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 Sebastián recibe la cartera de Industria de Joan Clos. (Efe)

Miguel Sebatián y César Antonio Molina, titulares de Industria y Cultura, serán los encargados de firmar la orden ministerial que ponga en marcha el controvertido canon digital. Un gesto que probablemente les reporte la animadversión de, al menos, los dos millones de ciudadanos que se han sumado a la plataforma Todos Contra el Canon, pero que calmará la inquietud de las entidades de gestión, preocupadas por el retraso que acumula esta medida gubernamental. La aprobación del canon es la envenenada herencia que Joan Clos le ha dejado a Sebastián, uno de los nombres con más peso en el nuevo Ejecutivo de Zapatero. Industria acordó con Cultura, el pasado 18 de diciembre, los nuevos gravámenes para todo tipo de soportes y dispositivos que almacenen, copien o reproduzcan información, pero la medida todavía no se ha hecho efectiva.

El Gobierno previó que las nuevas tasas se comenzarían a cobrar a mediados de enero, pero las órdenes ministeriales, pese a estar redactadas, quedaron olvidadas en un cajón a la espera de que Clos y Molina estamparan su firma. Con la llegada de la campaña electoral, Mariano Rajoy se sumó a la lucha contra el canon y prometió eliminarlo si llegaba a La Moncloa, mientras que los responsables de Todos Contra el Canon redoblaron su campaña de presión para eliminar el impuesto. El PSOE quedó preso entre las reivindicaciones ciudadanas contra la tasa, y las presiones de las entidades de gestión y algunos artistas, que a su vez conformaron la Plataforma de Apoyo a Zapatero.

El gravamen se congeló a la espera de un contexto más favorable para su puesta en marcha, aunque el deterioro de la situación económica y el incremento de la inflación no auguran un marco propicio para aumentar los precios de unos productos de uso tan común, tanto en el ámbito laboral como en el doméstico, como los teléfonos móviles, CD-R, DVD o MP3. Por ello, la mayoría de organizaciones de consumidores se oponen a un canon que perjudique directamente los bolsillos de los usuarios. Ahora, Sebastián y Molina serán los responsables de su implantación, pero también deberán abordar otro asunto polémico: el debate en torno al intercambio y la descarga de archivos a través de Internet.

Este tipo de actividades no son delito en España, si se realizan sin ánimo de lucro, pero su persecución y penalización es una de las principales demandas de las entidades de gestión y de la industria cultural. El debate está vivo en Europa, donde la política restrictiva que trata de llevar a cabo, por ejemplo, Nicolas Sarkozy en Francia contrasta con tendencias más flexibles como el último informe sobre industrias culturales aprobado por el Parlamento Europeo.

El documento, presentado por el eurodiputado francés del Grupo Socialista Guy Bono, señala que “la criminalización de los consumidores sin intenciones de lucro no es una buena solución para luchar contra la piratería informática”. Además, el Parlamento pide a la Comisión Europea que reconozca que “con Internet han cambiado de forma radical los modos clásicos de utilización de los productos y servicios culturales, y que es esencial velar por un acceso sin obstáculos a los contenidos culturales en línea y a la diversidad de las expresiones culturales, por encima de una lógica puramente económica y comercial, garantizando a la vez una justa remuneración para todas las categorías de titulares de derechos”.

Esta es la sensibilidad mayoritaria también en España, uno de los países más aficionados al intercambio de archivos, pero también donde más aceptación tienen entre los creadores las licencias copyleft, menos restrictivas con los derechos de autor tradicionales, ya que permiten la copia y distribución libre de una obra si se realiza sin ánimo de lucro.

Para el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, resulta “esperanzador” el informe del Parlamento Europeo en un momento en que las libertades civiles se pueden ver afectadas por las campañas contra la piratería. Domingo recordó también que España cuenta con el peor ADSL y el más caro de los países desarrollados de la UE, por lo que rechazó que se pueda recortar la calidad del servicio o aplicar otro canon para impedir que se descarguen películas o canciones de la Red, como insinuaron recientemente la directora de la Academia de Cine, Ángeles González-Sinde, y el presidente de la Sociedad General de Autores, Teddy Bautista.

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