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El Estado democrático se materializa a menudo en lo que Marc Fumaroli llamó el Estado cultural. Los gobernantes, con la ayuda del mercado y la publicidad, han convertido a los ciudadanos en clientes, cuya compra-venta, colocación y distribución viene a ser objeto prioritario de toda organización cultural. Primero se encargan de crear la necesidad: el hombre por sí requiere consumo de cultura y arte; después, falsean los conceptos: el arte y la cultura no son privilegios de nadie ni ocupaciones de unos cuantos preparados, sino productos accesibles y necesarios para todos; por último, se arrogan el derecho de la justicia distributiva: pues que todo el mundo debe consumir cultura, se precisa una buena organización que fomente las creaciones, diseñe los espacios y estructure los eventos. Cuando el mecanismo está bien engrasado, funciona ya solo: el personal reclama con autoridad sus anhelos culturales, el Estado se los colma y los agentes de cultura se forran con dinero público o, al menos, sobreviven con suficiente acomodo.

El montaje lleva ya mucho tiempo de éxito en éxito, imparable e insaciable en sus actos. La falsificación de la cultura ha propiciado la organización del ocio, una bicoca como pocas para el gasto estatal y la ganancia privada. Ya que la parroquia responde a todas las expectativas, las expectativas se montan con urgencia y se ejecutan sin pausa: da lo mismo, en realidad, el contenido, pues que la participación (es decir, la transacción económica) queda asegurada de antemano. Talleres de manualidades, exposiciones de pintura o escultura, divulgación científica, aulas culturales, festivales de cine y de teatro, conciertos variados, bibliotecas rodantes, cuentacuentos, museos sin tregua, conferencias campanudas: en todo hay siempre un auténtico llenazo, colas magníficas, críticas estupendas, alegría. Con ello, en definitiva, el ocio ha pasado a exigencia ciudadana y gran preocupación gubernamental, que se desvela por llenar los huecos a fuerza de dispendios y despilfarros, sin que apenas nadie pida después las cuentas.

En España la taifa autonómica ha consolidado el invento. Los gobiernines regionales suelen poner en sus administraciones de cultura a los menos cultivados del partido, condición indispensable para que la cosa marche. Aconsejados por intelectuales del sitio, periodistas locales y otras eminencias, organizan los espectáculos del año, deciden los premios y las becas, miden los méritos y dispensan subvenciones para creación. La máquina cultural manufactura productos para todos y todos estamos tan contentos, pues en el fondo nos tienen por sus preciados clientes y se dignan, muy amables, a organizar nuestro tiempo libre. El resultado es lo de menos y la pasta no cuenta: ¿acaso alguien se pregunta quién paga todo esto? Qué ordinariez, por Dios.

La organización cultural, en fin, no se ocupa del talento, la capacidad o la inteligencia, condiciones individuales que nada importan a quien legisla. Se trata de asegurar la ocupación ciudadana, dar productos, hacer clientela y, si alguna vez coincide la pasta estatal con el trabajo bien hecho, pues mejor, pero no es en absoluto prioritario. De resultas, los gobernantes montan magníficas redes de beneficiados que, a cambio, suelen entusiasmarse con los líderes, ovacionarlos en sus apariciones o aprovechar el tirón popular para favorecer su elección. El artista y el intelectual han venido a quedar en mero coro de clientes, al modo de los antiguos romanos: a cambio de una paga anual que les asegure una vida regalada, fama y publicidad, ellos se comprometen a la adulación y exaltación del señor, a saludarle genuflexos cada mañana y a arremeter contra los adversarios políticos, pues su victoria les haría cesantes en beneficio de nuevas lumbreras.

Una imagen del pasado 9 de marzo, nada más hacerse oficial la victoria de Zapatero, resume mejor que mil palabras cuanto va dicho: al salir a saludar al balcón de su sede política, con el público enardecido, al lado del ganador se hallaban un Víctor Manuel y una Ana Belén no menos arrobados ante el líder. Sus figuras podrían ser una perfecta síntesis de ese Estado cultural siempre abierto a artistas dispuestos a aceptar una simbiosis económica y publicitaria con el gobierno de turno. En sus caras de alegría se reflejaba el contento de toda la clientela cultural, asegurada otros cuatro años. La culturilla del PP deberá aguardar algún tiempo para volver a tocar momio. El público, entre tanto, no deja pasar fin de semana sin empaparse de litros y litros de cultura bien administrada. Pero apenas hay una voz que pregunte, recia y firme: ¿y quién paga todo esto?

*Miguel Ángel Manjarrés es profesor de la Universidad de Valladolid.

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