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Cataluña y el País Vasco protagonizaron los primeros cuatro años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La reforma del Estatuto catalán y el diálogo con ETA eclipsaron buena parte del trabajo del Ejecutivo, y exigieron al presidente su implicación directa y personal. Cataluña y el País Vasco le han otorgado también al PSOE buena parte de la victoria del 9 de marzo, y ya han comenzado a marcar el inicio de la nueva Legislatura. Pero, de momento, la significativa victoria del PSE-EE sobre el PNV (9 escaños a 6), la presentación del “nuevo contrato social” del PNV que preside Iñigo Urkullu, así como el cansancio sobre las cuestiones políticas catalanas en el resto de España, han hecho que sea el País Vasco el que se sitúe en el centro del panorama político español.

La clase política y la prensa catalana ya han comenzado a alertar del peligro de que los vascos les releguen a un lugar secundario en las negociaciones con La Moncloa para asuntos como la financiación, las transferencias de competencias o la formación de mayorías en el Congreso de los Diputados. El PNV parece haberse movido con más rapidez que CiU para posibilitar un pacto de estabilidad con el PSOE, mientras ya se especula sobre la posibilidad de que el nacionalismo vasco arranque a Zapatero un nuevo estatuto o “contrato” entre el País Vasco y España.

Lo cierto es que Zapatero regresa de Doñana con la tarea de conseguir el respaldo suficiente para su investidura. Una operación para la que, una vez más, necesitará a los nacionalistas. Una vez que IU-ICV y ERC han sido amortizados por los socialistas, y casi han desaparecido del Congreso, el PSOE apunta a un pacto a largo plazo con PNV, CiU y el BNG. Un acuerdo estable para afrontar sin taquicardias parlamentarias la crisis económica y trasladar una imagen de solvencia a los ciudadanos.

No obstante, el pacto con el PNV debe superar diversos obstáculos. Patxi López, secretario general del PSE-EE, que ha aumentado su caché en Madrid y que se llevó la mayor felicitación del Comité Federal socialista pare envidia del PSC, aseguró que siempre ha sido “partidario de la implicación de los nacionalistas, ya sean vascos, catalanes o gallegos en la gobernabilidad de España”. Una forma de devolver a los márgenes constitucionales al PNV, que depende de la forma que vaya tomando el proyecto Euskadi 2020 de Uukullu como sustituto del Plan Ibarretxe bis.

López ha reiterado que un pacto de gobernabilidad con el PNV debe ser sobre una hoja de ruta compartida, nunca sobre los planes del lehendakari del Gobierno vasco. En este sentido, el portavoz del PSE-EE, Rodolfo Ares, tildó de “equilibrismo político” que Urkullu presentara el anunciado referéndum del 25 de octubre como una idea de Ibarretxe y no del PNV. Urkullu había utilizado este argumento para rechazar que dicho referéndum pueda impedir un acuerdo entre PSOE y PNV, pero el PSE-EE mantiene que mientras Ibarretxe mantenga su hoja de ruta “no hay posibilidad de llegar a acuerdos”.

Esta postura de los socialistas vascos puede tener una clave electoral puramente autonómica, ya que tras superar en votos y escaños al PNV, el PSE-EE ha ganado la autoestima suficiente como para pensar en disputar a los nacionalistas el Gobierno de Vitoria, sobre todo si Ibarretxe fracasa en su intento de referéndum y adelanta las elecciones a octubre. Así lo reflejan las declaraciones de Ares del pasado martes: “Los socialistas vascos tenemos la firme voluntad y el compromiso de seguir trabajando para reforzar la alternancia en Euskadi”.

Nuevos “contratos” autonómicos

Por la parte nacionalista, en su lectura de los resultados electorales, Urkullu reconoció que eran “malos”, y apuntó a la escisión de EA en la década de los años 80 como causa de la creciente debilidad del nacionalismo vasco. “No diré tanto como que es el momento de la reunificación con EA, pero invito al análisis”, señaló Urkullu. Pero un acercamiento a EA podría dar al traste con sus intentos de moderación, ya que el presidente de EA, Unai Ziarreta, ya advirtió que PSOE y PP han “agotado el marco estatutario”, por lo EA no aceptará “una reforma a la catalana” del estatuto vasco. Ziarreta indicó también que el PSOE va intentar “atraer” al PNV hacia sus posiciones, e insistió en que un acuerdo debe pasar por la “formulación clara e inequívoca del ejercicio del derecho a decidir”.

Así las cosas, con las posiciones nacionalistas dividas, Urkullu trata de presentar su nuevo “contrato social” como el instrumento que “desbloquee el conflicto” y le devuelva la confianza de sus electores. Además, esta legislatura puede ser interpretada por el PNV como la oportunidad de pactar con un presidente que se ha mostrado abierto a cambiar el modelo territorial y a dialogar con ETA. Una de sus últimas oportunidades antes de que el Partido Popular regrese a La Moncloa y enfríe de nuevo el ímpetu por el desarrollo autonómico.

Mientras, los partidos catalanes comienzan a sentir la ansiedad ante un posible retraso de sus demandas. El presidente catalán, José Montilla, está obligado a mantener vivo el tripartito, así como la luna de miel con los electores catalanes, por lo que deberá exigir un trato preferente a La Moncloa. Es decir, que Zapatero tendrá que cuidar la financiación de Cataluña, pese al escenario de desaceleración económica, y agilizar el desarrollo de las competencias adquiridas con el nuevo Estatuto, que los catalanistas consideran prácticamente estancadas. En agosto se acaba el plazo establecido por la reforma catalana para acordar una nueva financiación.

Y todo ello mientras el PSOE hila acuerdos en Madrid con CiU. En este sentido, Montilla aseguró a Zapatero que el PSC no condicionaría su política de pactos, pero los convergentes, en boca de Felipe Puig, ya advirtieron que reclamarían otra actitud de Zapatero hacia Cataluña para acceder a un pacto estable. Puig también habló de un “contrato con Cataluña”, que incluyera el traspaso de los trenes de Cercanías, del aeropuerto de El Prat –asuntos ambos que quedaron fuera del Estatuto-, así como pactar el nuevo modelo de financiación y más inversiones.

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