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Cabreo en medios socialistas por las críticas de Josu Erkoreka, portavoz del PNV en el Congreso, por la supuesta desidia del Gobierno en la protección de los atuneros vascos en el Cuerno de África. "No mayor que la de la Ertaintza en la protección de las sedes socialistas", oigo decir en pleno calentón por el atentado de Elgoibar. Aunque son comparaciones odiosas, la anécdota ilustra sobre la simpleza de culpar al Gobierno de lo ocurrido en un remoto lugar del Océano Indico, donde ocasionalmente un reducidísimo número de ciudadanos se gana la vida.

Todos los españoles tienen derecho a la integridad física. Y el Estado tiene el deber de garantizar su seguridad. Está escrito en el capítulo de la Constitución dedicado a los derechos fundamentales. Pero es una obviedad que el Estado no puede poner un policía detrás del empresario, el trabajador o el turista que en un momento determinado decide localizar su actividad, económica o recreativa, a miles o decenas de miles de kilómetros del territorio nacional, más allá de la cobertura exigible al Servicio Exterior (sedes diplomáticas y consulares), que es muy limitada en materia de seguridad.

Por tanto, antes de hablar de la flojera del Gobierno y el incumplimiento de una de esas resoluciones del Congreso que son como cartas a los Reyes Magos, cuyos mandatos al Gobierno salen adelante sin fechas, sin condiciones y sin expresa mención a su carácter vinculante, deberíamos considerar los aspectos del problema verdaderamente relevantes en este fenómeno de la piratería en pleno siglo XXI. El principal: la descomposición del Estado (el de Somalia, en este caso), que abre el paso a los terroristas, los piratas o los señores de la guerra, totalmente al margen de la ley y los acuerdos bilaterales o multilaterales.

Algo más que la cuestión de los Estados fallidos. También cuestiones contantes y sonantes a escala doméstica, propia y ajena. Por ejemplo, visto desde España, el coste de un operativo de protección, por cuenta del contribuyente, claro, de los intereses de una empresa pesquera que decide faenar en aguas del Océano Indico. Y visto de Somalia, tampoco estaría mal que dedicáramos un turno a valorar la nada sorprendente sensación de expolio que pueden tener los somalíes.

¿Nos consta que nuestros atuneros tienen algún tipo de permiso para faenar en aquellas aguas o actúan en régimen de barra libre? Habida cuenta de que el Estado de Somalia prácticamente no existe, la respuesta es imaginable. Y algunas referencias nos llegan sobre la empatía de la población local con los piratas, vistos como defensores de los recursos naturales del país frente a la voracidad de grandes compañías internacionales.

Dicho todo lo cual, motivos tenemos para esperar un desenlace feliz en el secuestro del "Playa de Bakio" (13 marineros son españoles), ya con la fragata "Méndez Núñez" haciendo su función "disuasoria". Al fin y al cabo, como han dicho los secuestradores, "no problem", "solo se trata de dinero". Peor sería si anduvieran por medio las ideas políticas, las patrias y las religiones que, cuando se deslizan hacia el fanatismo, no traen más que desgracias.

Para Félix Sanz, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, persona cargada de experiencia y de sentido común, como coordinador de esa especie de gabinete de crisis que ha formado el Gobierno, no será difícil gestionar el final feliz de esta lamentable historia de piratas. Ya hablaremos luego de si convienen o no convienen los gestos de fuerza, al modo de Francia, recientemente concernida por un caso similar, aunque se trataba de un barco de recreo, en una tierra vinculada a su pasado colonial. No es el caso de España en el Cuerno de África.

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