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“Viva el juez Ruz. Hombres como él hacen que un pueblo crea en la Justicia”. Con frases de este tipo se alzaba ayer el pueblo de Marbella ante la decisión del magistrado de instrucción número 1 de Bilbao, Pablo Rafael Ruz Gutiérrez, sustituto temporal del magistrado Juan del Olmo, de enviar a la cárcel de Soto del Real al ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, por su implicación en el caso denominado Saqueo I, una medida que podrá eludir si presenta una fianza de tres millones de euros.

La elevada fianza responde a que el riesgo de fuga del ex asesor de Urbanismo marbellí reviste, según el juez, “visos de elevada probabilidad”. Así que ‘El jefe’ está de nuevo entre rejas. Atrás han quedado las cenas de estos días en el restaurante Cipriano y los paseítos por sus fincas marbellís. Contra todo pronóstico, no ha podido poner en marcha muchos de sus planes, como la cura de ozono en una lujosa clínica de Marbella para quitarse de encima unos kilitos de más y sus oraciones a la Virgen de la Caridad en Cartagena, que quedan postergadas para una mejor ocasión.

Roca no se esperaba este varapalo judicial tan inmediato a su puesta en libertad de la cárcel. Su hija apareció a primeras horas de la noche con un equipaje de mano para que su padre pudiese asearse en los calabozos de la Audiencia Nacional. Ahora empieza la cuenta atrás para encontrar 2,5 millones de euros, ya que a los tres millones impuestos por el juez de la Audiencia Nacional, se deberán restar los 450.000 euros que Roca ya pagó de fianza por este caso. Para determinar la cantidad de la fianza, el juez ha tenido en cuenta que esa cantidad pagada anteriormente fue reunida en el plazo de 24 horas.

Sombras y lagunas diversas hay para este magistrado sobre los fondos con los que se pagaron esa primera fianza. El auto recoge que su procedencia "resulta parcialmente dudosa, en cuanto pudiere presumirse el origen ilícito de los mismos". Del mismo modo que recoge que para recopilar el millón de euros impuesto como aval en el 'caso Malaya' tardó 18 días. Para el juez Ruz, todo ello "hace presumir que el acusado cuenta con amistades y vínculos familiares" que puedan hacer frente al importe de la fianza y se refiere a "sospechas existentes en cuanto a la posesión por el acusado de patrimonio en el extranjero”. El grueso de los 450.000 euros para que Roca eludiera la prisión en el 2002 fueron aportados por doce personas cercanas a él: entre ellas, tres imputados en el caso Malaya. Roca no lo tiene fácil si se sigue el rastro de sus bienes embargados.

Según ha sabido El Confidencial de fuentes policiales, se está haciendo un seguimiento “exhaustivo” a las personas más cercanas a Juan Antonio Roca afincadas en el extranjero. Una de ella es A.F.A, el hijo de una conocida empresaria marbellí, íntima amiga de la familia Roca, acusado por el Tribunal Superior de Justicia Andaluz de ser el intermediario entre el juez Urquía y Roca para la venta de su vivienda. Este “amigo de la familia” es seguido de cerca en Miami para evitar “posibles movimientos de capitales de paraísos fiscales mixtos como las islas Bahamas”. Hace unos meses, escuchas telefónicas desvelaban conversaciones entre el juez Urquía y su amigo A.F.A. en las que le decía: “Vente a Miami, en este sitio hay un montón de oportunidades". Desde que la justicia le vinculó a Roca asentó definitivamente en la capital de Florida.

