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 María Emilia Casas (Efe)

La huelga de los funcionarios de Justicia y las negligencias en el caso de la niña Mari Luz han puesto de relieve las carencias del Tercer Poder del Estado. Tanto es así que los líderes de los principales grupos políticos lo han elevado a la categoría de ‘tema’ en sus discursos de investidura. Pero las diferencias salariales entre comunidades autónomas, la inoperancia de algunos jueces o la falta de renovación en los órganos de gobierno de la Magistratura no son los únicos problemas a los que se enfrenta el ciudadano cuando tiene que hacer uso de los organismos Justicia.

Uno de los más graves es que el Tribunal Constitucional ha optado por librarse del colapso de casos rechazando el 95% de los recursos de amparo sin dar excesivas explicaciones. Los demandantes se encuentran con un par de párrafos en los que se tira por tierra sus pretensiones de pelear por sus derechos constitucionales, según fuentes jurídicas totalmente solventes y tal y como ha podido comprobar El Confidencial en diversos casos consultados.

Sin ir más lejos, el propio dirigente de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Otegi, actualmente en prisión, se encontró en la mañana de ayer con un escueta comunicado de dos párrafos en la que el Alto Tribunal rechaza admitir su recurso de amparo por presunta vulneración del derecho a un juicio justo y con todas las garantías porque “el recurrente no ha satisfecho de forma expresa la carga consistente en justificar la especial trascendencia constitucional del recurso”. Al margen de quién sea el protagonista de este caso, el derecho a la debida motivación de las resoluciones y sentencias está contemplado en el artículo 120 de la Constitución y es válido para todos los ciudadanos españoles.

Así las cosas, las fuentes aludidas recuerdan que la actual presidenta del Constitucional María Emilia Casas se comprometió a aligerar la carga de este Tribunal y desde entonces tan sólo pasan por evaluación y sentencia entre el 4 y 5% de los recursos de amparo. Es decir, “se ventilan el 95% de los casos sin apenas explicaciones conculcando así el derecho a la tutela judicial”. Por ello, entre los juristas se empieza a oír que “si no les gusta el recurso de amparo que lo quiten, pero si está deben cumplir con ello”.

Cuestiones sin fondo para el Alto Tribunal

La indignación cunde entre los abogados porque “tan importante es este recurso para un ciudadano que se ve abocado a un desahucio, por ejemplo, como para Los Albertos” que han terminado por librarse de la cárcel por el caso Urbanor. “Como reza una refrán ruso: lo mismo sufre el topo que el elefante cuando los despellejan”, apostillan las fuentes.

En los casos consultados, los magistrados del Alto Tribunal suelen argumentar sistemáticamente que “la pretensión que se quiere hacer valer en el recurso carece manifiestamente de contenido que justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional”, posteriormente se recuerda al Ministerio Fiscal por si quisiera interponer recurso de súplica en el plazo de tres días, se fecha, se firma... y a otra cosa.

Ante la disconformidad del reclamante de amparo, existe un último recurso: el Tribunal de Estrasburgo. Sin embargo, esta baza queda para los más persistentes puesto que el proceso es muy lento. Fuentes jurídicas aseguran que “cuando obtenemos la resolución de un recurso siempre preguntamos si el demandante continúa con vida”. Al margen de bromas, “es muy triste que los españoles tengamos que acudir a Estrasburgo porque aquí nos cierren las puertas en los tribunales”, concluyen.

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