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En los últimos días, y al calor de la huelga de los funcionarios de justicia en aquellas comunidades en las que esta materia no está transferida, se ha suscitado un vivo debate sobre si es lógico que unos empleados públicos cobren más que otros en función de su residencia. Muchos han tildado esta realidad de inconstitucional con un argumento central: la Carta Magna declara la igualdad de todos los españoles, por lo que el hecho de que un funcionario judicial o un policía cobre menos que otro compañero con similar categoría profesional, por la mera circunstancia de vivir en Mérida o Badalona, no es más que un atropello que choca contra los principios constitucionales.

Otros, por el contrario, piensan que no hay motivos para extrañarse, toda vez que esta situación es coherente con la España de las autonomías que consagra la Constitución de 1978. Si un parlamento regional -elegido democráticamente- decide subir el salario de los funcionarios por encima de la media del sector, al único que corresponde enjuiciar esa política retributiva es a los ciudadanos que cada cuatro años acuden a las urnas, por lo que no caben críticas. Unos parlamentos gastan más dinero que otros en cultura o asistencia sanitaria y nadie se rasga las vestiduras. Y hasta la presión fiscal es distinta en Madrid o Barcelona. Cada cámara regional es, por lo tanto, libre de establecer su política de prioridades en materia de gasto e ingresos públicos.

En realidad, estamos ante un viejo problema que tarde o temprano iba a estallar. La España de las autonomías consagra diferencias entre regiones, pero no sólo de carácter salarial. La política de vivienda, la asistencia sanitaria o el nivel de prestaciones sociales es diferente en función de cada territorio. Y todo indica que esta tendencia a la divergencia, lejos de corregirse, tenderá a aumentar. ¿Quiere decir esto que el sistema autonómico ha fallado y que, por lo tanto, hay que volver al Estado centralista? No parece que ésa sea la solución. Al contrario. Lo lógico sería cerrar de una vez por todas el Estado autonómico, cediendo a todas las comunidades autónomas las competencias que todavía descansan sobre la Administración central, y que en puridad deberían haber sido transferidas a todas las regiones.

Eso sí, cerrando constitucionalmente, y en paralelo, los asuntos sobre los que el Estado tiene competencia exclusiva y que no pueden ni deben ser parte de la negociación política, como ha sucedido con el Estatut catalán. Incluso, rescatando algunas competencias como las de ordenación del territorio que hoy descansan de manera inexplicable en las comunidades autónomas y los ayuntamientos a través de los planes urbanísticos. En una palabra, cerrando definitivamente el Título VIII de la Constitución.

Sorprende el interés que han mostrado siempre algunas comunidades autónomas a la hora de pedir competencias en materias con un fuerte componente de gasto público (educación o sanidad), ya que eso da votos; pero cuando se trata de asuntos peliagudos, como la creación de una policía autonómica o la gestión de las prisiones, pocas son las que aprietan el timbre del Ministerio de Administraciones Públicas pidiendo una reunión.

Así se ha llegado al absurdo de que se ha construido un Estado de las autonomías asimétrico, en el que unas comunidades tienen unas competencias y otras no. Lo cual pudo tener su explicación al inicio del proceso, pero no a estas alturas del desarrollo autonómico. En el caso que nos ocupa, es falso, por lo tanto, que el problema tenga su origen en que unas comunidades pagan más que otras a sus funcionarios, sino que el conflicto tiene su origen en que empleados públicos con idénticas funciones tienen patrones muy distintos: la administración central del Estado es el ‘jefe’ en unos casos, y la comunidad autónoma correspondiente lo es en otros.

Y parece evidente pensar que ambas administraciones son distintas, por lo que, en coherencia con este argumento, lo lógico es que su estrategia salarial no tenga que ser necesariamente la misma más allá de lo ‘razonable’. En ese caso, como ha dicho el Tribunal Constitucional, lo ‘razonable’ es que las diferencias no alteren la estrategia de política económica general que anualmente se diseña a través de la Ley de Presupuestos del Estado. Es decir, que existe margen para que las comunidades diseñen su propia política retributiva, pero siempre que no choquen contra el interés general plasmado en la ley de presupuestos.

No parece insensato este planteamiento, ya que dota de contenido las competencias autonómicas toda vez que, de lo contrario, se estaría ante un entramado jurídico-institucional de papel-cartón tras el cual se escondería la nadería más absoluta. Quiere decir esto que las comunidades autónomas deben poder diseñar su política de prioridades, pero sin que se vulnere el principio del interés general que delimita la propia Constitución. No se está hablando de salarios fijados por el mercado en función de unos resultados económicos, sino de retribuciones no sometidas a las leyes de la competencia, por lo que la discrecionalidad del pagador es aún mayor.

A lo luz de lo que ha sucedido en este país en los últimos 25 ó 30 años, no parece que haya ido mal este modelo descentralizado de gestión de los recursos, por lo que insistir en el ‘café para todos’ de manera recurrente cada vez que se visualizan diferencias regionales no parece lo acertado.

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