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El empresario Pedro Trapote, dueño de la conocida discoteca Pachá, ya puede darse con un canto en los dientes: su ‘amigo’ Juan Bravo, concejal de Hacienda del Ayuntamiento, ha conseguido algo que nadie se esperaba, obviamente con el visto bueno del alcalde de la Capital, Alberto Ruiz-Gallardón. A partir de hoy, tras el visto bueno de la Comisión de Gobierno, los concejales de distrito perderán casi la última competencia que les quedaba, la de la concesión de licencias. Gracias a esta decisión, Pachá ya puede soñar con su traslado.

Los responsables municipales han disfrazado esta decisión como una medida obligada tras el escándalo de la concesión de licencias, el también llamado ‘caso Guateque’. Lo cierto, sin embargo, es que ningún concejal de distrito se encuentra ni siquiera imputado en este proceso judicial que afecta, eso sí, a altos funcionarios municipales. ¿Por qué, entonces, se les priva de la competencia de concesión de licencias?

El proyecto, que responde al nombre de ‘medidas para la mejora de la tramitación de obras’, elaborado por Juan Bravo, prevé que todas las licencias relativas a vivienda pasen a depender de la Concejalía de Urbanismo que dirige Pilar Martínez, mientras que las de salas de fiesta y discotecas lo harán de la Concejalía de Economía que se encuentra en manos de Miguel Ángel Villanueva. A los concejales de distrito solo les quedan las reformas y las viviendas unifamiliares, prácticamente inexistentes en la capital.

La realidad es que, aunque el objetivo principal sea evitar una nueva Operación Guateque, la medida va a permitir desatascar un problema que viene trayendo de cabeza al equipo municipal desde hace varios meses: el traslado de la discoteca Pachá. Actualmente situada en la callé Barceló, la intención de Trapote, para la que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, es trasladarse a la calle Núñez de Balboa, y a su vez conceder una licencia a Zara para instalarse donde está actualmente la sala. Este periódico ha intentado ponerse en contacto hoy con responsables municipales para recabar su opinión sin obtener ninguna respuesta.

Para ambos asuntos hace falta licencia de recalificación, y hasta ahora su concesión dependía de los concejales de distrito. El del Barrio de Salamanca, Íñigo Henríquez, se opone radicalmente al traslado de la discoteca a la calle Núñez de Balboa, recogiendo el sentir mayoritario de los vecinos de la zona. Sin embargo, a partir de ahora, no le tocará a él decidir sobre las licencias, sino a Miguel Ángel Villanueva, cuyas buenas relaciones con los empresarios del sector son de sobra conocidas.

De hecho, le va a tocar también decidir sobre otra licencia polémica, la de la reapertura de la discoteca Alcalá 20, famosa en su día por un incendio en el que fallecieron decenas de personas. La decisión del Ayuntamiento ha generado mucho malestar entre los ediles de distrito, a pesar de que Juan Bravo les informó previamente de las intenciones del equipo de gobierno municipal para evitar que se enteraran por la prensa. Pero es que desde que gobierna Gallardón en la ciudad, ellos están cruzados de brazos.

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