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La decisión del máximo órgano de poder en ERC, su comisión permanente, de apoyar la manifestación del próximo día 18 de mayo en Amposta (Tarragona) contra el trasvase de agua del Ebro al área metropolitana barcelonesa, aprobada por el ejecutivo tripartito en el que ERC participa, ha constituido la última provocación hacia el gabinete que preside Montilla.

Aunque desde fuentes próximas al presidente de la Generalitat se enmarca la decisión de los “republicanos” en la lucha interna que libran cara al congreso a celebrar en junio, donde Carod (a través del actual presidente del parlamento autonómico, Ernest Benach), Puigcercós, Carretero y Uriel Bertrán se disputan el liderazgo de la formación independentista y se asegura que no peligra la estabilidad, lo cierto es que las “salidas de tono” de este socio debilitan frecuentemente la acción del gobierno autonómico.

En el PSC se considera insólito que ERC haya decidido “manifestarse contra sí mismos”, al apoyar una convocatoria que cuestiona un acuerdo del ejecutivo catalán con el central que fue respaldado por la totalidad del gobierno autonómico. Igualmente, en el entorno más próximo al conseller de Economía, Antoni Castells, se hacen cruces ante las últimas declaraciones del secretario general de ERC, Joan Puigcercós, exigiendo el concierto económico para el 2010 en paralelo a los preparativos de las negociaciones sobre la nueva financiación autonómica: “Si vamos a negociar un nuevo sistema, ¿qué credibilidad podemos tener si alguien de nuestra parte está diciendo que en un par de año estaremos pidiendo ya otra cosa?”.

En esta situación, Montilla gobierna día a día con la vista puesta en el calendario: inicio de las negociaciones para un nuevo sistema de financiación que han de estar finalizadas el 9 de agosto según prevé el Estatut; y congresos en junio de ERC -donde podrían decidir abandonar el gobierno autonómico-, de CDC -de donde podría salir un Mas disminuido en su liderazgo-, y de los propios socialistas catalanes.

Remodelación gubernamental

En función de los resultados que arroje cada una de estas citas, Montilla se vería obligado a convocar unas elecciones anticipadas –el escenario menos deseado- o acometería una profunda remodelación de su gobierno, probablemente en una situación de mayor fortaleza que la que tenía cuando fue designada para presidir la Generalitat.

Esa remodelación gubernamental no afectaría sólo a sus socios –en estos momentos, se da casi por seguro la salida del actual conseller de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, quemado por la gestión de la sequía- sino también a las propias filas socialistas, donde hoy por hoy parecen más fuera que dentro en un futuro inmediato consellers como el de Agricultura, Joaquim Llena; Sanidad, Marina Geli, y Justicia, Montserrat Tura. Antoni Castells, conseller de Economía, pese a su distanciamiento con Montilla como representante del área más catalanista, podría seguir en función de cómo haya ido la negociación sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y la actitud de los maragallistas-obiolistas en el próximo congreso socialista.

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