Votar esta noticia

Resultado (96 Votos)

 El secretario general del PP en Murcia, Miguel Angel Cámara (Efe).

El ambiente social en Murcia, dominado ampliamente por el PP y sus corrientes de influencia, han puesto a la Justicia en entredicho a cuento de los últimos encarcelamientos provisionales y procesos abiertos contra cargos electos de este partido, que obtuvo en la Región con el 61% de los votos en las últimas elecciones generales del 9-M y consiguió el 56% de las papeletas en las autonómicas de mayo del año pasado. El boom del ladrillo ha creado tantos puestos de trabajo y repartido tantos y tantas mercedes que los murcianos apoyan a muerte a sus promotores principales: el PP y su empresariado afín.

Se intensifican en Murcia durante las últimas semanas las muestras de disconformidad y las críticas abiertas a la acción de la Justicia, que tiene a una veintena de cargos electos del PP imputados por delitos sobre todo urbanísticos y ha encarcelado provisionalmente durante tres meses a un acalde popular, el de Totana, mantiene a otro en prisión desde hace dos semanas, el de Torre Pacheco, y pidió 200.000 euros de fianza a un diputado regional elegido por el PP para que pudiera eludir la cárcel.

Cuando Manuel López Bernal, el fiscal jefe del TSJ murciano nombrado por el fiscal general Cándido Conde Pumpido, inició las investigaciones sobre casos de corrupción urbanística, cohechos, prevaricación, etcétera hace ya dos años, en los ambientes del PP se corrió la voz rápidamente de que el Ministerio Público actuaba por tendencia política, dada la afinidad de López Bernal con el PSOE.

Esa fue la explicación sotto voce de la sociedad bienpensante murciana cuando las investigaciones fiscales se fueron traduciendo en imputaciones y procesamientos por supuestas corrupciones, prevaricaciones, cohechos, tráficos de influencias, etcétera contra una docena de alcaldes del PP y otros tantos cargos públicos del mismo partido. No importaba que también hubiera investigaciones de ediles socialistas ni que la proporción de unos y otros se correspondiera con el reparto de poder municipal en la Región: 75% para el PP, 25% para el PSOE. “Si han hecho algo mal, ha sido por el bien del pueblo”. Ésa es la justificación más común, en Totana y Torre Pacheo, de los supuestos delitos de los alcaldes populares.

El estallido de la 'Operación Tótem' en noviembre, –por la que el regidor de Totana, José Martínez Andreo, pasó tres meses en la cárcel y el ex alcalde y diputado regional elegido por el PP y ahora en el Grupo Mixto, Juan Morales, está en libertad bajo fianza– hizo arreciar las críticas de la masa social partidaria del PP contra la Justicia: todo se debía, se insinuó y se pasó boca a boca, a “manejos” del ministro de Justica, Mariano Fernández Bermejo, que se presentaba como cabeza de lista del PSOE a las elecciones del 9-M.

Tras el encarcelamiento de Martínez Andreo, oleada justificatoria de sus actuaciones

Paralelamente, el encarcelamiento de Martínez Andreo en noviembre desató una oleada justificatoria de sus actuaciones y de manifestaciones de apoyo en su pueblo y a las puertas de la prisión de Sangonera, donde pasó su calvario navideño, con celebración de la Nochebuena incluida a las puertas de la cárcel por parte de varias decenas de vecinos totaneros.

La oleada justificatoria de los cargos “populares” y descalificatoria de la Justica subió de tono tras el encarcelamiento provisional, hace 20 días, del alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid. Una manifestación en su apoyo de varios cientos de pachequeros, que incluyó a parlamentarios nacionales del PP como Alberto Garre y Adolfo Fernández Aguilar, se celebró pocas horas después de que el primer edil ingresara en prisión.

Aparte de crecer en votos y llegar al 61% con este ambiente en las elecciones del 9-M, el poderoso e influyente PP murciano tiene a las fuerzas vivas de su parte. La prisión de García Madrid ha sido contestada indirectamente incluso por un párroco de su pueblo, Torre Pacheco, el cura Eugenio Mengual Andrés, que celebró “una misa por el alcalde” y le dedicó expresamente la homilía.

La guinda la ha puesto el histriónico abogado penalista del alcalde pachequero, José Pardo Geijo, pelo engominado y fino bigote de actor latino, quien ha sido denunciado por el juez del caso ante el Colegio de Abogados por falta de respeto y calumnias. El letrado se permitió la licencia de comparar al juez Salvador Calero con el inquisidor Torquemada, entre otras lindezas.

También en esto la influyente corriente de opinión favorable y justificatoria del PP encuentra razón de ser: resulta que el joven juez Calero, 30 años, es hijo de José Ramón Calero, Abogado del Estado, último portavoz en el Congreso de los Diputados de la Alianza Popular de Manuel Fraga y Antonio Hernández Mancha, y que fue descabalgado de la dirección regional del PP por el ahora sempiterno presidente Ramón Luis Valcárcel. “¡Venganza política!, claman en los mentideros “populares” de la Región murciana refiriéndose al juez/hijo Calero. El Colegio de Abogados ha hecho saber esta semana que desestima la petición del juez de actuar contra el abogado Pardo Geijo.

Votar esta noticia

Resultado (96 Votos)

Enlaces patrocinados

Aguirre juega a la ambigüedad y no aclara si presentará su candidatura en el Congreso del PP (22/04/2008)

El escándalo de los Monegros provoca una crisis en el Gobierno de Aragón(22/04/2008)

ETA vuelve a reforzar sus bombas con el nitrometano robado en Francia(21/04/2008)

Aguirre retrocede en su pugna con Rajoy, pero advierte que es una “jugadora de póquer”(21/04/2008)

Rajoy dice que jamás se le ha pasado por la cabeza que Esperanza Aguirre esté fuera del PP(21/04/2008)