Los 450.000 euros de la fianza del 'caso saqueo'

Al igual que en su día Juan del Olmo dispuso requerir al abogado de Roca, Paco Soriano, procesado ahora en el caso Malaya, que “procediera a presentar ante este Juzgado la relación de documentos relativos a los supuestos fiadores reales que han entregado el dinero referido a la fianza consignada”, ahora el magistrado Ruz hará lo propio. En el 2002 el abogado cordobés, tuvo que explicar que los 450.000 euros que ahora le restarán a la cantidad de los tres mil millones de euros fueron aportados por amigos y familiares. La mayoría de estos no podrán ahora pagarle nada a Roca por tener embargados sus cuentas y bienes. Éstos eran:

Pedro Román Zurdo, el ex teniente de alcalde de Marbella, imputado por presuntos delitos de blanqueo de capitales, aportó en el 2002 la cantidad de 60.000 euros para que su mejor amigo pudiese eludir las rejas. La misma cantidad aportó Pedro Peña Barragán, empresario de decoración imputado en 'Malaya' por presunto blanqueo, en libertad ahora con una fianza de cuatro millones de euros. Su amiga, consejera entonces de una importante empresa inmobiliaria en Marbella, Elena Bensoussan también quiso ser generosa en esa ocasión e igualó la cifra de 60.000 euros para reunir la fianza en el tiempo más breve posible. Menores cantidades fueron las de Andrés Gutiérrez Cuadrado, Guillermo Ximénez, Antonio Abril Cumpian y José Emilio Higuera.

Las mujeres de Roca tampoco le defraudaron en generosidad. Así, su esposa María Rosa Jimeno reunió 24.000 euros y María Castañón, su asesora jurídica del Ayuntamiento de Marbella, aportó 18.000 euros. Ella fue el artífice del acuerdo sobre el Plan General alcanzado con la Junta de Andalucía. Actualmente, Castañón está imputada en varias causas por irregularidades en la concesión de licencias, junto a su jefe.

El resto de la lista lo completan dos abogados marbellíes, Manuel C. F., hermano de la ex asesora jurídica, y Antonio A. C., y siete empresarios de Marbella, Murcia y Madrid, la mayoría altos directivos de una u otra manera relacionados con el sector inmobiliario y la construcción. También aparecían en el listado judicial Guillermo X. M., empresario de una conocida promotora; Ricardo P. R., administrador de una sociedad dedicada a la compraventa y arrendamiento de fincas rústicas y urbanas de Murcia; Pedro M. B., uno de los máximos directivos de una compañía de servicios mercantiles del sector de la alimentación vinculada societariamente a una empresa de construcciones y exportaciones; y dos empresarios más, altos cargos de empresas de importación y exportación de sociedades dedicadas a distintos sectores productivos, como José E. H. y Andrés G. C., muchas de ellas aún en funcionamiento.

Todos ellos consiguieron que Juan Antonio Roca saliera en libertad bajo fianza tras ser imputado por la presunta malversación de más de 36 millones de euros de las arcas municipales marbellíes entre 1991 y 1995. Después de Gil, que tuvo que pagar 700.000 euros, la suya fue la fianza más elevada. Por esta causa, Roca permaneció en prisión provisional tan sólo una semana, después de pasar los dos primeros días incomunicados. El motivo no fue tanto el riesgo de fuga, sino la posibilidad de que, con los imputados en la calle, “las pruebas se vieran gravemente alteradas y manipuladas”, según manifestó en su momento el juez. El fiscal llegó a pedir diez años de prisión para Roca.

Además de Saqueo I, a Roca le restan mas causas con la Justicia. Entre ellas Saqueo II, en la que deberá responder del dinero expoliado en el 2003, que asciende a unos 36 millones de euros. Un par de ellas más por temas de licencias irregulares en Marbella, la operación Malaya y las piezas separadas que han salido de este mismo procedimiento. Las últimas, la del caso del juez Francisco Javier Urquía, procesado por presunta prevaricación a favor de Roca.

Si no consigue en breve la fianza, Roca tendrá que salir de Soto del Real para prestar su declaración indagatoria el próximo día 22. Con su declaración concluirá esta ronda de diligencias previas al juicio. El magistrado Óscar Pérez contempla que la instrucción del 'caso Malaya' “se alargará aún meses” y justifica esta demora en que todavía no se han terminado las declaraciones indagatorias. No se ha decidido sobre el procesamiento de nuevos imputados; falta por conocer el resultado de las investigaciones en Andorra, Gibraltar, Isla de Man y Suiza; y, por último, aún está pendiente un informe económico de la Agencia Tributaria adscrita a la Fiscalía Anticorrupción.

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