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 Tontxu Campos / Efe.

El Gobierno vasco impuso la práctica exclusividad del euskera en la escuela a golpe de decreto y ahora mediante un proyecto de ley quiere premiar a los colegios más obedientes. Dichos centros educativos no son otros que las ikastolas y los centros religiosos (Kristau Eskola) de carácter concertado y que ya han implantado el decreto del currículum vasco o ‘euskodecretazo’, antes de entrar en vigor el próximo curso. La enseñanza privada o semiprivada será beneficiada con un nivel de subvenciones similar a que reciben los colegios públicos. Así lo han denunciado la Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística y los grupos políticos en la oposición PP y PSOE de Euskadi.

La citada asociación, formada por numerosas familias que exigen recuperar la libertad de elección a que sus hijos estudien en cualquiera de las dos lenguas oficiales, euskera y castellano, entiende este nuevo proyecto de ley como “pago a los servicios”, según declara uno de sus portavoces a El Confidencial, “porque ha sido la patronal de los centros concertados los que realmente han hecho el decreto del currículum vasco, el consejero sólo ha tenido que firmar”.

Palabras de indignación de padres y madres que ven cómo, por ejemplo, los colegios de sus hijos han dejado de impartir una educación bilingüe español-inglés, a favor del euskera, con prisas y sin dar apenas información. Tal es la desesperación que, como ya contara este diario, un grupo de familias en la provincia de Álava llegó a plantearse la creación de una cooperativa para fundar un colegio en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro.

El Gobierno vasco, por su parte, niega que el aumento de la financiación en los próximos cuatro años de las escuelas concertadas a través de la futura Ley del Sistema Educativo Vasco sea ningún tipo de chantaje ni premio, porque, además, llevará contrapartidas como la admisión de un porcentaje mayor de inmigrantes, planes de convivencia y de integración para menores con discapacidades.

Respuesta de la oposición

El portavoz de Educación del PP, Iñaki Oyarzábal, pidió en la tarde de ayer al consejero de Educación Tontxu Campos que ofrezca explicaciones en el Parlamento sobre el proyecto de ley y reclamará que se sancione a los ayuntamientos que tratan de “dirigir” la elección de los padres hacia la enseñanza en euskera.

Asimismo, criticó la forma en que el Ejecutivo está llevando a cabo el borrador de esta norma porque "no había sido anunciada" y se ha dado a conocer "en un momento en el que el Gobierno no se atreve a traer la reforma de los modelos lingüísticos que anunció hace un año porque está siendo muy contestada". En este contexto, la norma que equiparará la financiación de la red concertada y la pública responde, a su juicio, al objetivo de "tapar la boca a los centros concertados y allanar el camino" a la reforma de los modelos.

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