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 El pesquero escoltado tras el rescate / Efe.

Es secreto de Estado. O, al menos, de Gobierno. Se sabe que alguien pagó alrededor de 1,2 millones de dólares (unos 770.00 euros) a los secuestradores somalíes, pero oficialmente nadie da la cara por la procedencia del dinero. Ni mucho menos sobre los canales empleados para hacer llegar a los ‘piratas’ tan importante suma en uno de los países más pobres del planeta. "Me da igual lo que hayan pagado o dejado de pagar", aseguró Ainhize, hija del marinero del Playa de Bakio Juan Pedro Sesma. Lógico, pero la pregunta sigue ahí: ¿Quién pago el rescate?

Lo que se sabe es lo siguiente. La agencia británica Reuters pudo hablar con el presidente de la autoridad portuaria de la localidad somalí de Haradhere, Abdisalam Khalif Ahmed, quien aseguró que los piratas habían cobrado 770.000 euros que les fueron entregados en un barco pequeño. El jefe somalí explicó que los piratas llegaron a la ciudad de El- hud, desde donde salieron en coches alquilados y con mucho dinero en sus bolsillos. La versión tiene signos de verisimilitud, toda vez que fue corroborada por otras fuentes. “El atunero fue puesto en libertad tras el pago de un rescate de 1,2 millones de dólares para la liberación del barco y de sus 26 tripulantes”, indicó en un comunicado Andrew Mwangura, responsable del programa de asistencia a los marinos con sede en la ciudad portuaria de Momnasa.

Se pagó, por lo tanto, dinero, pero cuál es su origen. ¿Fondos reservados? Oficialmente, aunque parezca mentira, es un misterio para el Ejecutivo español: “El Gobierno no ha pagado ningún rescate”, indicó un portavoz gubernamental a la agencia AFP, al tiempo que añadía su ignorancia sobre si el armador del atunero había pagado por la liberación. “El armador ha tenido contactos con abogados en Londres, no sabemos si ha pagado o no”, dijo el portavoz. ¿Contactos con abogados? ¿Qué quiere decir eso?

La experiencia dice que este tipo de secuestros -sin planteamientos políticos y exclusivamente por dinero- se negocian a través de algún despacho de abogados de Londres especializado en asuntos ‘turbios’. El despacho hace de intermediario entre los secuestradores y el patrón del barco con el objetivo de transferir el rescate a alguna cuenta abierta en algún país de África. Los secuestradores sólo liberan a la tripulación cuando tienen constancia de que ese dinero “ha llegado” y puede cobrarse en metálico.

El año pasado más de 25 barcos fueron secuestrados en aguas somalíes pese a la presencia de navíos de guerra estadounidenses en el área, lo que da idea de que no se trata de un caso particular. Todo lo contrario, se siguen unas pautas ya conocidas por muchos.

Negociaciones desde Getxo

Entre quienes conocen esta operativa está el propio armador del Playa de Bakio, cuyos movimientos han debido ser conocidos en todo momento por el Gobierno español. Las leyes antiblanqueo exigen que se comunique a las autoridades la salida de dinero cuando el montante sea superior a los 10.000 euros para la entrada o salida de frontera. Una cantidad, como se ve, muy inferior a la cuantía del rescate, lo que quiere decir que el Gobierno debe conocer la operación.

Según ha publicado El Diario Vasco, la base de operaciones de las negociaciones ha estado en el municipio vizcaíno de Getxo, donde vive el gerente de la empresa Pevasa (Pesquería Vasco Montañesa), propietaria del atunero y con sede en Bermeo.

Él solito con su teléfono, dice el diario, logró el acuerdo. Lo confirmó el consejero vasco de Agricultura y Pesca, Gonzalo Sáenz de Samaniego, quien dijo que “el armador” había sido quien llevó “exclusivamente” una negociación que había sido “muy compleja”. El precedente de la capital británica lo había fijado el secuestro del Albacora IV, en 2002, que se resolvió en muy pocos días, pero en aquel caso los piratas eran capitaneados por mercenarios británicos que movieron rápidamente el pago del rescate utilizando abogados con sede en Londres.

Lo que también parece claro es que en la liberación no sólo participaron funcionarios españoles. Fuentes diplomáticas destacaron que Estados Unidos contribuyó a la liberación de los 26 tripulantes aportando al Gobierno español información sobre los movimientos del buque y de los piratas que mantenían retenidos a los pescadores. El Ejército estadounidense también ofreció aprovisionamiento a los medios aéreos y marítimos que España desplegó como parte de la operación para liberar a los pescadores, añadieron las mismas fuentes.

El Ejecutivo supo dónde estaba el barco gracias al buen hacer de los marineros. Cuando los piratas, con armas de fuego, asaltaron la nave, rompieron la antena y destrozaron la denominada caja azul (que contiene el programa informático que transmite las coordenadas de la embarcación a un satélite), los pescadores lograron lanzar una boya que se usa para indicar la posición de una nave accidentada o que está a punto de naufragar. Según fuentes gubernamentales, esa boya SOS se quedó adherida al casco del barco y facilitó su ubicación. En primera línea de colaboración han estado EEUU y Francia, con una presencia militar importante en la zona. Se supo donde estaba el barco, pero nada se sabe de dónde está el dinero. Justo lo que quiere saber el diputado Gustavo de Arístegui (PP), que ayer preguntó si ha habido pago” y, sobre todo, “quién lo ha hecho”, ya que su grupo se opone a “financiar la criminalidad”.

”Si ha habido pago y es del armador, no hay nada que decir”, y si “el Gobierno sólo se ha dedicado a hacer negociaciones, bienvenidas”, apuntó Arístegui.

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