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La célebre reaganomics de los años 80 -ejecutada en Europa occidental por Margaret Thatcher- hundía sus raíces en dos pilares básicos. Por un lado, planteaba la necesidad de bajar impuestos en aras de devolver a los contribuyentes lo que el Estado -siempre ‘manirroto’- les requisaba vía nóminas. El argumento era bien simple: el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los contribuyentes, y ellos saben mejor que nadie dónde deben gastarlo sin que papá-Estado se lo administre a través de unos tipos impositivos tan altos que desalientan la actividad privada. De ahí la rebaja de los tipos marginales en el impuesto sobre la renta bajo el influjo de la famosa curva de Laffer, que viene a decir que reduciendo impuestos se recauda más.

El segundo pilar de la reaganomics tenía que ver con otro principio no menos categórico. El mejor Gobierno es el que no existe, lo que dicho de una forma menos ruda -que diría Manuel Marín- venía a significar que la acción del Ejecutivo debía limitarse a intervenir en determinadas áreas estratégicas para la sociedad: seguridad pública, política exterior o servicios sociales básicos. El Estado, por lo tanto, dejaba de ser un agente económico de primer orden y se convertía en un mero regulador de la actividad económica sin interferir en el libre juego de la oferta y la demanda.

Aquellas propuestas de Ronald Reagan y de su equipo de asesores fueron consideradas en su día una auténtica revolución liberal, y en coherencia con la potencia de los argumentos Estados Unidos abrazó la cultura del laisser faire como el nuevo paradigma económico. Los nuevos santones pasaron a ser Von Hayek o Milton Friedman, considerados los herederos de Adam Smith, a quien por cierto sus seguidores han aplicado la versión hard del libre mercado: la venta al mejor postor de la casa en la que vivió los últimos doce años de su vida, como si se tratara de una mercancía de usar y tirar.

La revolución tecnológica

Fruto de aquella desregulación de los mercados, la economía estadounidense vivió en los años 90 -paradójicamente de la mano de un presidente demócrata- un periodo de esplendor económico basado en la existencia de altos niveles de productividad al calor de una revolución tecnológica que convirtió a la patria de Abraham Lincoln en el paraíso de la innovación industrial y financiera. Pocos observadores se dieron cuenta, por entonces, que aquellos cambios, sin duda intensos, estaban generando sus propios monstruos que con el tiempo emergerían, como el célebre personaje que habita en el lago Ness.

Esos monstruos -en forma de todo tipo de instrumentos financieros, muchos de ellos extremadamente sofisticados- son los que ahora han estallado de la manera más cruel, poniendo contra las cuerdas a la principal economía del planeta -más del 20% del PIB mundial-.

Ya no cabe ninguna duda de que lo que se planteaba como un fenómeno pasajero -fruto de los excesos de endeudamiento de los hogares, principalmente por la compra de casas- ha derivado en una crisis que amenaza con ser sistémica. La temida metástasis en el sistema financiero mundial puede que ya esté aquí, y hasta Alan Greenspan habla de que estamos ante la mayor crisis desde la segunda Guerra Mundial.

Lo primero que hay que decir es que esta crisis tiene mucho que ver con la excesiva desregulación del sistema financiero estadounidense llevada a cabo en los últimos 25 años al calor de la revolución reaganiana, y que tuvo un primer episodio (del que hoy casi nadie se acuerda) con la quiebra de decenas de cajas de ahorros. No estaría de más recordar que entre 1986 y 1992 un total de 1.030 entidades de ahorro (Savings & Loans) fueron a la bancarrota, mientras que otras 1.140 entidades bancarias acabaron también en quiebra. La ‘broma’ costó al erario público nada menos que 150.000 millones de dólares (de los de antes). No estamos, por lo tanto, ante un fenómeno nuevo en EEUU, cuya capacidad de adaptación al medio es prodigiosa. Fruto de aquélla crisis financiera, la Administración Bush (padre) endureció en 1989 la supervisión prudencial de las entidades financieras, que había caído en el olvido. Y ello pese a que EEUU -tras el crack de 1929- fue el primer país que puso en marcha un Fondo de Garantía de Depósitos.

Aquel ímpetu regulador del primer Bush en la Casa Blanca duró poco. Diez años después, con la aprobación de la Ley de Modernización de los Servicios Financieros, y con Greenspan en la cresta de la ola, se rompía una tradición ‘proteccionista’ (para los depositantes y los accionistas) inspirada por la Gran Depresión. La Ley Glass-Seagall (de 1933) impuso la radical separación entre las actividades de banca comercial y las operaciones de banca de inversión. Los bancos, incluso, fueron privados de ofrecer una amplia gama de productos de seguro a sus clientes, toda vez que la supervisión la ejercían los propios Estados, y no una agencia específica.

Llueve sobre mojado

Ese modelo de banca fue el que se quebró en 1999 con la aprobación de

la Ley Gramm-Leach-Blieley, que permitió a las compañías tenedoras de acciones bancarias convertirse en sociedades holding que a su vez podrían emprender cualquier tipo de actividad financiera. Y de aquellos polvos, vienen estos lodos.

Lo dice el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe sobre estabilidad financiera (de septiembre del año pasado), en el que se hace un análisis certero de lo que ocurre. “La facilidad con que algunos bancos y vehículos de inversión (como los hedge funds) -dice el FMI- obtuvieron crédito garantizado con activos ilíquidos y difíciles de valorar se transformó en un lastre pesadísimo cuando el mercado perdió liquidez, puso en marcha un proceso de desapalancamiento forzado a precios irrisorios y empujó algunos fondos a la quiebra”. No es fácil ser tan certero en la descripción del fenómeno.

La banca rompió el viejo principio de prestar a corto y endeudarse a largo; desafiando, además, las leyes del riesgo, como si la posibilidad de un ‘default’ fueran nulas. Y todo ello en un contexto de desregulación financiera desconocida hasta la fecha. Sin que la Reserva Federal (con sus agresivas bajadas de los tipos de interés), la Administración Bush y las distintas agencias de supervisión hayan hecho bien su trabajo. ¿Y qué decir de las agencias de calificación de riesgo? Por menos desapareció Arthur Andersen tras el estallido de Enron y WorldCom.

Parece evidente que la desregulación es positiva en la medida en que los productos financieros están supervisados por agencias independientes. Pero no hace falta ser un lince para darse cuenta de que el sistema empieza a fallar cuando los productos estructurados (activos de renta fija ligados a derivados) no están asegurados por un activo subyacente (un valor real), sino por la calificación crediticia que tiene el emisor.

Como dice el FMI, “el proceso de ajuste llevará tiempo”, como la propia reforma del FMI, convertido en una especie de servicio de estudios universal en lugar de un instrumento útil para detectar los ‘agujeros negros’ que periódicamente genera el sistema. Algo que, por cierto, va en su naturaleza.

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