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Cinco presidentes constitucionales ha tenido este país desde 1977. Ninguno de ellos, ni siquiera los más carismáticos (como Adolfo Suárez o Felipe González), ha gozado en el interior de su partido de tanto poder como el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero cuya capacidad de decisión dentro del Partido Socialista parece ilimitada. Al presidente del Gobierno en funciones nadie le tose en Ferraz, sobre todo después del 9-M. Y no digamos intramuros del palacio de la Moncloa, un territorio dibujado a su imagen y semejanza, como se está comprobando en la elaboración del nuevo Gobierno. Rodríguez sólo consulta con Zapatero y Zapatero con Rodríguez.

Adolfo Suárez, como es de sobra conocido, tuvo que lidiar en UCD con una amalgama de políticos a los que Pío Cabanillas retrató con una célebre frase: "Cuerpo a tierra, que vienen los nuestros". La expresión lo dice todo. El segundo en llegar, Leopoldo Calvo-Sotelo, ni controló el partido ni el Gobierno, y eso explica su fugaz paso por el palacio de la Moncloa. Felipe González tuvo, por el contrario, poder, mucho poder. Dentro y fuera del partido, pero en momentos históricos cualitativamente importantes (sobre todo tras el éxito de la huelga general del 14-D) tuvo que recular ante la fuerza del ‘guerrismo’. Muchos recordarán a González suplicando en aras de conseguir autonomía de gestión para el Gobierno frente al aparato de Ferraz, siempre ávido de controlar la acción del Ejecutivo.

José María Aznar también tuvo, igualmente, mucho poder dentro y fuera del partido, sobre todo en la segunda legislatura; pero su equipo de Gobierno lo preñó de los pesos pesados del PP que le ayudaron a hacer la travesía del desierto de la derecha. Dirigentes como Álvarez-Cascos o Rodrigo Rato tenían un peso específico dentro del PP y en determinadas ocasiones lo hicieron valer, aunque muchas veces sin resultado alguno, como le sucedió a Rato con la participación de España en la guerra de Iraq.

Carné de partido o salvoconducto

El caso de Zapatero es distinto. En su primer Gobierno prescindió de veteranos dirigentes socialistas, hasta el punto de que los asuntos de mayor calado los dejó en manos de políticos sin carné del PSOE, como María Teresa Fernández de la Vega o Pedro Solbes. En su segundo Gobierno va camino de hacer lo mismo, lo cual ha levantado algunos recelos. Ciertos dirigentes se quejan de que el carné del partido ya no es salvoconducto de nada.

Más allá de las intrigas políticas y de las relaciones de poder que toda organización humana genera, y en esto los partidos políticos y la gran empresa no tienen rival, lo cierto mes que nos encontramos ante un escenario inédito en la política española. Un presidente que gobierna dentro y fuera del partido sin oposición interna. ¿Estamos ante un presidencialismo de nuevo tipo?, cabe preguntarse.

Es evidente que sí. La Constitución española diseñó un modelo de Estado que dotaba de escasos poderes al presidente del Ejecutivo. De hecho, la Carta Magna establece que es el Gobierno -y no su presidente- quien dirige la política exterior e interior. El jefe del Ejecutivo, por lo tanto, tiene como principal misión coordinar y dirigir la acción del Gobierno (pero no sustituirla). Es más, se aclara que esa función coordinadora debe hacerse “sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa“ de los ministros en su gestión, lo que quiere decir que los titulares de algún departamento ministerial no son meros funcionarios al servicio del presidente del Gobierno. Tienen, por lo tanto, su papel. La Constitución va más allá e incluso dota de enormes facultades a la figura del jefe del Estado, más allá de lo que el sentido común hubiera aconsejado (son los platos rotos que hay que pagar por el modelo de Transición acordado). El Rey sanciona y promulga las leyes, convoca y disuelve las Cortes y hasta ejerce de mando supremo de las Fuerzas Armadas. Como se ve, un amplio catálogo que en cualquier Estado democrático hubiera descansado en los responsables políticos salidos de las urnas. En este caso, el presidente del Gobierno.

Quiere decir esto que España no se dotó en 1978 de un sistema presidencialista, sino colegiado. Y en el que el jefe del Ejecutivo está supeditado a las mayorías parlamentarias y a la correlación de fuerzas que pudiera existir en el interior de la formación a la que representa como cabeza visible. Formalmente, esto es así. Nadie puede gobernar si no tiene asegurada una mayoría parlamentaria. Pero en la práctica, el hecho de que el jefe del Ejecutivo controle totalmente el partido tiene un efecto perverso desde el punto de vista democrático, máxime si se tiene en cuenta que los diputados son elegidos en listas cerradas, por lo que su opción de presentarse como candidatos depende exclusivamente de su jefe político. Se entra así en un circulo vicioso que contamina el sistema democrático. Los diputados, si quieren repetir, tienen que ser sumisos con el jefe de Gobierno, que es a la postre el jefe de su partido, lo que les inhabilite para obrar libremente y en coherencia con sus planteamientos políticos.

Se trata de un asunto importante que conculca claramente la Constitución Española, que prohíbe taxativamente el llamado mandato imperativo, que se produce cuando el diputado o senador en cuestión vota en representación de alguien y no defendiendo los intereses generales de la Nación, que unas veces pueden coincidir (según su mejor entender) con lo que dicta su jefe político y en otras ocasiones no. El célebre ‘el que se mueva no sale en la foto’ es una realidad que está ahí. Y viene a poner de manifiesto hasta que punto los partidos deben funcionar de forma democrática, y no sobre la base de intereses de parte.

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