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 El ex alcalde de Marbella y el ex asesor de Urbanismo, J. A. Roca

La Fiscalía ha llegado a un acuerdo de conformidad con los ex ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) en el Ayuntamiento de Marbella imputados en algún procedimiento urbanístico para no celebrar los juicios con la condición de que admitan su culpabilidad y acepten su ingreso en prisión por ello. Fuentes de la Fiscalía han explicado que en dicho acuerdo de conformidad "cada procedimiento tendrá su sentencia y que no será posible sustituir o suspender la prisión por multa", además de que cada ex edil tendrá que personalizar su caso porque cada uno tiene una situación concreta.

Además, el pacto sólo está sujeto a los procedimientos urbanísticos por conceder licencias contrarias al planeamiento vigente en Marbella, pero quedan excluidos los convenios urbanísticos y otras irregularidades como cohecho, malversación y cobros ilegales, entre otros.

Las fuentes han explicado que cada ex edil tendrá una pena por cada uno de los delitos y dichas condenas oscilarán de seis meses a un año de prisión y diez años de inhabilitación, aunque con la ventaja de no tener que pasar por la pena de banquillo. Para llegar a dicha conformidad se ha tenido en cuenta por parte de la Fiscalía que la ley impone como máximo el triplo de la pena máxima impuesta por cada delito que tenga o pueda tener conexidad.

En este sentido, las fuentes han apuntado que aunque la Administración de Justicia celebre setenta juicios y los ex ediles del GIL sean condenados a setenta años no pueden cumplir más del triplo de la pena máxima. Además, las fuentes han subrayado que la pena por la que podrían ser condenados estos ex concejales por cada delito oscila desde una de multa de 12 a 24 meses o prisión de seis meses a dos años e inhabilitación de cargo público de siete a diez años.

No celebrar juicios, un gran ahorro

La Fiscalía se ha mostrado satisfecha con el acuerdo porque, aunque los ex ediles en algunos casos podrían haber sido condenados, según contempla la ley, a la mencionada multa, en el marco de este pacto éstos siempre serán condenados a penas de seis meses a un año de prisión, así como diez de inhabilitación.

En virtud de este acuerdo, la Administración de Justicia también consigue ahorrar en recursos materiales y humanos, al no tener que celebrar cada uno de los más de setenta juicios pendientes.

Entre los ex ediles que se podrán acoger a dicho pacto se encuentran los ex alcaldes de Marbella Marisol Yagüe y Julián Muñoz, que es el ex regidor con más causas judiciales abiertas en España y tiene alrededor de un centenar de procedimientos penales en curso en la Audiencia de Málaga por presuntas irregularidades urbanísticas.

El acuerdo deberá ser estudiado por cada ex concejal y su defensa, dado que si aceptan el mismo admitirán su culpabilidad en la concesión de presuntas licencias urbanísticas contrarias al planeamiento vigente en Marbella.

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