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La constructora de vivienda protegida Prasi ha aceptado un concurso necesario al que le han instado varios acreedores en el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid, después de reconocer que acumula una deuda por valor de 40 millones de euros.

Según fuentes jurídicas, la empresa, que opera principalmente en Madrid y en Castilla y León, se vio abocada a la suspensión de pagos después de que la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (EMV) le retirase un proyecto de construcción en Vallecas y de que la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (ENGIASA) hiciera lo propio con otras obras.

La empresa paralizó las obras en Vallecas y Alcorcón por falta de liquidez para pagar a los proveedores, que se negaron a seguir facilitando material, lo que llevó a la EMV y ENGIASA a retirar las licencias en favor de otras empresas. A finales de febrero, los proveedores Hormigones del Henares y Álvaro e Hijos presentaron en el juzgado una solicitud de concurso necesario con la reclamación de unas deudas de 935.000 euros, a lo que hay que sumar los 453.000 euros que exigió otro acreedor en otra demanda por insolvencia.

La empresa se ha allanado a la primera petición, con lo que el titular del Juzgado Mercantil número 4 declarará previsiblemente el concurso necesario en los próximos días.

Prasi, que obtenía más de la mitad de su negocio de la construcción de Vivienda de Protección Oficial (VPO), facturó 31 millones de euros en 2006, el último ejercicio del que hay constancia de cuentas en el Registro Mercantil.

Contactada por EFE, la constructora controlada por Lorenzo Barragan no ha querido hacer comentarios sobre la situación que vive la compañía

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