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El ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, aseguró ayer por la tarde que la huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia no transferida "ha tocado a su fin" y ello ha sido posible sin que nadie "salga con cara de vencedor ni de vencido".

En rueda de prensa en la sede del Ministerio tras firmar el acuerdo que pone fin a dos meses de huelga con CCOO y UGT -que no ha sido ratificado por CSI-CSIF y STAJ-, Bermejo dejó claro que quienes salen vencedores de este acuerdo son los ciudadanos, que han sufrido más de 60 días de paros. Preguntado por si este largo conflicto va a influir en su carrera política, el ministro en funciones dijo que no tiene ni vanidad ni ambición, pero precisó que, si el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quiere repetir su confianza en él, estará "encantado de renovar el compromiso" con los ciudadanos.

Tras recordar que el documento se ha firmado con las dos organizaciones sindicales mayoritarias en el sector, Fernández Bermejo señaló que se trata de un "magnífico acuerdo, que deja a todos satisfechos", a pesar de que reconoció que tanto CSI-CSIF como STAJ han preferido esperar a consultar a sus bases. El ministro justificó la decisión de convocar a los máximos dirigentes de la Función Pública a la negociación con que se hubiera "perdido la confianza" en los responsables de Justicia de ambos sindicatos tras el "incidente" del 1 de abril.

Entonces, los sindicatos dieron marcha atrás en su postura y, después de aceptar un acuerdo con el Ministerio, pidieron el voto negativo a los trabajadores en referéndum. "Le puedo asegurar que no es nada fácil mantener una negociación en plena campaña electoral", admitió el ministro, quien explicó que él ha intervenido personalmente desde el primer momento del conflicto.

Por su parte, el secretario de la Federación de Servicios Públicos de CCOO, Miguel Segarra, negó tajantemente que haya puenteado a los representantes de la Administración de Justicia y ha hecho hincapié en que todos los sindicatos están de acuerdo con el documento, aunque no en su firma inmediata. "Teníamos que dar una salida a este conflicto", subrayó Segarra, antes de apuntar que está "muy tranquilo" y convencido de que en unos días el conflicto con una parte de la militancia del sindicato se va a reconducir. "No se ha puenteado absolutamente a nadie", reiteró también su homólogo en UGT, Julio Lacuerda, que alertó de que si la huelga continuaba indefinidamente se podían producir "daños irreparables" en el servicio de Justicia.

A su entender, los paros estaban conculcando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. Tras agradecer al Gobierno su "sensibilidad", Lacuerda reconoció que las centrales sindicales deben hacer autocrítica. Sobre los reproches que le han lanzado desde una parte de la organización por su actuación en este asunto, aseguró que UGT "no es la prisión de San Quintín" y que, por lo tanto, aquel afiliado que no esté de acuerdo con lo que se ha negociado, puede darse de baja.

Tanto militantes de UGT como de CCOO que no estaban satisfechos con lo pactado se apostaron durante más de una hora en las diferentes puertas del Ministerio esperando a que salieran de él Segarra y Lacuerda, para expresarles la repulsa por su actuación. Cuando finalmente abandonaron la sede ministerial, protegidos por agentes antidisturbios de la Policía, ambos fueron abucheados y criticados con gritos como "traidores" y "nos habéis vendido".

El ministro en funciones de Justicia y los representantes de la cúpula de los sindicatos UGT y CC.OO. alcanzaron sobre las 17.00 horas un acuerdo para poner fin a la huelga. Sin embargo, este pacto ha provocado el malestar con el área de Justicia de CC.OO. y de un grupo de aproximadamente medio centenar de trabajadores que, a las puertas del Ministerio, protestaban con gritos de "traidores".

El ministro y los sindicatos UGT, CC.OO., CSI-CSIF y STAJ reanudaron a las 14.00 horas de este domingo la mesa de negociación después de que las conversaciones se interrumpieran a las 6.00 horas del domingo tras 14 horas de reunión.

El Ministerio de Justicia realizó una nueva oferta a los funcionarios que contemplaría una subida de 190 euros mensuales, de los cuales 160 se harían efectivos este mismo año. De este incremento de 160 euros mensuales este año, 80 euros tendrían lugar con efecto retroactivo desde el 1 de enero y otros 80 se comenzarían a pagar el 1 de julio.

Los 80 euros no abonados de los primeros seis meses del año se incluirían en una paga extraordinaria de 480 euros, que se haría efectiva en enero de 2009. En ese año se mantendrían estas cantidades y se ampliarían en 30 euros más.

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