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Como no hay mal que por bien no venga, la crisis del agua de Barcelona está teniendo una insospechada dimensión cultural que habría dejado perplejo al mismísimo Lázaro Carreter. Uno aprende de agua y al tiempo se empapa de vocabulario, ya que la vertiente desconocida de este fenómeno es la lexicográfica. Existen los grifos, sí, pero también los caños; las tuberías son conducciones; el agua es una masa hídrica medida en metros cúbicos; y están los trasvases, que aquí no existen porque lo que se ha acordado entre Zapatero y el sediento Montilla es una traída, un trasiego, una transfusión, un aporte, un ¡agua va! lanzada desde una palangana o jofaina, cualquier cosa menos esa maldita palabra.

El apunte trasciende de la especial sensibilidad gubernativa por el buen uso del idioma y no responde siquiera a reticencias por el empleo de un término que algunos consideran innombrable porque lo usaba Aznar incluso cuando se rellenaba el cubata. El Gobierno, que es muy mirado, no hace trasvases y menos si son del Ebro, porque resulta que en estos casos el Estatuto de Aragón, aprobado con el apoyo del PSOE y del PP, obliga a contar con esta comunidad para cualquier propuesta de obra hidráulica o acarreamiento de H2O que la afecte y la confiere autoridad suficiente para emitir un informe preceptivo. En resumen, que al pan, pan y al trasvase, mudanza de fluidos, por si las moscas.

Sea como fuere, la emergencia de Barcelona ha insuflado renovados bríos al debate sobre la política del agua del Ejecutivo y respecto a la supuesta inconveniencia, metedura de pata, despropósito o desbarro que supuso la paralización del Plan Hidrológico Nacional aznarí y con él la liquidación del dichoso trasvase del Ebro en su versión ciclópea. Como se trata de hacer memoria convendría recordar a los enojados presidentes de Valencia y de Murcia algunas de las razones por las que aquella obra que tan contentos pondría a sus agricultores y a sus especuladores urbanísticos era un disparate, una imprudencia y un desatino, un atentado ecológico descomunal y monstruoso (y hasta aquí los sinónimos, que ya cansan).

El trasvase del Ebro es, de entrada, una obra antieconómica que beneficiaría a los florentinos de turno ahora que la construcción está en caída libre, pero que multiplicaría el coste del agua. Se hablaba entonces de un euro por metro cúbico, más del doble que la obtenida por desalinización, que ofrece una ventaja añadida: el líquido resultante es apto para el consumo humano mientras que el que hubiera llegado por los intrincados caminos del hormigón no podría cumplir los estándares de potabilidad de la Unión Europea.

Su diseño requería de la construcción de varios embalses en el Pirineo y, en consecuencia, del anegamiento de sus respectivos valles, con lo que a sus habitantes, que también tienen algún derecho aunque lleven boina, habría que haberles dotado de agallas, o en su defecto trasladarles por la fuerza a algún adosado en la costa levantina, con jardín y campo de golf, para que comprobasen el alcance de su sacrificio.

Aumentar la regulación del Ebro, es decir, impedir aún más que sus aguas viertan al mar hubiera acabado en un tiempo récord con el delta del Ebro, que ya de por sí se hunde cada año varios milímetros. Es posible que las aves que lo pueblan nos importen un bledo porque al fin y al cabo lo ponen todo perdido de plumas, pero seguir cortando el flujo de los limos que el río transporta al Mediterráneo tendría un efecto letal para la regeneración de las playas de arena, que no las fabrica Dragados ni Sacyr, aunque el dueño de esta última sea un señor de Murcia que lo que sí hace son chalets con vistas al mar. Los expertos aconsejaban incluso la construcción de un by-pass en la actual presa de Ribaroja, de manera que se permitiera el tránsito de estos sedimentos en los momentos de crecida del río, una gran obra también, aunque con fines radicalmente distintos a los perseguidos por los apóstoles del trasvase.

Como último apunte de la insensatez, sus defensores reconocían que en épocas de sequía –que es cuando debería ser más necesario- no podría trasvasarse ni un litro de agua. En consecuencia, que si las ranas llevan cantimplora en el Júcar, en el Ebro no hacen saltos de trampolín, ya que las sequías tienen una dimensión regional. Finalmente, el trasvase tampoco serviría para aprovechar las crecidas del Ebro, ya que el canal previsto para hacer circular el agua apenas recogería el 2% de sus riadas.

Éstos son los datos que maneja Pedro Arrojo, profesor de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, doctor en Ciencias Físicas, premio Goldman de Medio Ambiente, autor de estudios comparativos sobre la gestión del agua en California y España y miembro del Comité Hombre y Biosfera de la UNESCO. En resumen, todo un ignorante en la materia. El citado Arrojo, que de esto no sabe y que seguro que está a sueldo de Greenpeace o de la Asociación para la Defensa del Petirrojo, ha publicado un artículo en el diario El País sobre el caso de Barcelona en el que afirma que la emergencia actual es excepcional y, posiblemente, no se vuelva a producir una vez que esté en funcionamiento la planta de ósmosis inversa del Llobregat, actualmente en su fase final de construcción.

Barcelona nada sobre un gigantesco acuífero, cuyas aguas, irresponsablemente contaminadas, podrán recuperarse a un coste de 0,25 euros por metro cúbico desde la citada planta, que destilará 200.000 metros cúbicos diarios en pleno funcionamiento. Tanto la depuración como la desalinización (0,40 euros) es mucho más rentable que el trasvase desde el Ródano del que CiU ha hecho bandera (1 euro) o el descabellado trasvase del Alto Segre con el que amenazaba la Generalitat (más de 3 euros).

La opción acordada –el trasvase a Barcelona mediante canalización del agua adquirida a regantes del Ebro - ha sido apresurada y de emergencia, pero es la mejor de todas las posibles si, como se asegura, no detrae ni una sola gota del río. Una solución similar se adoptó en Sevilla, a principios de los noventa. La ciudad calmó su sed con el agua comprada a 7 pesetas el metro cúbico a los regantes del Bajo Guadalquivir.

Además del uso de los sinónimos, lo que esta crisis debiera dejarnos cuatro ideas claras sobre el problema del agua en España. La primera es que el consumo humano no representa ni un 10% del total, por lo que, asegurado este derecho, el resto debe gestionarse con criterios económicos. La segunda es que no todos pagamos el mismo precio por el agua: los 1.000 litros que salen por el grifo de la cocina cuestan un euro; los que llegan a la acequia del agricultor, un céntimo. La tercera es que las pérdidas de agua en las redes superan el 30%, aunque a los precios a los que se paga es más barato el dispendio que arreglar la tubería. Y la cuarta es que Levante no es Escocia y nunca se ha visto el golf ni por la tele. La solución está en la factura.

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