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El ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, ha firmado con las cúpulas de Función Pública de CCOO y UGT un acuerdo que permitirá desconvocar la huelga que desde hace dos meses mantienen los funcionarios de Justicia no transferida a las autonomías. Sin embargo, los responsables del ámbito de Justicia de CCOO y UGT discrepan de que el documento se haya firmado esta misma tarde, porque eran partidarios de que antes fuera aprobado en referéndum por los trabajadores afectados.

Los otros dos sindicatos convocantes de los paros, CSI-CSIF y STAJ, estarían de acuerdo con las líneas de este documento, pero también quieren que sea sometido a consulta de los trabajadores este lunes antes de rubricarlo.

Ante la puerta de la sede del Ministerio, en la madrileña calle de San Bernardo, medio centenar de trabajadores protestaron con gritos de "Traidores" y "Nos han vendido".

Aumento de 200 euros mensuales

Los sindicatos reclamaban al Ministerio un aumento de los salarios de los funcionarios de 200 euros mensuales con carácter retroactivo desde enero, así como medidas para la modernización de la Justicia y otras en materia de horarios.

Finalmente, y después de que Bermejo haya asumido personalmente las riendas de las negociaciones, se ha producido un acercamiento entre ambas partes. Bermejo y los representantes de los trabajadores mantuvieron ayer una maratoniana reunión de 14 horas, en la que ambas partes acercaron bastante sus posturas, y hoy han retomado las negociaciones a las 14.00 horas.

Anoche, Bermejo ofreció un incremento de 190 euros mensuales, que se distribuirían de forma progresiva en un pago de 80 euros correspondiente a enero de 2008, otros 80 euros que comenzarían a percibir en julio de 2008, y una paga de recuperación de las cantidades que los funcionarios dejan de percibir entre enero y julio de este año, de 480 euros.

Este monto de 160 euros se completaría con otros 30 euros a partir de julio de 2009, con lo que se alcanza la subida de 190 propuesta.

Quedó pendiente la negociación sobre los planes de recuperación del trabajo acumulado durante las 60 jornadas de paro que se ha producido en la administración de Justicia en las siete comunidades que no tienen transferida esta materia.

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