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Donde dije digo y donde digo trasvase no, digo Ebro sí. Los partidos integrantes del tripartito catalán firmaron el 10 de octubre de 2003 el documento "Compromiso por el Ebro", por el que se comprometían con la Plataforma en Defensa del Ebro a parar el Plan Hidrológico Nacional y todos los trasvases que implicaba. Fue firmado a pocas semanas de las elecciones de 2003 y rechazaba de plano la prolongación de minitrasvases como el de Tarragona hasta Barcelona. El documento, que sirvió en aquella época para situar a CiU en la oposición y propiciaron un pacto de gobierno entre PSC, ERC e ICV-EUiA, fue evocado ayer por el portavoz de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, y por la portavoz de los populares catalanes, Carina Mejías. Ambos denunciaron la "demagogia" con la que actuaron entonces las fuerzas de izquierda catalanas.

El "Compromiso por el Ebro" incluía siete puntos, en los que PSC, ERC e ICV-EUiA dejaban claro su rechazo a los trasvases del Ebro previstos en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) impulsado por el Gobierno de José María Aznar. El documento rechazaba explícitamente también el proyecto de conexión de las redes del Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT) con la cuenca del Ter-Llobregat (ATLL), impulsado por el gobierno de Jordi Pujol para complementar el suministro de agua a Barcelona. En concreto, el punto 3 del documento planteaba "pedir la retirada del Proyecto de Conexión de las Redes CAT-ATLL (DOGC 5/8/02) porque representa el inicio del trasvase del Ebro y porque Cataluña no precisa de más concesiones de agua de otras cuencas".

Sin embargo, la sequía por la que atraviesa Barcelona, que podría provocar restricciones de agua para el comienzo del otoño, ha sido más fuerte que las convicciones políticas expresadas hasta ahora por el tripartito. El Gobierno y la Generalitat sellaron ayer un pacto para iniciar en mayo las obras de prolongación del llamado "minitrasvase" del Ebro a Tarragona, con el fin de aportar unos 50 hm3 de agua al área de Barcelona procedente de los "excedentes" de los regantes del delta.

Según explicaron fuentes del sector del agua en Barcelona, el papel de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, fue fundamental para convencer al Gobienro que encabeza Montilla de la necesidad de adoptar este trasvase para mitigar la escasez de agua, aunque eso supusiera incurrir en una evidente contradicción ante los votantes catalanes. De hecho, la Generalitat había tratado previamente de tomar el agua del Segre, afluente del Ebro, para disimular su actuación, aunque la operación fue denunciada por los alcaldes de la zona. Pero, finalmente, la Generalitat tuvo que aceptar esta solución como la única viable a corto plazo.

Los técnicos apoyan la solución de tomar agua del Ebro para calmar la sed de Barcelona, siempre y cuando se mantenga en los límites de los 125 hm3 que actualmente pueden utilizar los regantes de Tarragona, quienes venden sus excedentes tras consumir en torno a 80 hm3. De esta forma no se sustraería agua adicional al río ni se perjudicaría al ecosistema del Delta. Esta limitación del volumen, el tamaño de la obra y el destino doméstico que se le dará al agua son las grandes diferencias entre este trasvase y el faraónico proyecto previsto en el derogado Plan Hidrológico Nacional para llevar agua del Ebro a Valencia y Murcia.

Sin embargo, pese a las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, y del conseller catalán del ramo, Francesc Baltasar, que destacaron que se trata de una medida "provisional" y de "emergencia", las fuentes consultadas señalaron que la tubería de 62 kilómetros que se construirá soterrada bajo la autopista AP-7, y que costará unos 180 millones de euros, no será "desmontable". Al contrario, afirmaron que se convertirá en una infraestructura esencial para garantizar el abastecimiento de Barcelona a largo plazo, y que será de doble dirección, de modo que no solo podrá tomar agua del Ebro, sino que será capaz de devolver el flujo sobrante.

Barcelona arrastra desde los años setenta un notable déficit en su capacidad para almacenar y generar el agua necesaria para satisfacer su demanda. La sequía de 2005 también estuvo a punto de causar restricciones en el área metropolitana, por lo que se aceleró la construcción de la desaladora de El Prat, que comenzará a funcionar en el verano de 2009. Será a partir de esa fecha, cuando la combinación del agua desalada, del trasvase del Ebro, de la recuperación de pozos y acequias, y de la reutilización permitirá a Barcelona soportar sequías de hasta tres años de duración.

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