución en relación con dichas sociedades. Y para evidente que determinadas decisiones de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos (un órgano colegiado) afectan a la industria del ‘ladrillo’ y a sus participaciones industriales en sectores como el de la energía: Sacyr controla Repsol, ACS lo hace en Fenosa y Acciona cogestiona Endesa.

En el caso de Seopan no se trata de una empresa con ánimo de lucro. Funciona como un grupo de presión de las grandes constructoras, pero parece obvio que los beneficios de sus gestiones ante los poderes públicos -y Taguas es un embajador de lujo- se trasladan a sus socios.

La ley, incluso, establece un régimen sancionador para las empresas privadas que contraten a altos cargos implicados en una presenta incompatibilidad. Se las prohíbe contratar con las administraciones públicas durante dos años, el tiempo en el que deben ‘hibernar’ los altos cargos para evitar tráfico de influencias. Taguas, desde luego, ha estado poco tiempo en el frigorífico.

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