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 Imagen de archivo de algunos de los tripulantes del Playa de Bakio. (Efe)

La Audiencia Nacional ha comenzado a investigar el secuestro del atunero español Playa de Bakio perpetrado por piratas en aguas de Somalia. El juez Fernando Andreu decidió abrir las diligencias el pasado sábado, día en que se conoció la liberación de los 26 marineros. Previamente, Andreu había recibido información de la Policía durante la semana que duró el secuestro. El juez tomará declaración a la tripulación del pesquero e indagará sobre el supuesto delito de piratería, competencia específica de la Audiencia Nacional, aunque por ahora no ha fijado una fecha para que comparezcan los marineros, y se prevé que deje pasar unos días hasta que estén restablecidos del incidente.

Una de las consecuencias de la investigación podría ser el esclarecimiento de si el Gobierno o el armador pagaron un rescate por la liberación del pesquero, algo que de momento no se ha confirmado ni desmentido oficialmente. De hecho, según fuentes legales consultadas, el abono de una cantidad económica para lograr una puesta en libertad no está tipificado como delito, pero podría interpretarse como alguna forma de cooperación o complicidad con los malhechores.

Pese a que el jefe del puerto somalí de Haradhere, Abdisalam Khalif Ahmed, aseguró a la agencia Reuters que la liberación se había producido tras el pago de unos 766.000 euros a los piratas, el Gobierno continúa sin aclarar las circunstancias completas del rescate. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se limitó a explicar el sábado que la liberación fue fruto “de la acción coordinada y conjunta del Gobierno con el armador del barco, y de una intensa labor diplomática”.

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero no abandonó el terreno de la ambigüedad al se preguntado anoche sobre el caso en el programa de TVE ’59 segundos’. "El gobierno ha dado apoyo al empresario, ha volcado todos los esfuerzos diplomáticos y políticos para garantizar la seguridad y hemos tenido un resultado positivo; esto es lo que cuenta", afirmó Zapatero. El jefe del Gobierno insistió en que la primera obligación del Gobierno es preservar la vida "haciendo las cosas bien, y las cosas se han hecho bien", porque el resultado final ha sido "positivo". Además, ante la petición de explicaciones del PP, Zapatero recordó cómo, ante casos similares que han vivido países de nuestro entorno, "la oposición siempre se ha puesto del lado del Gobierno", consciente de que se trata de situaciones muy difíciles, en países con violencia permanente.

"Me vale como reflexión: todo el país se une para salvar a unos compatriotas" y "lo que hay que hacer es apoyar al empresario y utilizar todos los medios diplomáticos que los ciudadanos ponen en manos de un Gobierno para resolver situaciones difíciles", añadió Zapatero. Además, el presidente del Gobierno no comparecerá en el Congreso para explicar todo lo relativo al secuestro y la liberación del atunero, sino que serán Miguel Ángel Moratinos, ministro de Exteriores, y Elena Espinosa, ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, quienes acudirán a la Cámara baja. Zapatero señaló que los últimos días han sido "difíciles" y subrayó que el objetivo ahora es diseñar un plan de seguridad con países que faenan en la zona, como China, Japón, Corea del Sur o Francia, para dar garantías a los pesqueros.

Por su parte, Moratinos afirmó ayer que salvar la vida de los tripulantes del pesquero fue más importante que el coste de la operación para su liberación. "Eso no tiene coste, no tiene precio. Salvar a los españoles, hacerles garantizar su regreso a sus casas y proteger a los españoles, eso no tiene precio y corresponde al Gobierno garantizarlo", aseguró. La misión que ordenó el Ejecutivo español incluyó el desplazamiento a Somalia del embajador de España en Kenia, Nicolás Martín Cinto, para dialogar con las autoridades somalíes y el despliegue de una fragata y de un avión militar de vigilancia.

"Posiblemente se haya pagado"

En cuanto a si el Gobierno participó en el pago del supuesto rescate a los piratas, el secretario general del PSE-EE, Patxi López, afirmó en una entrevista en TVE, recogida por Efe, que el pago “posiblemente se haya efectuado, tal y como hacen otros países en circunstancias similares”. No obstante, López matizó que “no hay que mezclar” los secuestros cometidos en un Estado de Derecho como España con los perpetrados en países sin un gobierno estable, como Somalia.

Fuentes cercanas al ministerio de Defensa indicaron a este diario que el Gobierno avaló el pago del rescate, y señalaron que, en este tipo de sucesos, los armadores siempre son los encargados de proporcionar el dinero, generalmente a través de bufetes de abogados afincados en Londres. Sin embargo, estas fuentes explicaron que el Gobierno suele acabar por financiar el rescate a la empresa sirviéndose de medios legales como créditos ventajosos a la exportación o de otro tipo.

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