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La crisis financiera iniciada en agosto de 2007 ha provocado la inquietud y llevado la desconfianza a los diferentes sistemas financieros, incluido el nuestro. Ya se han producido algunos problemas significativos en el Reino Unido, Estados Unidos y Francia, aunque no se puede hablar de episodios dramáticos. En el caso de España, a los problemas de los mercados financieros se une el estallido de la burbuja inmobiliaria, que ha sido alimentada en gran medida por nuestras entidades de crédito: su apuesta generosa en pro del ladrillo las ha convertido en los grandes compradores de viviendas a través de las operaciones hipotecarias concedidas a particulares y promotores. Por ello, parece justificada la preocupación, aunque no el alarmismo que denotan algunas declaraciones poco prudentes. Tampoco se puede hablar de que esto sea el inicio de nuevas operaciones de fusión, sobre todo de cajas de ahorros, porque, en materia de fusiones, en mi opinión queda poco margen de maniobra en nuestro país.

La concentración de nuestro sistema crediticio fue iniciada por la banca a finales de los años 70 del siglo pasado, cuando se produjo en España la gran crisis bancaria a consecuencia de la mala gestión de más de 50 bancos que desaparecieron del sector. Las cajas de ahorros, por su parte, también vivieron su proceso de fusiones en la década de los 90, quedando un número de entidades bastante adecuado al carácter minorista y regional que define su propia naturaleza. No parece que existan razones para aumentar la concentración de las entidades de crédito, porque en el caso de la banca española ya existe un casi duopolio, Santander y BBVA, y en el sector de cajas de ahorros se podría llegar a una desnaturalización del mismo, aparte del régimen jurídico singular de éstas entidades.

Nadie duda de que la crisis actual, cuyas consecuencias son difíciles de prever, va a afectar a las entidades de crédito españolas e incluso cabe la posibilidad de que algunas de ellas se puedan encontrar en situación de especial dificultad. Pero en España existen medios y experiencia suficientes para dar una salida no traumática a los problemas que pudieran plantearse. Salvo casos excepcionales de negligencia grave en la gestión, que requerirán soluciones drásticas, cambio de administradores incluido, aquellos otros derivados de la parálisis de los mercados financieros y de la recesión inmobiliaria pueden tratarse con los mecanismos existentes en los Fondos de Garantía de Depósitos con el concurso y acuerdo del supervisor, el Banco de España.

La recesión inmobiliaria, cuyos datos van saliendo a la luz, nos hace pensar en un problema de morosidad y de caída de precios de los activos. Aparte de las viviendas, construidas o en construcción, son significativas las bolsas de solares -urbanizables y rústicos en expectativa de urbanizables- en poder de promotores y financiados en su mayoría por bancos y cajas, también por cooperativas de crédito. La consecuencia es que bastantes entidades se verán obligadas a adjudicarse tales activos, de modo que de ser compradores indirectos, nuestros bancos y cajas van a pasar a convertirse progresivamente en los más importantes propietarios de vivienda y suelo del país. Y será esa incorporación desusada de activos a los balances la que requerirá la templanza y moderación necesarias de los organismos supervisores y de garantía, para ayudar en la digestión de los mismos. Probablemente las políticas y plazos de las provisiones tendrán que ser objeto de una consideración y vigilancia especial, para evitar un estrangulamiento indeseado de las cuentas de resultados.

Con independencia de la flexibilidad posible en materia de provisiones, no se pueden descartar actuaciones en forma de ayudas directas o indirectas de los fondos de garantía que, en determinados casos, podrían adquirir activos dañados o poco rentables para suministrar liquidez a aquellas entidades que no puedan soportar su mantenimiento en balance. Algo que ya se practicó en anteriores crisis bancarias, con resultados bastante positivos. Lo cual no está reñido con ser exigentes en el cumplimiento de los planes de viabilidad que se adopten para evitar cualquier asomo de laxitud.

Solo en el caso en que las políticas esbozadas no sean suficientes para atenuar el impacto de la crisis, se podría pensar en forzar la fusión o absorción de entidades por parte de otras más saneadas. También existen antecedentes, pero no está claro que nuestros dos grandes bancos tengan interés especial en adquirir otros nuevos en España, un mercado que ya dominan ampliamente. Quizá les podría interesar alguna caja de ahorros, pero el régimen jurídico de las mismas y su anclaje en el redil político de las Comunidades Autónomas no lo hace previsible. Esto último también sería de aplicación en el caso de fusiones o absorciones entre cajas de diferentes CC. AA. El poder político regional lo impediría. Este es un factor que no se podrá ignorar a la hora de encarar los problemas.

Desconocemos el alcance de la crisis, pero sí podemos pensar con fundamento que la labor de supervisión, cada vez más regulada y exigente, nos garantiza cierta tranquilidad en cuanto a sorpresas desagradables y agudas. En congruencia con ello, la concertación del Banco de España y los Fondos de Garantía podrían ser suficientes para hacer frente a los problemas con el menor daño a nuestra economía y en beneficio de la confianza en el sistema crediticio.

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