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El debate abierto en el PP ante el próximo Congreso del partido ha degenerado en una curiosa circunstancia. Unos y otros, léase Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, se lanzan las dentelladas amparándose en sus respectivos territorios. Mientras que al presidente del Partido Popular le han respaldado públicamente la mayoría de los barones regionales -ahí está el acto de demostración de fuerza del pasado sábado-, la presidenta madrileña tiene detrás a la mayoría de los militantes de la región a la que gobierna. El debate, por lo tanto, no se plantea en términos ideológicos, sino territoriales. Ganará no quien aporte más argumentos a favor de sus tesis en un debate abierto, sino quien cuente con más apoyos en cada uno de los territorios, lo cual va en contra del más elemental sistema democrático. Es algo más que evidente que Rajoy ha querido taponar cualquier rebelión interna dando un papel determinante a los jefes regionales de su partido.

Esta ‘baronización’ de la acción de los partidos se venía venir desde hace tiempo al calor de una creciente regionalización de la vida política española. Los debates ideológicos han dejado de tener un carácter transversal, sino que se ha impuesto un modus operando vertical, utilizando el sistema de articulación de los partidos expuesto por Duverger hace más de medio siglo. Es decir, que las bases -en este caso los asistentes al cónclave popular- no se comunican entre sí en función de afinidades de carácter ideológico, sino que se agrupan en justa correspondencia a su adscripción geográfica.

Se trata de un hecho nuevo en la política española desde la recuperación del sistema democrático. Desde 1977 los partidos políticos -grandes y pequeños- se han articulado a través de posiciones ideológicas, dando lugar en algunos casos a la creación de corrientes de opinión dentro de unas siglas aceptadas por todos sus miembros, y que no eran cuestionadas en ningún modo. En el Partido Socialista, por ejemplo, durante años brilló lo que los medios de comunicación denominaban guerrismo, que venía a significar una especie de partido dentro del partido, con una orientación política distinta a la que en aquel momento representaba el equipo dirigente. Había guerristas en Cataluña, Madrid y Andalucía habidas cuenta de que el punto de unión no era de carácter territorial, sino ideológico.

En otros casos, como sucedió en UCD, la variedad del ideal político venía determinada por la coexistencia de determinadas siglas dentro de una misma formación. En la UCD de Adolfo Suárez cohabitaban socialdemócratas, liberales o democristianos, pero la guerra –y hubo mucha- nunca se planteó en términos territoriales. Ni en Andalucía eran todos socialdemócratas ni en Valencia, todos democristianos. La ideología salpicaba todas las provincias (todavía no había CCAA) en función de la correlación de fuerzas existente en cada momento.

Con la consolidación de las comunidades autónomas, sin embargo, se ha recuperado el viejo sistema de articulación vertical que el maestro Duverger asignó a los partidos de corte autoritario, en los que los militantes se agrupaban en torno a un líder, sin que el sistema favoreciera la afinidad de los afiliados de forma transversal. Trasladando esta idea al sistema político vigente en España, con ese modelo se intenta evitar que los militantes de Murcia, Madrid o Cataluña, por poner un ejemplo, puedan comunicarse libremente con sus correligionarios de otras regiones en aras de lograr nuevas mayorías no estrictamente territorializadas y de carácter ideológico.

El fundamento organizativo de este sistema de carácter vertical se relaciona con el propio método de elección de los asistentes a un congreso. En un sistema de listas cerradas, como el español, la adhesión inquebrantable al líder regional es una cuestión indispensable para seguir en la vida política. Por lo tanto, quien quiera asistir a un Congreso en calidad de delegado debe aceptar –de arriba abajo- la estrategia de la dirección del partido. Los jefes políticos territoriales, de esta manera, procuran la homogeneidad del discurso político, que a su vez es expuesto en el cónclave del partido de forma unidireccional, sin matices. Cada jefe representa a un territorio, lo cuál sería coherente con un Estado confederal, donde existe una cierta oligopolización del poder.

Los congresos de los partidos, de esta manera, se convierten en una especie de reunión de jefes territoriales en los que se sacrifica la creación de espacios aptos para la libertad de pensamiento, toda vez que el líder supremo es la voz única de los representados.

Se trata, como es obvio, de una perversión de la democracia sin límites, desconocida en nuestro entorno político, donde el debate político tiene que ver con las ideas, no con los territorios. ¿Se imaginan un congreso de los conservadores británicos o de los socialdemócratas alemanes sobre la base de una pelea de Londres contra Manchester o de Munich contra Hamburgo? Sólo en la confederal suiza o en la fracturada Bélgica, donde conviven dos comunidades claramente diferentes, se producen este tipo de situaciones.

En el caso del PP, lo curioso es que estas características se dan en una formación que -con buen criterio- no se ha cansado de repetir en los últimos años que desde la Revolución francesa el sujeto de la acción política no son los territorios, sino los ciudadanos, al contrario que en el Antiguo Régimen, cuando los señores feudales representaban exclusivamente a sus propiedades.

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