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No hay palabras para describir lo que se está viviendo en la prensa canaria a cuenta del escándalo por las excesivas muertes en el servicio de cirugía cardíaca del Hospital Universitario de Canarias. Sí, muertes y en exceso. Más clarito: que hay personas que no deberían haber fallecido en los quirófanos del citado hospital. Concretamente, que se sepa, ochenta. Y no sólo son palabras, lo dice un documento. La famosa auditoría externa realizada por la Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular (SECTCV). En lugar de rendir cuentas, como ya se publicara en este diario, la consejera popular Mercedes Roldós y el Consorcio Sanitario de Tenerife han decidido que es mejor esconder la cabeza y amenazar con querellas por si a alguno se le ocurre reclamar, por ejemplo... una explicación.

La que suscribe ha de confesar que jamás pensó que estas amenazas surtieran efecto. Pero un buen consejo que no suelo seguir es que no hay que perder la capacidad de sorprenderse. En el diario El Día, que se considera más bien próximo al Gobierno canario, el escritor Francisco Ayala publicaba el día 10 de abril, un día antes de las amenazas de la consejera, en su Media Columna que después de las denuncias internas de un médico, el doctor Díaz de Tuesta, “el hecho más grave” fue “desoír, cree este periodista, las advertencias sobre los casos ocurridos. Y probados”. Es decir, que con todos los respetos, la Consejería no había actuado con la total diligencia esperada.

Dos días después, amenazas de la consejera mediante, Ayala escribía: “Un servidor, que ha podido incrementar la alarma por haber publicado el comentario anterior sobre el tema, pide perdón a los lectores porque el periodista no tiene ningún medio para averiguar lo que es y no es verdad en los textos de que se fía, cuando el mismo medio de comunicación también se ha fiado. Sin embargo, no por la aclaración del HUC, sino por las declaraciones que oí por televisión al doctor Antonio Alarcó, a quien tengo por uno de los mejores cirujanos españoles y persona más seria y preparada, he podido comprender y tranquilizarme”.

Y no es casualidad que Antonio Alarcó, cirujano a la par que senador, sea mencionado por Ayala porque según cuentan las malas lenguas sanitarias de Santa Cruz de Tenerife, ha sido el halagado facultativo el que ha dado ciertos toques a los medios de comunicación canarios aconsejando que el tema de la mortalidad, mejor ni mentarlo.

A la vista de los acontecimientos, las fuerzas vivas de las Sanidad de las islas deben considerar al ciudadano canario un necio ignorante, que no tiene el más mínimo interés por pensar siquiera que en la Consejería y en la Gerencia del hospital se hayan podido equivocar ocultando un problema que se estaba cobrando vidas. O que como son vidas de necios ignorantes pues para qué dar explicaciones.

Por el contrario, parece que la única instancia que ha pensado en el ciudadano ha sido la prensa. Y, pese a echar piedras sobre el propio tejado, la situación raya lo lamentable porque no se trata, como en otras áreas, de dinero o poder, sino de la salud de las personas, de la vida. Una consideración que El Confidencial mencionó en este mismo espacio de opinión haciendo referencia al Caso Lamela o del Hospital Severo Ochoa de Leganés.

Al ex consejero de Sanidad madrileño Manuel Lamela se le puede acusar de muchas cosas, pero no de despreocuparse de sus ciudadanos puesto que desde el minuto uno que tuvo conocimiento de las presuntas sedaciones ilegales apartó al equipo sospechoso de mala praxis. Del mismo partido, Mercedes Roldós ha preferido mirar para otro lado. Y, lo que es peor, obligar a que el resto haga lo mismo. Para echarse a temblar.

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