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Por primera vez desde que los socialistas gobiernan tanto en Madrid como en Cataluña, el ejecutivo central y el autonómico han llegado casi a las manos en un enfrentamiento sin precedentes por el intento del tripartito catalán de realizar un trasvase desde el Segre (afluente del Ebro) hasta la cuenca del Llobregat. El objetivo es abastecer de agua a la conurbación barcelonesa, cuyos 5 millones de habitantes podrían padecer problemas de abastecimiento a partir del verano si continúa lo que se califica como la peor sequía del siglo (en abril se hizo una previsión de los peores escenarios posibles y sólo había un 5% de posibilidades de desembocar en la situación actual).

En las últimas horas, las declaraciones han ido subiendo de tono. El conseller de Interior de la Generalitat de Catalunya y presidente de ICV, Joan Saura, ha acusado al gobierno central de “enorme deslealtad”. Era su respuesta a las palabras de la vicepresidenta en funciones del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros había afirmado que “ni hay ni habrá trasvase del Ebro”. Ahora, en un intento de suavizar la situación, se quiere ver en las palabras de la vicepresidenta “la falta de una referencia concreta al Segre”.

Mientras tanto el reloj corre, no llueve en las cuencas que proveen de agua al área metropolitana de Barcelona y el proyecto del conseller de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, de empezar las obras el 15 de abril para que el Segre pueda aportar 45 hectómetros cúbicos (el consumo en la zona es de 24 h. mensuales) en octubre o noviembre, con un coste de 45 millones de euros, tiene hoy un porvenir incierto.

Y de difícil solución porque, más allá del problema de fondo –la falta de lluvia-, en esta polémica se están ventilando al menos otras cuestiones más: por ejemplo, los compromisos electorales anti-trasvases asumidos tanto por el PSOE como por los socialistas catalanes, o la prevalencia de intereses en las relaciones entre el Gobierno central y el catalán, ambos liderados por socialistas pero con objetivos que pueden ser contradictorios.

Nada más alcanzar el poder en 2004, Zapatero derogó el trasvase del Ebro a Levante e hizo una apuesta por las desaladoras. Incluso en los recientes debates preelectorales con Rajoy, uno de sus momentos estelares fue cuando retó al líder popular a que dijera si realizaría el citado trasvase o no. Difícilmente, podría pues a menos de un mes de su renovado triunfo electoral aprobar una iniciativa que, se diga como se diga y aunque se haga en el afluente Segre, no dejar de suponer retirar agua del controvertido río.

Los mismos compromisos fueron asumidos por los partidos del actual tripartito que gobierna la Generalitat, con un especial protagonismo de los militantes de la formación a la que pertenecen tanto Saura como Baltasar, lo que ha provocado que la propuesta del trasvase provoque no sólo graves tensiones con el gobierno de Zapatero sino también en el interior tanto del tripartito, como en el seno de los partidos que lo integran, especialmente socialistas catalanes e Iniciativa.

Francesc Baltasar, un hombre que a diferencia de su predecesor en el cargo, Salvador Milà, era alabado por su capacidad de gestión más que por su perfil ideológico, ha cometido además en esta cuestión una serie de abultados errores.

En primer lugar, no dijo la verdad días antes. Cuando fue preguntado si pensaba trasvasar agua del Segre al Llobregat lo negó tajantemente. Más tarde intentó arreglarlo diciendo que no podía avanzar nada hasta que no tuviera un proyecto más definido. Se ha liado increíblemente intentando hacer de un problema político uno semántico. Cuando se le acusó desde sus propias filas de querer hacer una versión en pequeño del trasvase el Ebro, aseguró que no era un trasvase sino una transferencia o una cesión… incluso pidió a algún periodista que le ayudara a buscar un nombre más exacto.

Como último recurso se apoyó en la provisionalidad –a la espera de que en la primavera del 2009 entre en funcionamiento la desaladora de El Prat- y entonces le costó explicar si tenía sentido una inversión de 45 millones de euros para algo que no iba a valer más que para unos meses. Ahora quiere explicar el próximo jueves un análisis comparativo de las diversas alternativas económicas: agua del Segre, agua traída en barcos desde Tarragona, Palma y Almería u otras.

Olvidó que, además, carece de competencias para ejecutar el trasvase. Es una competencia estatal, que depende de la ministra Narbona, que así se lo recordó amablemente en Barcelona, con lo que enfureció al Gobierno central, que se vio emplazado a hacer algo en contra de lo que predicaba.

Y, por último, en una huida hacia delante inesperada le marcó la agenda al presidente Montilla anunciando ante los medios de comunicación que le pediría que se reuniera con Artur Mas, líder de CiU, para que hubiera unidad ante una situación de “emergencia nacional”. Montilla le marcó territorio ordenándole que fuera él el que se reuniera con los responsables que designara la coalición nacionalista.

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